UIP rechaza la presión que ejercen los autodenominados paseros y comerciantes de frontera
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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado en el que rechazan enfáticamente la presión que vienen ejerciendo los autodenominados paseros y comerciantes de frontera, especialmente sobre Aduanas y sobre la Armada Nacional en el este del país.
“Con el pretexto de la reactivación económica, buscando relajar las medidas anticontrabando establecidas en el propio Código Aduanero. También repudiamos la permanente exhortación al incumplimiento que realizan algunos políticos en función de Gobierno, llegando al límite irracional de solicitar que se excluya la exigencia del permiso sanitario”, sostiene el documento.
Los paseros y comerciantes de frontera se reunieron con representantes de Aduanas para negociar el levantamiento de las medidas. Foto: Gustavo Galeano.
Señala que si bien el artículo 235 del actual Código Aduanero, respecto al tráfico fronterizo, menciona que las mercaderías acogidas a este régimen deberán ser consumidas exclusivamente en la zona fronteriza, en la práctica estos productos en cuestión de pocas horas llegan a Asunción y otras ciudades y se acopian para su comercialización en grandes cantidades, compitiendo de manera desleal con la producción y el comercio formal, por lo que este artículo, en su momento, también deberá ser objeto de revisión con todas las instituciones públicas involucradas para garantizar que no siga siendo una ventana para el ingreso de mercaderías de manera ilegal.
El Puente de la Amistad ayer permanecía cerrado como consecuencia de las manifestaciones de los paseros. Foto: Gustavo Galeano.
“Reiteramos que el respeto a la potestad de Aduanas y al trabajo de la Armada Nacional no son asuntos negociables, pues normativamente han sido investidos de la atribución del control en zona primaria. A quienes pretenden aparecer como supuestos caudillos, ejerciendo presión desde un cargo de Gobierno, pero para incidir en el relajamiento de los controles, les recordamos que el contrabando tiene consecuencias económicas, sociales y de salud pública que solo pueden ser prevenidas con un enfoque integral en el combate y en el cual los controles del sector público son fundamentales”, afirma.
Finalmente, los socios de la UIP advierten nuevamente que la vieja práctica de oponerse públicamente a los controles anticontrabando, como la demostrada constantemente por algunas autoridades nutre un sistema perverso donde la prebenda y el clientelismo político siguen condenando a muchos paraguayos a vivir en la miseria y la mendicidad.
La droga estaba distribuida en cuatro paquetes dentro de una mochila que el joven llevaba consigo durante un control en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este. Foto: Captura de video.
Cae brasileño con más de dos kilos de marihuana en la Aduana de Ciudad del Este
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Un control de rutina en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este terminó con la detención de un ciudadano brasileño que llevaba 2,2 kilogramos de marihuana en una mochila. El procedimiento se realizó el lunes 10 de noviembre, cerca de las 19:50, y estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informó este miércoles el Ministerio Público.
Durante la inspección, los intervinientes encontraron cuatro paquetes con una sustancia sospechosa, además de tres teléfonos celulares que estaban en poder del joven, de 26 años.
El ciudadano brasileño, de 26 años, fue imputado por tenencia de drogas. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva tras el hallazgo de 2,2 kilos de marihuana. Foto: Gentileza
La intervención de especialistas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) permitió confirmar, mediante una prueba de campo o narcotest, que el contenido de los cuatro paquetes era marihuana. El pesaje determinó que la cantidad incautada alcanzaba los 2,2 kilos. Las evidencias fueron trasladadas y quedaron depositadas en la sede de la institución antidrogas.
Tras el procedimiento, el fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico n.º 1 de Alto Paraná, imputó al extranjero por tenencia de sustancias estupefacientes y pidió que permanezca en prisión preventiva.
La Fiscalía solicitó además cuatro meses para profundizar la investigación, durante los cuales prevé realizar los análisis laboratoriales correspondientes, gestionar la destrucción de la droga y recoger declaraciones de testigos. El brasileño continúa bajo custodia en la sede de la Senad, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Irán designa como “terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina
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Irán designó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas” en virtud del “principio de reciprocidad”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado que luego fue rechazado por el gobierno del país sudamericano.
En marzo, en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” a Irán.
Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.
En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.
La cancillería iraní califica la decisión del gobierno argentino de “medida hostil”.
“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, Irán declara que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, escribe el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
“El gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, añade sin especificar cómo. Más tarde, el gobierno argentino emitió un comunicado en la red X en el que “rechaza categóricamente” la decisión de Teherán.
“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible”, dijo el comunicado de la Cancillería argentina.
Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y ha respaldado el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero, el cual desencadenó la guerra en Oriente Medio.
En abril el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
Incluso antes de la guerra en Oriente Medio, Buenos Aires fue designada en enero como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.
Irán ha aplicado el principio de reciprocidad a otros países.
A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, ya la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.
Representantes de la producción, la industria, el comercio y otros sectores de la sociedad civil remitieron una carta al presidente Pedro Alliana en la que reclaman medidas urgentes para recuperar la confianza económica tras la crisis de Ueno Bank. Foto: Gentileza
Gremios exigen a Alliana reformular el PGN 2027 y eliminar privilegios tras crisis de Ueno Bank
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Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.
Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.
Advierten sobre pérdidas millonarias y más de 5.000 empleos afectados
Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.
En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.
A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.
Exigen austeridad y eliminación de privilegios
Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.
Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.
Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.
Proponen utilizar bienes recuperados para resarcir a ahorristas
Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.
La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.
Piden reformas en instituciones públicas
La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.
Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.
Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sector privado ofrece colaborar con el Gobierno
Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.
Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.
Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.
Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP). Foto: Gentileza
La UIP destacó la actuación institucional ante la crisis y pidió investigar las presuntas irregularidades hasta sus últimas consecuencias. Foto: Archivo
UIP pide investigar hasta las últimas consecuencias y recuperar la confianza ciudadana
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La Unión Industrial del Paraguay (UIP) se pronunció sobre la crisis política e institucional que atraviesa el país y destacó la actuación de las instituciones para encauzar la situación y dar paso a una nueva conducción nacional. A través de un comunicado, el gremio pidió que las sospechas de irregularidades sean investigadas hasta sus últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
La organización también felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana y al vicepresidente, Antonio Barrios, y señaló que tienen la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar un compromiso con la honestidad y el interés nacional.
"El Paraguay exige que esta crisis marque un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción", dice una parte del comunicado de la UIP
Asimismo, reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero sostuvo que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, advirtió que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal debe convertirse en refugio para la impunidad.
El gremio consideró que la crisis obliga a revisar los controles del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de detección temprana para evitar que las autoridades investigadas puedan obstaculizar los procesos. También puso el foco en los ahorristas afectados, quienes necesitan respuestas urgentes, información transparente y medidas concretas para proteger sus derechos y recuperar sus recursos conforme a la ley.
Finalmente, la UIP sostuvo que la confianza debe reconstruirse mediante la verdad, la justicia y resultados concretos. Además, afirmó que el país necesita marcar un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción y garantizar que ningún cargo esté por encima de la ley ni ningún interés particular prevalezca sobre el destino de la República.