Estas acciones son realizadas con el fin de velar por el bienestar del usuario y las condiciones de servicio que percibe diariamente, de manera a seguir trabajando constantemente por el mejoramiento continuo del sistema de transporte público. Foto: Christian Meza.
Cancelan itinerario a empresa de transporte público e inician sumario a otras dos
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El Viceministerio de Transporte resolvió hoy iniciar sumario a dos empresas de transporte por deficiencias en la prestación del servicio, informaron desde la subsecretaría de Estado.
Se trata de Automotores Villa Hayes SRL, concesionaria de la línea 46 (Resolución J.I.S. Nº 13/2020) y de Lago Azul de Ypacaraí SA, concesionaria de la línea 128 (Resolución J.I.S. Nº 04/2020). Estos sumarios se imparten a los efectos de comprobar las condiciones de prestación del servicio, en las que se constató, entre otras deficiencias, el incumplimiento de la frecuencia establecida.
Por otra parte, también se notificó el rechazo de la solicitud de reconsideración al sumario administrativo ya concluido a la Empresa de Transporte y Turismo Choferes del Chaco SA, concesionaria de la línea 20, por lo que se dispuso la cancelación del permiso del usufructo del itinerario a dicha empresa por Resolución G.V.M.T. Nº 37/2021.
Estas acciones son realizadas con el fin de velar por el bienestar del usuario y las condiciones de servicio que percibe diariamente, de modo a seguir trabajando constantemente por el mejoramiento continuo del sistema de transporte público del Área Metropolitana.
Por otra parte, el Viceministerio de Transporte publicó una lista de empresas que son permisionarias para el Área Metropolitana y que no cumplieron con los servicios dentro de sus respectivas áreas de cobertura para el usuario.
El documento señala que desde el lunes 15 de marzo hasta el viernes 19 del mismo mes fueron sancionadas 17 empresas por no cumplir con la frecuencia establecida. Así también, informaron que por el mismo motivo fueron sancionadas otras 13, desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo.
En cuanto a las sanciones por sobrepasar el límite de pasajeros establecido, ante la situación de la pandemia del COVID- 19, se tomaron medidas para un total de 7 empresas durante la presente semana.
El informe continúa con sanciones a otras 4 empresas del transporte público de pasajeros que incumplieron con las normas sanitarias establecidas. El periodo de tiempo en el que se detectaron estas irregularidades va desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del presente año.
El senador Basilio Núñez destacó la posibilidad de mejorar el sistema de transporte público en el departamento Central, apuntando a una labor colaborativa no solo entre diferentes sectores del Poder Legislativo, sino con la propia Gobernación de Central y autoridades ministeriales.
“Celebro que el gobernador de Central se sume a la mesa de diálogo porque ya existe una establecida por el Poder Ejecutivo, sin mencionar los diálogos que estamos llevando adelante con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión”, destacó sobre la búsqueda de una solución integral.
Las declaraciones del senador responden a la presentación del gobernador Ricardo Estigarribia, junto con legisladores de la oposición, de una propuesta de reordenamiento del servicio del transporte público en su departamento, apuntando a un mejoramiento de dicha prestación.
De acuerdo a la propuesta de Estigarribia, se habla de reordenar los itinerarios, realizar pagos de subsidio por kilometrajes recorridos y no por pasajeros. Al respecto, Núñez ya adelantó que no considera dicho cambio en el subsidio como una alternativa válida.
El funcionario de J. A. Saldívar Sergio Espínola Villalba, el senador Líder Amarilla y el funcionario de IPS Renán Leguizamón, vinculados
a empresa denunciada por usura. Ninguno de los tres declaró ante Contraloría
Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
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La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
Funcionarios de la Municipalidad de J.A. Saldívar y de IPS aparecen en una de las empresas adjudicadas con millonarios contratos en Villa Elisa durante la administración del senador liberal Líder Amarilla y el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
La Sala Penal está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.
No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.
El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Seprelad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.
El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Conocé a Emiliano Fernández, el nuevo viceministro de Transporte
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La ministra de Obras Públicas (MOPC), Claudia Centurión, presentó al nuevo viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, quien asumirá el cargo en reemplazo de Guido Benza. Conozcamos a profundidad al nuevo dueño del cargo.
Centurión destacó que Fernández está comprometido con la visión de modernizar el sistema de transporte público en su totalidad, no limitándose únicamente a la renovación de flotas, sino abordando también la actualización de condiciones contractuales y regulaciones. En palabras de la ministra, se pretende crear un sistema único que abarque todas las áreas pertinentes.
El nuevo viceministro, quien ostenta un máster en Economía con énfasis en Políticas Públicas y Sociales, previamente se desempeñó como viceministro de Crecimiento Económico de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y fue miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desde el año 2021.
Fernández, por su parte, señaló que el actual sistema de transporte público adolece de deficiencias significativas que afectan tanto a los usuarios como a los transportistas, y subrayó la importancia de abordar aspectos clave como las finanzas, los permisos y licencias, la utilización de rutas y la renovación de flotas para la creación de un sistema más eficiente y equitativo.
En este contexto, el Gobierno se propone modificar las condiciones de contrato con los prestadores del servicio de transporte, trabajando de manera colaborativa con dicho sector, con el objetivo de establecer un marco regulatorio que garantice condiciones claras y de calidad para todos los involucrados.
Este anuncio refleja un paso importante hacia la transformación integral del sistema de transporte público, con miras a mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar la operatividad del servicio en beneficio de la ciudadanía.