La Municipalidad de Asunción emitió un comunicado y anunció que cuatro locales gastronómicos serán sancionados por no cumplir los protocolos sanitarios establecidos para operar al aire libre en las calles. Los identificados ya no podrán trabajar bajo la nueva modalidad implementada.
“Informamos que lamentablemente hemos identificado a cuatro locales que ya no tendrán permitido el cierre de calles los días sábados y domingos. Además, serán posteriormente sancionados”, reza parte del comunicado emitido por la comuna durante la madrugada de este sábado.
Los locales identificados y que serán multados son Woko, situado sobre Mariscal Estigarribia esquina Independencia Nacional y Yegros, y Arsenal, ubicado en la misma dirección. También Long Bar y Long Beach, ubicado sobre la calle Senador Long y España.
Desde la comuna capitalina lamentaron el incumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para operar al aire libre en las calles y la oportunidad desperdiciada para tratar de mejorar sus ingresos, atendiendo la crisis atravesada en el país a causa de la pandemia del COVID-19.
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“Es realmente una pena que se les brinde una oportunidad y no cumplan con el protocolo sanitario. Seguimos en una etapa difícil de la pandemia, desde la municipalidad queremos que esta iniciativa siga, pero es importante que todos colaboren”, agrega el pronunciamiento.
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, se pronunció también en sus redes sociales sobre lo sucedido durante la noche del viernes en los locales nocturnos y lamentó que por la culpa de unos, todos tengan que sufrir y pidió no decir que “no se les da oportunidad” a los gastronómicos.
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Hasta el 31 de mayo no aplicarán multas por revalidación de registros
Desde la Municipalidad de Asunción comunicaron que hasta el 31 de mayo no aplicarán multas por revalidación o renovación de licencias de conducir. Los contribuyentes tienen tiempo de acercarse a las oficinas de la comuna asuncena para ponerse al día con sus documentos.
Diego Galeano, coordinador de la Dirección de Tránsito, explicó que la revalidación anual tiene un costo de G. 23.900 y la renovación de licencias G. 232.500. Este costo ya incluye el pago por el curso de primeros auxilios, examen psicotécnico de vista y oído y el plastificado y estampillado del carnet.
“Instamos a la ciudadanía que pueda venir en la semana antes del vencimiento para que se les pueda atender con mayor facilitad. Para que el día del vencimiento no haya una gran cantidad de gente”, señaló a C9N.
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El funcionario municipal dijo que las oficinas funcionan de lunes a viernes de 7:00 a 16:00. Los días sábados se atiende de 7:30 a 11:30 en la sede central para la renovación y revalidación de registros.
“También tenemos los centros de cobranzas para la gente que pueda revalidar, lo que anteriormente sería perforar. También tienen que tener en cuenta que los mayores de 65 años anualmente deberían hacerse su examen psicotécnico de vista y oído”, indicó.
En cuanto a la habilitación vehicular, Galeano aclaró que la fecha de vencimiento es el 30 de julio. “No hay todavía modificaciones con respecto a los montos como Municipalidad de Asunción”, puntualizó.
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Comuna asuncena está abierta a controles para aclarar hechos, señala director jurídico
El jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa, remarcó en el programa “Fuego cruzado”, que se emite los domingos por canal GEN/Nación Media, remarcó que la comuna tiene las puertas abiertas a todos los órganos de control para esclarecer las irregularidades que son señaladas por la Contraloría General de la República (CGR).
“Todos los documentos que hacen al motivo principal, que tiene relación a los bonos, fueron remitidos a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, con más de 100 biblioratos. Lo solicitado por la Contraloría General de la República se le facilitó absolutamente toda la documentación, estrictamente a lo que solicitado”, precisó.
Mencionó que básicamente son dos los puntos del dictamen por el cual la CGR solicita la intervención de la Municipalidad de Asunción, señalan que hubo una falta del deber de colaboración; y que la aplicación de la cuenta única no puede ser utilizada dentro de las municipalidades.
Postura sobre legitimación
No obstante, Armoa explicó que desde la comuna consideran que no debe prosperar la intervención solicitada por la Contraloría General de la República (CGR) para los municipios de la Capital y Ciudad del Este por carecer de legitimación para activar el mecanismo de control ante irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El abogado se refirió al artículo 165 de la Constitución Nacional establece que será el Poder Ejecutivo, quien debe remitir el pedido de intervención a la Cámara de Diputados, que deberá otorgar su acuerdo para la intervención, previo dictamen de la CGR.
Armoa dijo que el citado artículo igualmente está en consonancia con el artículo 111 de la Ley 3966, la Carta Orgánica Municipal, que establece que el único órgano competente para solicitar la intervención es la Junta Municipal.
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De Junta Municipal al Ejecutivo
“El dictamen de la Contraloría es un documento técnico, que debe ser puesto a consideración, en este caso de la Cámara de Diputados para que ellos, de manera objetiva, puedan tomar la decisión oportuna que corresponda. Este dictamen debe munirse de toda la información suficiente que requiere para la toma de decisiones como primera medida. Como segunda medida está el mecanismo de la intervención”, explicó.
Por tanto, señaló que la postura institucional que mantiene el municipio de Asunción es que la Contraloría General de la República no posee la justificación suficiente para activar esos mecanismos, porque es atribución de la Junta Municipal presentar el pedido de intervención.
“Consideramos que esto está atentando contra el estado social del derecho, porque aquí fue puenteada la Junta Municipal de Asunción. Porque, a nuestra consideración, la Contraloría General dentro de sus facultades constitucionales puede solicitar la auditoría, emitir los informes que requiera y eventualmente remitir a los órganos de control, que en este caso podría ser el Ministerio Público y otras cuestiones para la investigación pertinente. Pero no se hizo la solicitud a la Junta”, explicó.
Por tanto, señaló que el mecanismo correcto debería ser a solicitud de la Junta Municipal al Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, para la remisión del pedido al Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados.
Cuestionamiento de fondo
Respecto a la cuenta única, el abogado Armao indicó que es otra cuestión de fondo de la CGR, que hace relación a la normativa conocida como Ley Borda y que se trata de la Modernización de la Administración Financiera del Estado, donde se crea dicha cuenta y los títulos de deuda del Tesoro Público.
“Esta ley es una herramienta de la Ley 1535 de la Administración Financiera del Estado, que, a su vez, la Carta Orgánica Municipal autoriza a la Municipalidad de Asunción a utilizar de manera supletoria todas las disposiciones contenidas en esta legislación. Entonces, la cuenta única al ser autorizada por la carta orgánica y al ser una herramienta de la Administración Financiera del Estado, estamos autorizados como municipalidad de Asunción a poder utilizar como cuenta única”, explicó.
Finalmente, señaló que ya la CGR, en un dictamen del 2020. recomendó la reglamentación de la cuenta única en base al funcionamiento institucional; pero ahora, en el dictamen 2024, cuestiona su aplicación porque dicen que no corresponde y se debe remitir al Ministerio Público a los efectos de las investigaciones pertinentes.
“Al aplicarse la cuenta única se está respetando lo que establece la Ley de Administración Financiera y al mismo tiempo la carta orgánica autoriza su uso. Entonces, no está prohibido el uso de la cuenta única, es más se tiene que reponer como la misma ley exige, cuando se utiliza el dinero. Lo cual, entiendo que sí se está cumpliendo con esos parámetros. Existe una importante cantidad de obras culminadas y otras en proceso”, mencionó.
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Ejecutivo presentará un proyecto de ley “más amplio e integral” sobre el criadazgo
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Congreso, que buscará abordar de una manera más amplia e integral el flagelo del criadazgo que penosamente es una situación que se tiene en el país desde hace muchos años.
En conferencia de prensa en Mburuvichá Roga, luego de conversar con el vicepresidente y presidente en Ejercicio, Pedro Alliana, Gutiérrez explicó que la propuesta apunta a una legislación que permita una comprensión total de esta problemática.
“La posición del Poder Ejecutivo es que se pueda sancionar a las personas que cometen este tipo de situaciones y que tienen como víctimas a niños y niñas en situación de criadazgo. Una penosa situación que se vive en nuestro país desde hace muchos años, pero desde el Ejecutivo entendemos que debemos luchar frontalmente”, expresó el ministro.
En sesión extraordinaria, esta semana, el Senado analizó como único punto del orden del día el proyecto de ley “Que garantiza la protección ante el criadazgo de niños, niñas y adolescentes”. Tras un amplio debate, el pleno resolvió rechazar la propuesta legislativa y la devolvió nuevamente a la Cámara de Diputados.
Durante este debate se pudo visualizar varias situaciones que generan preocupación, por lo que se vio la necesidad de impulsar una lucha frontal que contemple aspectos como la prevención y sanciones penales a los responsables.
“Entendemos que hubo alguna confusión, faltó aclarar algunos conceptos (…), al criadazgo no lo podemos considerar como algo bueno, es algo nefasto para nuestros niños y niñas, no debemos confundir algunas situaciones con el criadazgo, esto se da cuando un niño es separado de su familia y es llevado a otra familia, en esa se encuentra bajo condiciones de explotación laboral infantil a través del trabajo doméstico donde se le priva del acceso pleno de sus derechos como educación, salud, protección”, explicó.
No es cultura paraguaya
A criterio de Gutiérrez, el criadazgo no puede estar relacionado con la cultura paraguaya, bajo ningún punto de vista, por lo que debe ser desnaturalizado de la sociedad. Necesitamos de una pena o una sanción, remarcó.
Anunció que desde el Ejecutivo trabajarán con los diferentes actores parlamentarios, convencidos de que nadie quiere “algo malo para los chicos”, en contrapartida según dijo, están en la misma sintonía de proteger a los niños y niñas y salvaguardar sus derechos.
“En tema de los menores siempre hago la comparación con el abigeato, el hurto de una cabeza de ganado puede llevarte a la cárcel hasta 10 años y esclavizar a un niño o niña, no? Entonces debemos definir muy bien qué es lo que queremos como Estado, nosotros tenemos una claridad absoluta desde el Poder Ejecutivo y vamos a estar trabajando y dialogando con los diferentes actores”, acotó.
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No existen causales para la intervención municipal en Asunción, dice asesor jurídico
Benito Torres, director jurídico de la Municipalidad de Asunción, señaló que el pedido de intervención de la Contraloría General de la República a la gestión municipal de Asunción, no tendría causales que la sustentan, según su criterio. Consideró que existiría un problema de interpretación.
Durante una charla con el programa “Dos en la Ciudad”, que se emite por GEN y Universo 970Am/Nación Media, explicó que al leer el informe, lo que cuestionan es el uso de la herramienta financiera de la cuenta única, sobre la cual basa su denuncia de supuesta mala utilización del Presupuesto. No obstante, en ningún momento señalan algún tipo de faltante.
“No estamos de acuerdo con la posición asumida por la Contraloría, consideramos que sí están habilitados para utilizar la herramienta financiera y en su momento ya habían iniciado una demanda contencioso-administrativo contra el informe de la CGR, a fin de debatir el punto”, explicó.
Señaló que, al existir un desacuerdo, se busca la opinión de una tercera instancia para encontrar una solución. Indicó que esta instancia y órgano competente es el Tribunal de Cuentas.
Señaló que existe un problema de interpretación, porque en el artículo 178 de la carta orgánica municipal que establece el régimen jurídico de la administración financiera se regirá por la disposición de la Ley 1535/99 de la Administración Financiera del Estado.
“No dice quizás o tal vez se regirá por esta ley. Entonces, esta ley integra también nuestro ordenamiento jurídico, sin perjuicio de nuestra autonomía municipal que establece de manera clara y categórica en sus artículos 166 que existe autonomía política, administrativa y normativa. Lo que significa que nosotros podemos decidir cuál es el régimen financiero que tenemos que adoptar”, explicó.
Asimismo, indicó que una vez aprobado o rechazado la rendición de cuentas que presenta la intendencia; a la Junta Municipal es ahí que la CGR debe hacer la revisión de esos informes. Indicó que en el caso de la municipalidad de Asunción, la Junta Municipal ha aprobado las rendiciones de cuentas y ejecuciones presupuestarias de los años 2021-2022-2023-2024.
Indicó que acuerdo al apartado de la norma 207 dice que la intendencia remitirá a la Contraloría la resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas y ejecución presupuestaria acompañada de las documentaciones correspondientes para su examen.
“Ese examen nunca hizo la Contraloría. Entonces, con base en un informe parcial ellos están solicitando la intervención. Pero este acto de aprobación es un acto administrativo que otorga certeza y estabilidad al acto administrativo. Hasta tanto, no se revea esta situación este acto administrativo tiene la presunción de legalidad” acotó.