En el tramo Villa Ygatimí-Colonia 1º de Mayo-Karupera-Yby Pytá, departamento de Canindeyú, se están construyendo 6 puentes de hormigón armado que totalizan 110 metros lineales, informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Con la ejecución de este proyecto, unos 3.000 pobladores de la zona mejorarán su conectividad vial y tendrán un desplazamiento seguro, especialmente para el transporte de su producción agrícola y ganadera.
Las obras son ejecutadas por la empresa Benito Roggio e Hijos SA y, a la fecha, presentan un avance estimado del 7% con intervenciones consistentes en desvíos temporales, excavación estructural y fundación mediante pilotes.
Se trata del Lote 1 de la “Licitación Pública Internacional para la construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental – 1ª Tanda – Ad Referéndum al PGN 2020” con ID 367.387.
El referido llamado contempla 7 lotes y se inscribe en el Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en los departamentos de Canindeyú, Itapúa, Caazapá y Paraguarí.
En el caso del primer lote fue adjudicado por G. 13.252.603.607 y el financiamiento –al igual que los demás lotes– es del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco de Desarrollo (Fonplata).
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Comerciantes se movilizan ante estafas y amenazas de supuestos ambulantes a turistas
En la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, comerciantes y pobladores se manifestarán para solicitar mayor presencia policial con el objetivo de sacar de circulación a personas que se hacen pasar por vendedores para robar a los turistas. Existen 150 personas habilitadas para ser vendedores ambulantes, pero entre estos están los embaucadores.
Según Humberto Cáceres, representante de los comerciantes, desde hace varias semanas que estas personas se están aprovechando de los visitantes y están haciendo que la ventas disminuyan en la zona. Hasta el momento fueron detenidas dos personas y ya fueron imputadas por la Fiscalía.
Solicitan que la Municipalidad pueda crear una ordenanza para aplicar más controles y que estas personas no vuelvan a operar dentro el circuito comercial.
“Nos sentimos abandonados por nuestras autoridades a merced de los delincuentes. Muchos se están tapando los ojos y oídos, al parecer tienen intereses”, detalló Cáceres, en “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Expresó que el interés común de la ciudadanía y turistas es poder circular por la zona sin miedo. “Tenemos más de 300 denuncias, hay videos y audios de cómo actúan estas personas. Estamos en contra de aquellos que están ensuciando la imagen de nuestra ciudad”, resaltó.
Agregó que son más de 1.500 comerciantes lo que se están siendo perjudicados y miles de turistas que todos los días visitan la zona, pero que son víctimas de los delincuentes. “Esto es el comienzo de una lucha, vamos a continuar y buscar más recursos para que esto no termine en el opareí”, puntualizó.
Resaltó que la junta municipal realizó un censo y que habilitaron a un total de 150 vendedores ambulantes. Estos están debidamente identificados, pero que entre ellos ingresan los delincuentes que roban y estafan a los turistas, especialmente los brasileros que realizan compras.
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Gremios de la construcción apelan a un PGN que dinamice las obras públicas
Los gremios de la construcción afirman que el sector atraviesa una doble realidad, ya que mientras el sector privado mantiene un repunte en los proyectos residenciales, corporativos e industriales, la infraestructura pública tiene una menor ejecución, por lo que consideran clave el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Asociación de Profesionales de la Construcción (AproCons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) coincidieron en que una reducción en la inversión pública podría profundizar la caída de las obras estatales, aumentar la deuda con contratistas y frenar la generación de empleo, en un momento en que la actividad privada sostiene gran parte de la dinámica económica.
El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, recordó que Paraguay arrastra una brecha de infraestructura cercana a los USD 30.000 millones, lo que requeriría al menos USD 2.000 millones anuales en inversiones para reducirla. Sin embargo, señaló que la meta de déficit fiscal del 1,5 % limita los recursos disponibles y golpea directamente a la construcción y su cadena de valor.
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“El Estado debe ser más eficiente año tras año, reducir gastos corrientes y así ganar mayor margen para invertir en infraestructura”, expresó.
Por su parte, el presidente de AproCons, Pablo Rivarola, coincidió en que la deuda acumulada del Estado con las constructoras repercute en toda la industria y alertó que el ajuste presupuestario previsto para el 2026 agravará esa situación.
Rivarola destacó que, pese a la contracción pública, el ámbito privado sigue mostrando dinamismo, con proyectos inmobiliarios de gran porte en el Gran Asunción y la incorporación de tecnologías que optimizan costos y calidad en las construcciones.
Desde Capadei, su presidente Raúl Constantino subrayó que el sector privado logró consolidar inversiones en proyectos residenciales, corporativos e industriales, pero enfrenta obstáculos que podrían enfriar su crecimiento.
“Por un lado está el sector de obra pública, con significativa reducción en las inversiones y dificultades para el cobro de deudas. Por otro, la construcción privada, que mantiene un crecimiento sostenido”, señaló.
Entre los principales desafíos mencionó la falta de créditos hipotecarios accesibles, la burocracia en los trámites y los controles al movimiento de capitales, factores que dificultan las operaciones y la atracción de compradores extranjeros.
Los gremios coincidieron en que el desafío del Gobierno será compatibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de mantener la inversión en infraestructura pública. Sin medidas que equilibren ambos objetivos, advierten, el riesgo es un estancamiento que afecte tanto a la competitividad del país como al empleo que genera la construcción.
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Ordenan sumario para agentes de la FTC en Canindeyú, tras tomar cerveza en pleno servicio
Este jueves, en redes sociales se hizo viral una fotografía en la que aparecen dos agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tomando cerveza en un surtidor mientras estaban de servicio en el departamento de Canindeyú. Estos estaban acompañados de otras dos personas vestidas de civiles.
El hecho se reportó en una estación de servicio de la citada localidad, donde estos agentes fueron con sus uniformes y portando sus armas reglamentarias. Tras comer algún aperitivo junto a sus amigos, pidieron unas chopp para cerrar el encuentro y esto fue captado por un ciudadano.
La situación fue reportada ante el ministro de Defensa, Óscar González, quien dispuso la suspensión del comisionamiento de los involucrados. Además, solicitó la presentación de ambos militares ante el Comando de las Fuerzas Militares para la apertura de un sumario administrativo.
“Cuando se cometen faltas fuera de la unidad se duplica en cuanto a su gravedad, porque manchan la imagen de la fuerza armada. El reglamento militar indica una expectativa de pena de hasta 90 días de arresto disciplinario”, dijo en ministro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Desde el Ministerio de Defensa comunicaron que estos efectivos ya fueron identificados como el Cap. Com. Juan Rejala y la Tte. C. Karen Giménez. González indicó que se impondrán sanciones severas al personal que incurra en este tipo de faltas contra la disciplina militar.
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Canindeyú: expulsan a brasileño que fue condenado a 56 años de cárcel por abuso infantil en su país
La Policía Nacional del departamento de Canindeyú logró detener, ayer miércoles, a un hombre de nacionalidad brasileña que tenía una condena por abuso sexual infantil en su país, pero estaba prófugo. Hoy fue expulsado y entregado a las autoridades del vecino país para cumplir los 56 años de prisión a los que fue condenado.
Según el reporte policial, la detención se logró durante la jornada de ayer, luego de que se realizó un trabajo de inteligencia con el acompañamiento de policía internacional y el Comando Tripartito. Se trata de Ever Gonçalvez, de 35 años, quien fue hallado culpable por abusar sexualmente de dos niñas en Brasil.
“Estaba condenado a 56 años de prisión por abusar de forma sistemática, desde el 2017 al 2023, de dos niñas de 4 y 10 años, se trata de un caso muy desgarrador. Rápidamente fue expulsado y entregado a las autoridades brasileñas”, expresó el comisario Carlos Duré, en entrevista con C9N.
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Explicó que cuando Gonçalvez se enteró que sería condenado a varios años de prisión decidió fugarse. Este salió de su país y de inmediato ingresó de forma ilegal al Paraguay, pero tras un largo trabajo de investigación lograron detectar dónde se encontraba.
“Presumen que entró por Encarnación y se movía mucho. Se constató que recorrió por María Auxiliadora y Ciudad del Este, pero durante la tarde de ayer cometió un error que nos permitió conocer su paradero y pudimos capturarlo en Katueté”, puntualizó.