La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.

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Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

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Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

Aunque era un secreto a voces que la oposi­ción siempre actuó en complacencia con Mario Abdo Benítez, cuando era pre­sidente y ahora que ya no lo es, sorprende la poca vergüenza con la que senadores que pre­sumen de ser opositores reco­nozcan públicamente que no permitirán su desafuero, algo necesario para la Justicia a fin de acusarlo en el caso filtración de Seprelad.

Senadores de la oposición han confirmado que no acompa­ñarán el desafuero del expre­sidente Mario Abdo Benítez, pese a que él mismo ha solici­tado a la Cámara Alta que se dé tratamiento y aprobación al pedido. Tanto Celeste Amari­lla como Rafael Filizzola ase­guraron que no van a acom­pañar, argumentando que se trata de una supuesta perse­cución en una “causa selec­tiva”.

En el programa de Mina Feli­ciangeli, el senador Filizzola defendió los argumentos por los cuales considera que no hay méritos para aprobar el desafuero del senador vitali­cio Mario Abdo Benítez. En tanto, su colega Celeste Ama­rilla anunció que ni siquiera votará cuando se trate el tema. Dijo, tajantemente, que no quiere que se la meta en “jue­guitos entre colorados”. Ade­más, consideró que la ANR merece ir a la llanura.

Ninguno de los dos supo expli­car cómo tienen esta actitud cuando que el propio Abdo pidió su desafuero, por lo que queda palpable que lo que publicó en sus redes el expre­sidente era puro show puesto que ya sabía que sus seguido­res lo blindarían.

De igual manera, días pasados, la senadora Lilian Samaniego, del movimiento Ambulancia Republicana, dijo que también votará en contra del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtración de datos con­fidenciales del expresidente Horacio Cartes a través de la Secretaría Nacional de Pre­vención de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales. “No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posi­ción”, señaló Samaniego ante la versión de que el oficialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legislado­res para aprobar el pedido de desafuero de Marito.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anunció a mediados del mes de marzo que soli­citará a la Cámara de Senadores su desafuero tras verse acorralado ante supuestos hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio ocurridos durante su gobierno.

A través de sus redes sociales oficiales, el líder del movimiento Fuerza Republicana expresó sentirse indignado y arremetió contra el Ministerio Público calificándolo como una institución “sometida a un grupo de poder”.

“La lucha contra el crimen requiere que todos los paraguayos estemos unidos y con valentía por eso quiero anunciar que enviaré una nota al presidente del Congreso solicitando mi desafuero, a efectos de que el Senado retire la inmunidad que me corresponde como senador vitalicio”, dijo.

• por Sofía Céspedes
• sofiacespedes@nacionmedia.com

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo pro­mulgó la Ley 7452, que moderniza la inversión en infraestructura pública, cono­cida como Asociación Públi­co-Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propues­tas del sector privado y así tam­bién aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue lici­tado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojo­nes, Asunción, y termina en la ciudad de Quiindy, depar­tamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estraté­gicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que se están realizando las últimas consul­tas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar los detalles se publi­carán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un finan­ciamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, dise­ñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calza­das y cuatro carriles, que conec­tará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Sil­vio Pettirossi. “Sobre este pro­yecto estamos en la prepara­ción de las condiciones de los concursos que van a ser publi­cados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se inclui­rán adendas para mejorar el tramo Luque-San Bernardino y el trayecto Luque-Areguá. También agregó que esto mejo­rará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia. En detalles, el corredor Ypaca­raí-Areguá-Luque: se inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asun­ción desde Ypacaraí, Patiño,

Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y poten­cia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypaca­raí-San Bernardino-Luque (Tarumandy), este se inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, opti­mización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino-Luque. También contempla la incor­poración de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02. “Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la amplia­ción de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, cono­cida como Llave en Mano, con una inversión de USD 110 millo­nes y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inver­sión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento impor­tante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, habló sobre la impor­tancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestruc­tura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la Ley de APP. “A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar faci­lidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurí­dica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó.

Sobre el empleo que esto gene­rará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movi­miento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande. “Las gran­des obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 per­sonas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

Recordó que hoy la construc­ción tiene un rol muy impor­tante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más indus­tria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo mani­fiestan que las modificaciones hechas a la Ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorpo­raciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Econó­micos de la Presidencia de la República. “Entre las princi­pales innovaciones se desta­can el aumento de la partici­pación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y gene­rando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Agregó que esto abre la posibi­lidad de canalizar más recur­sos hacia la mejora de la infraes­tructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Res­ponsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

Algunas de las modificaciones hechas a la Ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar inicia­tivas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.