Un grupo de diputados acusó formalmente al presidente de la República, Santiago Peña, y piden juicio político por supuesto conflicto de intereses y manejo de fondos del IPS en ueno bank.

Un grupo de 35 legis­ladores de la Cámara de Diputados pre­sentó formalmente el libelo acusatorio de juicio polí­tico contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

La iniciativa fue ingresada bajo la forma del proyecto de resolución “Que dispone la formulación de la acusa­ción de juicio político con­tra el presidente de la Repú­blica del Paraguay, Santiago Peña Palacios, conforme al artículo 225 de la Constitu­ción Nacional”.

El escrito dirigido contra el jefe de Estado le atribuye, en primer término, un con­flicto de intereses derivado de su participación en ueno holding.

A ello se suma el nombra­miento de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, al frente del Banco Central del Paraguay, desig­nación que los firmantes consideran incompatible con el deber de resguardar el interés público.

El documento también acusa al mandatario de haber impulsado modifica­ciones a la ley de conflicto de intereses y de haber per­mitido la concentración de cientos de miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social (IPS) en ueno bank, superando los límites establecidos por la normativa vigente.

El artículo 225 de la Cons­titución Nacional habilita el juicio político al presi­dente, al vicepresidente y a otras altas autoridades por mal desempeño de funcio­nes, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o por delitos comunes. Esta­blece que la acusación debe ser formulada por la Cámara de Diputados, por mayo­ría de dos tercios, y el juz­gamiento corresponde a la Cámara de Senadores, que requiere igual mayoría para declarar la culpabili­dad. Tras la presentación, el proyecto deberá seguir el trámite reglamentario en la Cámara Baja, donde se definirá si reúne los apoyos necesarios para prosperar.

El presidente de la Cámara Baja se retiró sin dar muchos detalles.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que habrá convo­catoria a sesión extraordi­naria para tratar el pedido de juicio político al presi­dente de la República, San­tiago Peña, y el vicepresi­dente Pedro Alliana. Fue tras retirarse de la reunión de la bancada oficialista, sin dar muchos detalles sobre la misma.

Latorre adelantó que el pleno se reuniría el día de hoy en horario a determinar.

El líbelo acusatorio fue pre­sentado por un grupo de diputados ayer.

El parlamentario dijo que cumplirá con su “deber constitucional e institucio­nal” y hará la convocatoria conforme dicta la Constitu­ción Nacional y las leyes de la Nación.

“Yo voy a proceder conforme a mis atribuciones constitu­cionales y legales , voy a pro­ceder con la convocatoria. La hora y el día de la convo­catoria lo voy a estar anun­ciando las próximas horas”, mencionó.

Ente previsional insta a los beneficiarios a mantenerse informados exclusivamente a través de sus canales oficiales para evitar estafas.

El Instituto de Previsión Social aseguró que los jubi­lados y pensionados que percibían sus haberes a tra­vés de ueno bank recibirán sin inconvenientes los pagos correspondientes a noviem­bre, así como el beneficio adi­cional anual (BAA), conocido como aguinaldo. La institu­ción confirmó que ambos desembolsos están garantizados pese a la situación que afecta a la entidad bancaria.

La previsional dio a conocer la información mediante un comunicado emitido ayer, en el que buscó llevar tranqui­lidad a los beneficiarios que podrían verse afectados por las dificultades relacionadas con el banco en el que habi­tualmente cobraban sus pres­taciones.

El IPS garantiza el pago de las jubilaciones y pensiones de noviembre y del aguinaldo (BAA) a los beneficiarios que cobraban a través de ueno bank. Según precisó el IPS, los pagos se realizarán en tiempo y forma, aunque bajo una moda­lidad diferente a la habitual. Para ello, la institución asig­nará otra entidad bancaria a los jubilados y pensionados alcanzados por esta medida. El cambio de entidad se apli­cará de manera excepcional y transitoria como respuesta a la situación que involucra a ueno bank. De esta manera, la previ­sional busca garantizar la con­tinuidad de los pagos sin que los beneficiarios sean perjudi­cados por las circunstancias.

Por otra parte, el IPS recordó que no solicita información personal ni claves de acceso mediante llamadas telefó­nicas, mensajes de texto o redes sociales. La adverten­cia apunta a prevenir posibles estafas que podrían aprove­char la preocupación de los jubilados ante los cambios en el mecanismo de cobro.

Los acontecimientos en los últimos días dan cuenta de un problema de solvencia en una entidad banca­ria que no significa un problema sistémico, motivo por el cual las demás ins­tituciones no se encuentran en situación de posible intervención por parte del Banco Central. Más bien y como se ha manifes­tado desde la propia banca central, el sis­tema financiero se encuentra con los valo­res adecuados que hacen a la sostenibilidad del ahorro y la inversión de depositantes e inversores.

Es cierto que en este momento el curso de los hechos dan cuenta de una intervención a un banco de plaza. La misma se lleva a cabo mediante la participación de los orga­nismos pertinentes en la materia como son la misma banca central, así como el Minis­terio Público y el Poder Judicial. Estos dos últimos órganos, mediante sus respectivas actuaciones investigadoras y garantizando el debido proceso, encontrarán las causas del problema suscitado, de sus derivacio­nes y dictarán las sanciones que corres­pondan a los culpables.

El hecho de una intervención por parte de la banca central y la participación de los organismos antes citados dan cuenta de que se está procediendo de acuerdo a lo establecido en las normativas. Al respecto y es de mencionarse, nuestro país cuenta desde 2003 con un régimen jurídico finan­ciero cuyo objetivo es proteger el ahorro del público en las entidades dedicadas al ramo y autorizadas por el Banco Central.

La Ley N.° 2334 del año 2003 “De garan­tía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera” fue apro­bado para proteger los ahorros del público en el sistema bancario y financiero formal, administrado por el Banco Central del Paraguay. Es una legislación de avanzada, correcta y eficiente creada con dinero publico y privado para minimizar los cos­tos de inconvenientes en el sistema como en efecto tenemos a la fecha con un banco en particular.

El propósito de honrar la garantía de depó­sitos tiene esa particularidad. Consiste en proteger al cliente protegiendo el dinero de los ahorristas hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos que equivalen en el presente a doscientos veintiocho millo­nes trescientos mil guaraníes guaraníes (G. 228.300.000) . De este modo, también se toma en cuenta un efecto contagio en el sistema que podría ocasionar la caída de otra entidad financiera y de ese modo se preserva el ahorro, especialmente de los pequeños depositantes.

El hecho cierto es que el esquema de depó­sitos a través de los mecanismos previs­tos es un logro del país para garantizar el funcionamiento del sistema financiero, cuestión que a la fecha se está dando en la práctica, lo que implica emitir señales de confianza y tranquilidad a todos los acto­res del sector, sean depositantes o entida­des. No obstante, existe otro motivo por el cual el público puede mostrarse confiado en el sistema.

La banca central monitorea a las entidades midiendo el ratio de solvencia necesario. Caso contrario, es intervenido y es así como los ahorristas se encuentran mejor prote­gidos para no perder su dinero. De acuerdo a las autoridades, los informes correspon­dientes a la fecha dan cuenta de que el sis­tema financiero goza de solvencia.

Cuando se dice que se goza de solvencia en el sistema bancario se está diciendo que aun cuando una de sus entidades se encuentre en proceso de intervención, como sucede ahora, las demás prosiguen sin contratiem­pos sus actividades mercantiles. Es preciso ser rigurosos en este tema manifestando que la solvencia define la capacidad de una persona física o jurídica para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, capaz de devolver sus deudas, presentes o futuras. En el sistema financiero significa que una entidad es solvente cuando sus activos tota­les son suficientes para cubrir sus pasi­vos, permitiéndole mantenerse operativa y estable sin poner en riesgo su continuidad en el corto y largo plazo.

Esto es, y dicho de un modo todavía más preciso, las entidades en el sistema finan­ciero para evitar la intervención del Banco Central requieren de solvencia. Deben mantener un colchón patrimonial del ocho por ciento para absorber posibles pérdidas crediticias; por debajo de esta línea se acti­van las medidas correctivas o de resolu­ción por parte de la banca central.

El sistema financiero de nuestro país se halla en este momento en situación de sol­vencia aun con la intervención en curso a un banco, teniendo la capacidad y la viabi­lidad de invertir en proyectos y captar fon­dos del público sin inconveniente alguno haciendo frente a las deudas.

En los últimos días, los robos millonarios a entidades financieras casi se han convertido en una rutina y encienden las alarmas en el mundo bancario. A los golpes informáticos de dimensiones históricas se suman ahora nuevos ataques que ponen en evidencia la vulnerabilidad de las plataformas financieras.

El 29 de octubre se conoció el histórico robo de USD 6.300 millones a Binance, uno de los mayores episodios de sustracción de activos vinculados al mundo de las criptomonedas. Ayer, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank y, este miércoles 4 de noviembre, otro golpe sacudió al sector financiero internacional: hackers se apoderaron de más de USD 133 millones de un banco francés.

Se trata del Crédit Mutuel Arkéa, un grupo cooperativo que opera en los sectores bancario y asegurador. De acuerdo con el medio francés Le Télégramme, los atacantes consiguieron sustraer unos 118 millones de euros, equivalentes a más de USD 133 millones.

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Según las primeras informaciones, el dinero habría salido de cuentas propias de la entidad mediante operaciones fraudulentas y posteriormente habría sido distribuido entre distintas cuentas bancarias. Desde allí, los fondos habrían sido trasladados a plataformas de intercambio para convertirlos en criptomonedas, dificultando su rastreo.

Sin embargo, la entidad francesa no confirmó oficialmente que el monto sustraído haya alcanzado los 118 millones de euros, aunque reconoció que el perjuicio económico se encuentra dentro de ese orden de magnitud. También aclaró que sus clientes no sufrirán pérdidas económicas como consecuencia del ataque.

El banco aseguró que detectó movimientos sospechosos, activó sus mecanismos de seguridad y suspendió temporalmente algunas operaciones para impedir nuevas transferencias fraudulentas. El caso ya fue comunicado a las autoridades competentes y se encuentra bajo investigación.

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