Un sector del gremio de contadores solicitó al Ministerio de Hacienda una reprogramación de vencimiento del impuesto a la renta empresarial (IRE) general, señalaron mediante un comunicado que fue presentado a finales de marzo.
El documento señala que la reprogramación sea para el mes de junio o, en todo caso, la no aplicación de sanciones económicas en concepto de contravenciones, multas, intereses, moras por el incumplimiento en la presentación en fecha de dicho pago.
El sector de los contadores explicó que entre los motivos por los que solicitaron la reprogramación de liquidación del IRE general se encuentra la complicada situación económica vivida durante el 2020 así como otros factores internos y externos agravados por la sequía, por inconvenientes en el comercio de frontera y, en general, por la situación de la pandemia del COVID-19, que impacta de manera negativa en la economía local.
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“Hoy, la elección está entre la vida y pagar los impuestos, es por eso que apelamos a vuestra excelencia de tal manea a que se busquen los mecanismos que sean adecuados para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones sin incurrir en costos adicionales”, manifiesta parte del comunicado.
Por su parte, la representante del gremio, Lilian Torres, explicó que no se trata de que el Estado reduzca el porcentaje de las tasas, sino de que los mismos no tengan ningún costo.
Lograr que no se cobren multas o contravenciones ayudará al contribuyente a priorizar las necesidades de la salud o mantener las fuentes de trabajo que finalmente se convierten en ingresos tributarios para el Estado.
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Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
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Piden a la Corte suspender aumento de matrículas de rematadores por falta de datos estadísticos
La Asociación de Rematadores del Paraguay, presidida por Atilio Estigarribia, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de la nueva acordada de la máxima instancia judicial. Dicha normativa pretende ampliar, sin un estudio previo, la cantidad de rematadores tanto en Asunción como en otras circunscripciones judiciales del país.
El gremio solicitó a los ministros la revisión de la Acordada N° 1747/2024, la cual regula el acceso a la matrícula de Rematador Público. La nucleación alega que la Corte intenta aumentar el número de matrículas en Asunción, Central y otros puntos del país sin contar con un análisis técnico sobre la cantidad de remates judiciales que se realizan de forma mensual, trimestral, semestral o anual.
En el escrito presentado ante los altos magistrados, el gremio pidió postergar por un plazo de 180 días corridos la aprobación de nuevos llamados a concursos públicos de oposición para el ingreso de rematadores. No obstante, aclararon que sí están de acuerdo con que se convoque a concurso para cubrir las vacancias actuales generadas por renuncia o fallecimiento de sus titulares.
En la nota se señala que no existe una evaluación cuantitativa ni cualitativa que determine las necesidades reales del servicio de subastas, así como tampoco la capacidad de supervisión en cada Circunscripción Judicial, motivo por el cual insisten en postergar la implementación de la referida acordada.
Otras solicitudes del gremio
Asimismo se pide por acordada que los jueces a nivel país hagan cumplir el art 167 del Código de Organización Judicial debido a que varios de los rematadores firman pagarés para que se publique en los diarios y sin argumentos los jueces en el interior y en Central suspenden los remates judiciales sin hacer cumplir la norma que es al suspenderse la subasta se debe cubrir los gastos de remate y esta situación no sucede lo que genera grandes deudas al rematador con las editoriales.
Solicitaron el dictado de una nueva acordada que ordene a los juzgados exigir la consignación de gastos y el 50 % de la comisión legal ante suspensiones de subastas solicitadas por las partes.
Remarcan la necesidad de obtener datos oficiales sobre el volumen de subastas realizadas, suspendidas y canceladas entre los años 2021 y 2026, además del número de asignaciones por profesional. Pidieron conformar un espacio de diálogo conjunto entre representantes del gremio y la CSJ para acompañar el análisis metodológico del sector.
Desde la asociación remarcan que el libre ingreso establecido en 2024 no se traduce automáticamente en una mayor cantidad de subastas efectivas, por lo que consideran imprescindible fundamentar el número de auxiliares de la Justicia en datos empíricos que garanticen condiciones materiales dignas para el ejercicio de la profesión.
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Ministerio Público pide juicio oral para 12 procesados por desfalco a la Caja Municipal
El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.
Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
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Cómo funcionaba el esquema delincuencial
La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.
A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.
“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.
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Ministro descarta aumento de impuestos, pero confirma revisión de exenciones
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, descartó cualquier tipo de incremento de tasas de los impuestos vigentes o la creación de nuevos tributos; sin embargo, reconoció que están revisando ciertas exenciones.
“Este Gobierno tiene una posición firme, nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos, lo que sí estamos revisando es lo que hace al concepto de gasto tributario; es decir, aquellas exenciones o deducibilidades que hoy están todavía vigentes”, expresó el secretario de Estado en una visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Sobre el punto, explicó que la revisión obedece a la intención de “fortalecer y generar eficiencia en la estructura tributaria vigente, no crear nuevos ni generar nuevos impuestos”. Amplió precisando que hay estudios que indican que dichos “gastos tributarios” alcanzan unos USD 1.000 millones.
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IRE, IRP e IVA no se tocan
Posteriormente fue consultado sobre el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre lo que fue claro al respecto y manifestó que “hoy no se toca, en esta administración no se toca”.
Indicó también que están trabajando con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la verificación de las exenciones, pero que “todavía no hay una propuesta puntual sobre un caso en particular”.
Sobre la perspectiva que manejan, teniendo en cuenta el volumen total posible de USD 1.000 millones, dijo que la “expectativa es generar espacio en eso para mayor recaudación”.
Durante la semana pasada, en coincidencia con la manifestación de los médicos, se conocieron planteamientos de elevar impuestos, lo que fue rechazado enérgicamente días después por gremios industriales y empresariales.
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