“La presenta­ción de este proyecto de ley es un hecho transcen­dental a menos de dos años de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña. Se pide un sistema de transporte público digno, que se reduzca los tiempos de espera por parte de los pasajeros, que los viajeros tengan certeza que los colec­tivos vendrán en sus respec­tivos horarios, que se genere un menor gasto y que haya más controles”, manifestó.

El parlamentario sostuvo: “Creo en la voluntad polí­tica del Congreso Nacio­nal y del Senado, la ciuda­danía ya no puede esperar un día más. Propongo que hagamos audiencias públi­cas, que escuchemos a los empresarios, a la sociedad civil organizada”.

La plenaria también aprobó que el tratamiento en código de la iniciativa comience el 27 de agosto. El trata­miento de código implica que las modificaciones debe­rán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El Artículo n.º 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.

El proyecto deberá ser dis­tribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán pre­sentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presi­dente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus funda­mentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.

En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.

“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.

“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.

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Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.

“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.

“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Queremos utilizar a la energía como un medio para el desarrollo“, manifestó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, en torno al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea la unificación de su institución con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al igual que la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Actualmente es dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Esto no es solo una fusión de instituciones, es mucho más que eso, se busca dotar al Viceministerio de Minas y Energía de mayores prerrogativas de la que actualmente tiene para ser un coordinador del sector energético integral y tener potestades superiores, normativas, para poder ejercer esa coordinación, control y llevar adelante los grandes desafíos que tenemos como país”, afirmó Bejarano en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos de leyes económicas que son impulsadas por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, y tienen como finalidad la transformación integral del Estado paraguayo. "Se busca que la energía sea el medio para un mayor desarrollo industrial en nuestro país, ese es el impacto que pretendemos con esta transformación y otorgamiento de rango ministerial. Esto no será un achicamiento del Estado, teniendo en cuenta que la estructura, el organigrama del viceministerio simplemente tendrá un traslado a otro ministerio", refirió.

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“Queremos seguir exportando energía, convertirnos en un mercado de comercialización de la misma, tanto de gas natural por eso se está proyectando el gasoducto bioceánico como también de la energía eléctrica, pero esencialmente como gobierno estamos buscando la utilización con una industrialización masiva. Nosotros sabemos que el gran paso que debemos dar para permear a la microeconomía y la macroeconomía es la industrialización”, acotó Bejarano.

Por otra parte, el viceministro se mostró confiado que la iniciativa ejecutiva será sancionada por el Congreso Nacional sin inconvenientes. “Creería que hay un consenso pleno para que esto se realice de la mejor manera, esto tiene una importancia relevante”, puntualizó.

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El segundo proyecto de ley que figura en el paquete se centra en que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba a la Secretaría de Repatriados. Teniendo en cuenta el grado de inversión que fortalece al sistema financiero, la tercera ley que se presentará consiste en una actualización de la Ley de valores de la Superintendencia de Valores para modernizar todo el marco jurídico del funcionamiento de la bolsa de valores en Paraguay.

La cuarta iniciativa se trata de una nueva ley de energías renovables para dar mayor participación al sector privado. Mientras que el quinto y el sexto contemplan la modernización de las leyes 60/90 y de maquila, regímenes que han sido pilares del crecimiento económico nacional. En ambos casos, se busca adaptarlos a los nuevos tiempos y maximizar su impacto.

También se prevé que los bienes importados bajo la ley 60/90 puedan constituir fideicomisos como garantía para acceder a más financiamiento. Además, se incorporarán rubros ligados al turismo, potenciando la sinergia entre comercio e infraestructura turística. Respecto a la ley de maquila, se anunció una innovación clave: la incorporación de la maquila de servicios. En séptimo lugar se da pie a la creación de un nuevo régimen, el proyecto de ley de ensamblaje de productos electrónicos.

El proyecto de ley de reforma del transporte público presentado por el Poder Ejecutivo contempla diversas modalidades para operar el sistema, de modo que el Estado pueda acudir a la alternativa más adecuada según la necesidad. Así lo explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al detallar el contenido del documento.

“La ley nos da herramientas para que el Estado pueda llevar adelante la política pública de movilidad para el ciudadano”, señaló Fernández. Agregó que el proyecto establece un modelo basado principalmente en concesiones mediante licitación pública, donde empresas privadas traen sus propios buses y operan el servicio.

Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que el Estado pueda adquirir flota, proveerla o incluso operar directamente el servicio, en caso de que no existan oferentes o que se requiera garantizar su funcionamiento. “Lo que hicimos con esto es abrir la ventana de posibilidades para que el Estado pueda tomar las decisiones que mejor sean para el ciudadano”, afirmó el viceministro.

Al mismo tiempo, destacó que el transporte público es un derecho fundamental y un servicio imprescindible, cuya prestación debe estar asegurada por el Estado bajo cualquier escenario. Actualmente, ya se aplica uno de estos mecanismos con la incorporación de buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán), cuya flota pertenece al Estado, pero es utilizada por operadores privados mediante licitación.

“El Estado debe tener habilidades jurídicas para hacer estas cosas, por eso la ley prevé distintas maneras de prestar el servicio”, insistió Fernández ante la 650 AM. Durante la presentación del proyecto, el presidente Santiago Peña pidió al Congreso celeridad en el tratamiento de la iniciativa.

“Es un gran paso haber presentado una ley tan necesaria y con tanto impacto, que puede mejorar la vida de las personas”, expresó el viceministro