El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió al pago de deudas del Gobierno nacional con proveedores del Estado, en este caso el sector de obras. El mandatario indicó que hasta abril de este año ya se está avanzando en alrededor del 50 %, en el marco del plan de pago establecido por el Gobierno.

“Nosotros establecimos un plan de pago, se está cumpliendo ya prácticamente el 50 % de la deuda que ya se saldó en el mes de abril y nosotros queremos llegar a fin de año de esa manera, pero estamos ya con un plan de pago que ya estamos cumpliendo”, fueron las expresiones del presidente durante su recorrido por las obras de la avenida Avelino Martínez este sábado.

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El Gobierno estableció el plan de pago de estas deudas, y en este sentido el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desembolsó unos USD 85 millones durante el mes de abril para cubrir deudas por trabajos ejecutados en 2025, de acuerdo a la información oficial de la institución.

Mientras que la hoja de ruta para mayo prevé transferencias adicionales por USD 65 millones. Con este movimiento, el gobierno busca cancelar un total de USD 150 millones este mes, lo que representa el 85 % de la deuda total de USD 220 millones que mantiene la cartera.

Esta cifra superó significativamente los USD 60 millones que se habían proyectado originalmente para dicho periodo. El remanente de la deuda será financiado a través de mecanismos de factoring con entidades bancarias.

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Por: Víctor Pavón

Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

Aparecen cada vez más y se van uniendo voces de diferentes sectores para subir los impuestos. Consideran sus promotores que subir los tributos permitirá al país contar con más recursos porque ahora con lo recaudado es insuficiente. Y agregan, con más tributos se podrán políticas de redistribución de riqueza. Se equivocan y grande.

Aumentar los impuestos o crear nuevos no solo es innecesario, sino también traerá quebrantos para la población. Un aumento de los impuestos implicará cambiar la regla del 10, 10, 10 del Impuesto al Valor Agregado, a la renta personal y empresarial, esto es, será una estocada mortal a uno de los elementos de competitividad que contamos como país.

Instalada la suba de los impuestos, la tendencia será que los políticos y burócratas se verán tentados a subirlos todavía más, dejando de lado la calidad del gasto y el principio de contra prestación en favor del pagador de impuestos.

Los propiciadores de esta medida tienen el objetivo de llevar a cabo hacer la justicia social tributaria, una expresión laxa, ambigua, propia del estatismo para que paguen más los que más ganan, un error de visión económica que termina dañando a los más pobres.

Es una forma de resentimiento y envidia hacia los emprendedores y la función empresarial.

Más cargas fiscales desincentivan el ahorro, el capital, el trabajo, la creatividad y la iniciativa, al punto que en vez de expandirse el sector privado ocurre lo contrario. Y la consecuencia del aumento de los impuestos, pronto será el aumento inusitado del déficit fiscal y así nuevamente se vendrá otro aumento tributario, una carrera sin fin donde ganan pocos y pierde la mayoría.

Al respecto, la experiencia internacional debería servir como análisis para la toma de decisiones. En todos los países donde se empezaron a subir los tributos, el aumento del gasto público, así como el déficit se disparan hacia arriba. Nunca hay dinero para todo, nunca habrá lo suficiente, motivos por los cuales se aumenta la discrecionalidad en la administración pública y se produce el efecto crowding out, el desplazamiento del capital privado hacia el Estado, cualquiera sea el gobierno de turno.

El crowding out, igualmente, implica inexorablemente menos inversiones en el sector privado. Se afecta la creación de nuevos puestos de trabajo e igualmente implica la suba de las tasas de interés, lo que termina en la ralentización de la economía hasta su recesión.

Este es el escenario básico, luego vendrán más problemas con quebrantos sociales por todos lados. Afortunadamente el mismo presidente de la República, Santiago Peña, viene diciendo que no habrá aumento alguno de impuestos durante su gobierno.

La industria de la construcción mantiene la expectativa puesta en la reglamentación del factoraje, mecanismo financiero que podría comenzar a destrabar parte de la deuda que el Estado arrastra con empresas contratistas.

Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advierten que, aunque el gobierno inició desembolsos comprometidos para abril y mayo, la mora acumulada sigue siendo elevada y continúa golpeando la liquidez del sector.

El presidente del gremio, Paul Sarubbi, explicó que los pagos realizados hasta ahora apenas alcanzan para cubrir los nuevos certificados de obras emitidos mensualmente, sin lograr todavía una reducción sustancial del pasivo heredado.

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Según detalló, el flujo mensual de certificados ronda entre USD 50 millones y USD 60 millones, por lo que gran parte de los USD 150 millones anunciados por el Ejecutivo para estos dos meses termina absorbiéndose en compromisos recientes y no en la deuda total.

Actualmente, las empresas constructoras reclaman alrededor de USD 350 millones pendientes, cifra a la que se suman intereses generados por retrasos en los pagos, estimados en unos USD 110 millones.

Esta situación obliga a muchas firmas a seguir financiándose con créditos privados para sostener obras, cumplir con proveedores y mantener empleos.

Ante este escenario, el sector considera urgente la implementación del factoraje, sistema mediante el cual bancos o entidades financieras podrán adquirir certificados de obras pendientes de cobro. La diferencia central del esquema propuesto es que los costos financieros ya no recaerían sobre las constructoras, sino que serían asumidos por el propio Estado.

Sarubbi señaló que este punto fue uno de los principales focos de discusión durante las negociaciones técnicas que actualmente lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con representantes de la banca privada, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Abogacía del Tesoro y asesores jurídicos de los gremios.

No obstante, desde Cavialpa aclaran que el factoraje será apenas una herramienta de alivio y no una solución definitiva al problema estructural de financiamiento público. El dirigente recordó que el límite fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB) restringe fuertemente la capacidad de inversión estatal, especialmente en infraestructura.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un análisis titulado “El largo camino de las reformas en Paraguay: una historia que vale la pena contar”, en el que desglosa la trayectoria económica del país desde 1989. Según los analistas Arturo Galindo y Gisele Teixeira, el ascenso de Paraguay a la categoría de grado de inversión por parte de Moody’s, Fitch y S&P es la culminación de reformas graduales y consistentes que transformaron un Estado con debilidades.

El informe resalta las cifras del crecimiento económico del 6,6 % en el último año, el desempleo situado en un 3,6 % y una reducción histórica de la pobreza, que pasó del 29 % al 16 % en apenas una década.

El análisis identifica el año 2003 como el momento crítico de la historia económica reciente. En medio de una crisis financiera, la firma de un acuerdo con el FMI impulsó reformas fundamentales como la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y la reestructuración del Banco Nacional de Fomento.

Entre 2010 y 2020, el país consolidó su estabilidad con tres aspectos primordiales:

• uno es la adopción del régimen de metas de inflación en el año 2011
• dos años después se sumó la Aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal
• y por último la Reforma tributaria que elevó la presión fiscal por encima del 11 % del PIB, corrigiendo una debilidad histórica.

Para el BID, la etapa más ambiciosa del proceso de modernización se da en los últimos tres años bajo el actual Gobierno. La unificación de funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2023 y la creación de la DNIT (que integró Tributación y Aduanas) son citadas como reformas que eliminaron duplicidades y mejoraron la eficiencia recaudatoria.

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Destacan la Ley del Servicio Civil (2025), que estableció el mérito como rector de la carrera administrativa, atacando el clientelismo histórico. Por otro lado, la Superintendencia de Jubilaciones (2026), que permitió por primera vez, a Paraguay contar con una supervisión integral de los fondos previsionales.

Finalmente resaltaron la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reconocen como una reforma importante para la seguridad jurídica de la propiedad y la reducción de costos transaccionales.

A pesar de los logros, el BID advierte que aún persisten brechas. En este contexto, resalta la aprobación en 2025 de una nueva Ley de APP, diseñada para atraer inversión extranjera con mayor certeza jurídica, y la actualización del régimen de maquila, que ha permitido diversificar la producción y el empleo formal.

El organismo concluye que la experiencia paraguaya es valiosa no por un “big bang” de reformas, sino por su paciencia y consistencia. Para preservar la credibilidad alcanzada y evitar retrocesos, Paraguay debe seguir fortaleciendo su capacidad de implementar políticas públicas y mejorar su recaudación en un escenario internacional cada vez más volátil.

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