En sesión plenaria de este miércoles, la Corte Suprema de Justicia ratificó, mediante la Resolución N° 12.077, que el pago del 10 % del precio de una subasta, realizada por el licitador al rematador en la Secretaría de los Juzgados, pueda efectuarse mediante transferencias bancarias a través del sistema SIPAP. La cuenta bancaria receptora deberá ser unipersonal y estar a nombre del rematador interviniente en el acto de la subasta.

Al respecto, el ministro de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, señaló que esta medida representa un cambio significativo en la mecánica de las subastas judiciales, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, dicho pago debía realizarse en efectivo.

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“Esto cambia la manera de trabajar en las subastas, brindando una seguridad muy importante a los compradores, que ya no tendrán que portar dinero en efectivo hasta el lugar del acto”, expresó el alto magistrado.

Con esta decisión, el pleno de la Corte refrendó la Resolución N° 114 del 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Superintendencia, por la cual se aprobaron los criterios establecidos por el Departamento de Tesorería, conforme a lo expuesto en el exordio de la resolución.

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Durante el mes de mayo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recaudó G. 4.719.999 millones (USD 593 millones), lo cual representa un crecimiento de 7 % en comparación al mismo mes del año 2024, donde se obtuvo G. 310.627 millones más (USD 39 millones).

La Gerencia General de Impuestos Internos recaudó en el quinto mes del año, un total de G. 3.154.718 millones (USD 396 millones), que representa una variación interanual de 5,4 %, equivalente a G. 162.818 millones (USD 20,5 millones) más.

La Gerencia General de Aduanas por su parte en el mes de mayo alcanzó una recaudación en efectivo de G. 1.565.281 millones (USD 197 millones), obteniendo una variación interanual de 10,4 % respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a G. 147.809 millones (USD 18,6 millones) más.

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Desde la DNIT explican que el crecimiento de los Impuestos Internos en mayo se ve principalmente explicado por los pagos realizados por el sector comercio, seguido por construcción, servicios a empresas, telecomunicaciones, información y comunicación, y el mayor impacto se observó en el Impuesto de los Dividendos y Utilidades (IDU).

Con relación al crecimiento de la recaudación de los Impuestos Aduaneros entre los rubros que incidieron positivamente en la recaudación se destacan: informática y telecomunicaciones, combustibles y demás productos derivados del petróleo y vehículos.

En términos de recaudación total acumulada de enero a mayo, se generó un crecimiento del 9,1%, que representa un monto total de G. 1.521.138 millones más que en el mismo periodo del 2024, con lo cual se observa un crecimiento consecutivo en los 22 meses de existencia de la DNIT (agosto 2023 a mayo 2025).

Ingresos Tributarios afirma que una de las razones por las que se ve un crecimiento en el erario público es por el aumento de controles en todos los puntos del país. En ese marco, cabe mencionar que la DNIT anunció la transición hacia el uso obligatorio del KIT 2.0, la nueva versión del sistema informático para la generación de despachos aduaneros. Esta herramienta ya se encuentra plenamente operativa tras la culminación exitosa de su desarrollo y ciclo de pruebas funcionales.

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El KIT 2.0 constituye una evolución tecnológica de gran importancia para el fortalecimiento del proceso de generación de despachos aduaneros, brindando una mayor estabilidad, seguridad y una serie de mejoras operativas y funcionales orientadas a optimizar el trabajo de los operadores.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, fundamentó la ampliación presupuestaria pendiente de estudio en el Congreso Nacional manifestando que se destinará al pago de una parte de la cuenta contraída con los proveedores de medicamentos.

Dijo que el monto total adeudado asciende a unos 300 millones de dólares, pero en esta ocasión se busca pagar G. 189.323 millones, mediante la utilización de fondos que antes se destinaban a las cuentas del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y Salud Pública.

La recuperación de estos recursos fue posible gracias a la modificación de la Carta Orgánica del IPS concretada el año pasado.

“La ley que solicitamos se creó para no transferir más el 2,5 % que era 1,5 % para el Ministerio de Salud y 1 % para Sinafocal. Entonces, como nosotros presentamos el presupuesto y después salió la ley queremos ahora hacer la ampliación con ese dinero. Creo que son más o menos unos 20 millones de dólares, es el 0,5 % del 2,5 % que nosotros anteriormente estábamos destinando a esas dos entidades”, dijo a los medios de prensa.

El titular del Consejo de Administración del ente previsional manifestó que en esta ocasión ese monto será íntegramente utilizado para honrar deudas con proveedores de medicamentos. “De tal forma a que ellos sigan proveyendo tanto insumos como medicamentos al IPS”, expresó.

Brítez aclaró que esos recursos recuperados irán al fondo de salud del IPS y en esta primera etapa se busca honrar la deuda con los proveedores.

“La deuda con los proveedores es más de 300 millones de dólares. Y nosotros lo que vamos a hacer con ese dinero es hacer una cesión de derechos”, puntualizó.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió este viernes sobre los alcances del decreto n.° 3.899, que estipula la adquisición obligatoria de productos y servicios de la agricultura familiar y mipymes por proveedores del programa Hambre Cero en las escuelas, en porcentajes del 10 % y 5 %, respectivamente.

“Quiero aclarar que la compra de productos e insumos de la agricultura familiar campesina, como también de los productos de bienes y servicios de las mipymes, está establecida hoy en los líneamientos del programa, como así también en los contratos, pero le faltaba un toque más formal, con un respaldo legal de mucho más peso“, sostuvo Rojas, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Por su volumen, dimensión, cobertura, Hambre Cero es un programa de revisión y de ajustes permanentes a los efectos de que pueda ser cada vez más efectivo”, refirió. Con el decreto, las empresas adjudicadas deberán adquirir insumos frutihortícolas, directamente del productor, por el valor del 10 % de sus contratos, y productos y servicios de las mipymes por el 5 %.

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“Entre los aspectos más importante de este decreto es que se establece que mensualmente se debe presentar las facturas de compras para la elaboración del proceso administrativo para el pago del servicio que hacen las empresas en la provisión de la alimentación escolar“, refirió.

Las facturas de compra en concepto de productos frutihortícolas e insumos de la agricultura familiar o bienes y/o servicios deberán ser cargadas en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), mediante los usuarios registrados por los proveedores ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Con esto estamos asegurando que las compras de los productos sean fijos, permanentes, es decir cada mes. Esta obligación de compra obligatoria es establecida para ambas modalidades del programa, ya sea para la modalidad de cocinando en las escuelas como el sistema de catering”, comentó el alto funcionario de Estado.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten a las empresas que la inobservancia de esta medida será considerada como incumplimiento contractual y se aplicarán sanciones administrativas, conforme a lo establecido en las normativas.

Rojas dijo que otro de los puntos resaltantes de la resolución presidencial guarda relación con evitar a los intermediarios. “De acuerdo a las evaluaciones realizadas, encontramos que la presencia de estos termina perjudicando al sector productivo de alguna u otra forma en cuanto a los precios y pagos”, indicó.