El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició una campaña de prevención de la violencia contra la mujer a través de mensajes de sensibilización en buses del transporte público. El operativo se lleva adelante a través del Viceministerio de Transporte con la incorporación de cartelerías LED en los buses eléctricos, en coordinación con el Ministerio de la Mujer.

Algunos de los mensajes que se difunden en las unidades son: “Vivir libres de violencia es un derecho” y “Ante la violencia, no seas indiferente”. Asimismo, promocionan la Línea 137 Mujer y el número de WhatsApp 0961 137 137, consistentes en canales de orientación y asistencia para mujeres en situación de violencia.

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Esta actividad se realiza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Los mensajes se difunden en las tres líneas de buses eléctricos del Estado: E1 que conecta Asunción con San Lorenzo por la avenida Eusebio Ayala; E2 que une los mismos destinos a través de la avenida Mariscal López; y E3 que conecta Asunción con el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

“A través de esta acción, se aprovechan los espacios de comunicación del transporte público para acercar información de interés social a la ciudadanía, dando continuidad a iniciativas de sensibilización como la campaña Octubre Rosa, cuyos mensajes también fueron difundidos en las unidades”, explicaron desde la cartera de Estado.

Agregaron que de esta manera se busca ampliar el alcance de las campañas de prevención y promover una mayor conciencia sobre la importancia de actuar ante situaciones de violencia contra la mujer. Más de 20 mujeres ya perdieron la vida en lo que va del año como víctimas de feminicidio.

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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dio a conocer detalles del avance del Lote 1 de la ruta PY12. Actualmente, son 24,86 kilómetros de carpeta asfáltica ejecutados y dos puentes próximos a concluir en el citado tramo. La construcción se desarrolla en el departamento de Presidente Hayes, donde la futura conexión entre Chaco’i y General Bruguez beneficiará a unas 60.500 personas.

El trazado del lote mencionado comprende desde el km 2,5 hasta el 37,4 y registra 79 % de ejecución, con 30,9 kilómetros de base granular, casi 35 kilómetros de subbase mejorada con cemento y más de 28 kilómetros de base asfáltica inferior, conforme a los últimos reportes citados por la cartera de Estado.

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También se informó sobre infraestructura en desarrollo, como es el caso del puente sobre el río Confuso’i, de 75 metros, el cual registra 98 % de ejecución, mientras que el correspondiente al río Negro, de 60 metros, alcanza el 99 %. En el primero, la estructura y la carpeta asfáltica están concluidas, aunque quedan pendientes la prueba de carga y la protección de taludes. En el segundo, restan las losas de aproximación y la correspondiente prueba de carga.

Por otro lado, también se completó el acceso a la localidad de Nueva Asunción, de 2,5 kilómetros de pavimento rígido, mientras que la estación de peaje registra 98 % de ejecución en su componente civil y las alcantarillas celulares están totalmente terminadas. También se contempla un acceso pavimentado de 120 metros a Nanawa.

Los trabajos de la ruta PY12 se desarrollan actualmente en cuatro lotes. Con la futura habilitación del corredor, se busca ofrecer condiciones de circulación más seguras durante todo el año, especialmente en épocas de lluvia, además de facilitar el transporte de productos, el acceso a servicios esenciales y la conexión de las comunidades con los principales centros urbanos.

La intervención, impulsada por el MOPC, cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla una etapa posterior de mantenimiento, destinada a preservar las mejoras realizadas y garantizar la funcionalidad de esta vía para el desarrollo regional.

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El desarrollo de la infraestructura es uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico de Paraguay. El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y director de Tecnoedil, sostiene que el país necesita aumentar los recursos destinados a obras para reducir las brechas existentes en rutas, energía, agua y saneamiento, además de fortalecer los servicios públicos.

Al frente del gremio, Sarubbi impulsa el diálogo entre el sector público y el privado para promover proyectos que respondan a las necesidades del país. Entre sus prioridades figuran la previsibilidad presupuestaria, el cumplimiento de los pagos del Estado y el aprovechamiento de herramientas como las concesiones y las alianzas público-privadas (APP). También advierte que la falta de continuidad en las inversiones dificulta la planificación de las empresas, la capacitación de trabajadores y la generación de empleos.

En entrevista con La Nación/Nación Media, el titular de Cavialpa analiza las necesidades de inversión, los desafíos financieros de las constructoras y las condiciones que Paraguay debe generar para atraer industrias y consolidarse como un centro logístico regional.

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Creo que, por sobre todo, tenemos que trabajar para que se entienda la necesidad de invertir en infraestructura. No debemos mirar solamente los intereses particulares de las empresas constructoras, sino tener una visión más amplia y entender lo que necesita el país. A partir de eso, debemos definir qué obras hacen falta y qué mecanismos de financiamiento se pueden utilizar, ya sea mediante deuda pública, concesiones o alianzas público-privadas. Tenemos que crear las condiciones para aprovechar el potencial de crecimiento económico de Paraguay.

Es importante que se invierta a un ritmo de entre el 4 % y el 5 % del PIB por año. Hoy no estamos llegando ni siquiera a la mitad de ese nivel. Para el próximo año estamos hablando de un poco más de USD 1.000 millones, mientras que el 4 % del PIB representa más de USD 2.000 millones. Podría ser posible alcanzar esos niveles en el futuro si también se reducen los costos fijos del Estado y se utilizan herramientas como las APP y las concesiones, que pueden complementar la inversión pública.

Uno de los principales problemas es la falta de previsibilidad sobre los volúmenes de inversión que habrá en los próximos años y los plazos de pago de las obras ejecutadas. Las empresas necesitamos saber cuántos proyectos habrá para dimensionar nuestros equipos, contratar personal y capacitarlos. También dependemos del financiamiento bancario para comprar maquinaria y materiales. Cuando el Estado no cumple con los tiempos de pago, los costos financieros aumentan mucho más de lo previsto y eso termina afectando la rentabilidad de las obras.

Estamos trabajando con el Parlamento para tratar de que el presupuesto sea acorde a las necesidades del sector. En 2026 tuvimos una de las mayores dificultades porque se aprobó un presupuesto bastante inferior a lo que necesitábamos. Para 2027 buscamos que no ocurra lo mismo. El proyecto presentado tiene un desequilibrio entre los fondos externos y los fondos locales, con una previsión bastante inferior a las necesidades en este último componente. Tenemos que trabajar para equilibrar esos recursos y contar con presupuestos acordes a las obras que se licitan.

La mano de obra paraguaya tiene mucha calidad. El problema es que, si no existe una política de Estado a largo plazo y no sabemos cuáles serán los volúmenes de inversión de los siguientes años, se vuelve difícil planificar. Hoy contratamos personal porque hay obras, capacitamos a los trabajadores y después, cuando disminuye la inversión, a veces tenemos que dejarlos ir. Esa capacitación es una inversión que no quisiéramos perder, pero no siempre tenemos otra alternativa.

La infraestructura genera condiciones para que haya inversión privada, y esa inversión produce mano de obra y mayores oportunidades para los ciudadanos. Una ruta no significa solamente transportar materias primas, sino también poder llegar al trabajo, a la escuela o a un hospital. Las obras mejoran la calidad de vida de la población y permiten que el país aproveche mejor sus oportunidades de crecimiento.

Paraguay tiene que transformarse en un centro logístico en el corazón de Sudamérica y aprovechar la cercanía con Brasil y Argentina para industrializar una mayor cantidad de productos y materias primas. Para eso necesitamos reducir los costos logísticos, desarrollar las hidrovías y pavimentar más caminos. También necesitamos energía en cantidad y calidad en todos los puntos del país. Es difícil atraer industrias si no podemos garantizar un suministro energético confiable, que permita a las empresas trabajar sin interrupciones.

Las concesiones y las alianzas público-privadas son herramientas muy importantes para complementar la inversión del Estado. Sin embargo, son proyectos complejos que requieren una buena estructuración y el compromiso de las instituciones públicas para avanzar de manera dinámica. También es fundamental que los riesgos estén bien distribuidos entre el Estado y el sector privado, de acuerdo con la capacidad de cada parte para administrarlos.

Más de 120.000 personas trabajan actualmente en el sector vial, dentro de las aproximadamente 270.000 que se desempeñan en la construcción. Además, las empresas asociadas a Cavialpa están diversificadas y trabajan en distintos rubros, como rutas, movimiento de suelos, energía y puertos. Es un sector que genera muchas oportunidades para los jóvenes y en el que también aumenta la participación de las mujeres. Por eso, es importante sostener las inversiones, profesionalizar las empresas y fortalecer la capacitación.

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Creo que las empresas van a seguir creciendo, profesionalizándose y diversificándose mientras el país mantenga su crecimiento. También aliento a que comiencen a mirar hacia el exterior y busquen ejecutar obras en otros países. Ya hay empresas paraguayas que están trabajando en mercados vecinos y en otros destinos, lo que demuestra que tenemos capacidad para competir fuera del país. Para seguir avanzando, necesitamos previsibilidad, proyectos bien estructurados y una visión de largo plazo para la infraestructura nacional.

• Paul Sarubbi tiene 50 años y es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Cuenta con una maestría en ingeniería vial, realizada mediante un convenio entre universidades paraguayas y la Universidad Católica de Chile, además de otra en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Austral de Argentina.
• Es director de la empresa constructora Tecnoedil y presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), gremio desde el cual representa al sector constructor y promueve el desarrollo de infraestructura de gran porte.

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