La aplicación de tecnologías avanzadas y el fortalecimiento de las acciones de control y monitoreo permitieron la estabilización y reducción de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas en 2 % al cierre del 2024 en el sistema eléctrico, según informó la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Es así que las pérdidas eléctricas totales en distribución se redujeron de 23,4 % a 21,9 % al cierre del año 2024, donde el control tecnológico fue protagonista para lograr tales números. “Invertimos en equipamiento de punta para el monitoreo, seguimiento y operación del sistema eléctrico de distribución, la reparación de puntos de pérdida en la red eléctrica”, detalló en su informe la institución.

En dicho periodo, señalaron que también se logró la modernización de la infraestructura eléctrica y el empleo de software de control e inteligencia artificial. Además, se incrementó en un 318 % la cantidad de verificaciones de suministros en el terreno, lo que permitió la detección de clientes irregulares, conexiones directas y desconexión de redes precarias.

Otro factor que contribuyó al logro fue la promulgación de la Ley 7300/2024 que protege la integridad del sistema eléctrico y dispone la incautación y comiso de bines asociados al hecho punible y modifica el Art. 173 de la Ley 1160/1997 Código Penal. Con esto se criminaliza el hurto de energía eléctrica, pudiendo castigar con pena privativa de libertad de hasta 10 años.

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En ese sentido, detallaron que mediante contribuciones de consultoras internacionales se elaboró el “Plan Maestro de Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución”, que comprende al periodo 2025 al 2028 y en el cual se establecen diferentes acciones operativas, inversiones en infraestructura, y mejoras en los sistemas de medición.

Esto permitirá el despliegue de 200 cuadrillas de verificación de manera diaria, la regularización de suministros y la supervisión y monitoreo, mediante recursos tecnológicos de vanguardia, con el objetivo de reducir las pérdidas totales en distribución a 15 % para finales del año 2028, siendo este un valor promedio para la región en Latinoamérica.

“Esta acción permitirá a la Ande obtener mayores recursos para las inversiones en el sector eléctrico, y posicionarse entre las mejores empresas del sector eléctrico en la región”, destacaron el informe.

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Con el auge de la criptominería en el país, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tiene que lidiar con una problemática que va en crecimiento: el hurto de energía eléctrica con conexiones clandestinas en todo el territorio nacional.

Esta situación no solo ha generado pérdidas económicas significativas para esta empresa, sino que también ha generado una sobrecarga a la infraestructura existente, afectando la calidad del suministro para los consumidores regulares.

Con el objetivo de disminuir el hurto de energía, se ha implementado tecnología avanzada y análisis de datos para identificar los puntos de alto consumo; así también se utilizan drones para inspeccionar las líneas de distribución, buscando anomalías y conexiones directas, y se han desarrollado proyectos de detección automática con inteligencia artificial.

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Según los informes presentados por la empresa, solo en el 2024, la Ande ha ejecutado la intervención de 33 conexiones irregulares del tipo criptominería en varios departamentos del país, en las que se pudo desconectar 89.424 kVA de potencia instalada en los sitios y, ya haciendo uso de lo establecido en la Ley 7.300/2024, ha procedido a la incautación de los equipos que eran utilizados para el hurto de energía.

En el período 2019 a 2025, fueron incautados 13.358 procesadores y 66 transformadores de distribución de diversas potencias. De estas cantidades, 2.462 procesadores y 21 transformadores se encuentran resguardados en la Ande, mientras que 4.213 procesadores y 27 transformadores se encuentran resguardados en el Ministerio Público.

Finalmente, señalaron que se encuentran en la Fiscalía 91 causas penales por sustracción de energía eléctrica. Gracias a la utilización de tecnología avanzada, la modificación de marcos legales y la colaboración interinstitucional, desde la Ande anunciaron que han logrado un resultado auspicioso en la reducción de las pérdidas eléctricas en 2 % en el último año.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.

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Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.

Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.

“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.

El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.

“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.

Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.

Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.

Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.

Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.

“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.

El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.

Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.

“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.

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Unas 200 familias del barrio 8 de Diciembre de Lambaré se encuentran sin agua potable hace tres meses. Los vecinos denunciaron que, pese a los insistentes reclamos formulados a las autoridades de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (Essap), no han obtenido respuestas.

Ante esta situación, no tienen otra opción que comprar bidones de agua para abastecerse del vital líquido en la casa. “Estamos así, hicimos el reclamo hace tres meses, mi hija específicamente llama y llama insistentemente porque ella tiene su habitación arriba y no le sube el agua. No puede bañarse ni usar su baño. Y hoy no pude cocinar porque no salió el agua para nada en mi casa”, señaló doña Nilda, una vecina, a C9N.

La señora se quejó de que la Essap ni siquiera envía a sus técnicos para verificar el problema y solamente toma el reclamo y promete una fiscalización, pero no cumple. “Nosotros ya estamos desesperados porque no podemos vivir así”, afirmó.

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Otra vecina contó que su lavarropas se quemó al intentar usar para lavar las prendas de sus hijos. “Demasiado estamos sufriendo y todos estamos reclamando. No podemos ni bañarnos porque nos quema nuestra ducha. De mi hermano también se quemó su lavarropas. Y ya no da gusto vivir así, estamos desesperados”, manifestó.

Para presionar por la regularización del suministro de agua, incluso las familias afectadas se juntaron para manifestar sus quejas ante la Essap. Un señor mostró ante cámaras la veracidad de la denuncia, al tomar la manguera y evidenciar que solo gotitas salía por la escasa presión del agua.

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