El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, se reunieron por la mañana de este jueves para analizar la posibilidad de establecer una mesa de trabajo interinstitucional, a fin de dar mayor dinámica a lo concerniente a las inversiones inmobiliarias.
Esto, considerando que se trata de uno de los ejes centrales del plan de reactivación económica impulsada por el Gobierno. El encuentro se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia, donde, además, Llamosas dio su saludo protocolar al nuevo titular de la máxima instancia judicial.
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Apoyar la reactivación
El ministro recordó que las inversiones inmobiliarias cuentan con dos autores claves, que son el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la CSJ. Comentó que la directora de esta última entidad también participó de la reunión, de manera virtual. La conversación fue propicia para acordar acciones tendientes a instalar una mesa interinstitucional para agilizar los procedimientos.
A su vez, María Fernanda Carrón, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), quien también formó parte de la reunión, dijo que el interés principal del ente es apoyar la reactivación económica. Resaltó que el trabajo conjunto podría conducir a coordinar esfuerzos de los sectores privado y público.
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Tía Katya Juguetería acompaña iniciativa de la CSJ y Hogar Guadalupe con donación de juguetes
Tía Katya Juguetería acompañará la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y el hogar Guadalupe, con motivo del Día del Niño y la Niña en Paraguay con la donación de juguetes para quienes participen de esta actividad, en el marco de una acción conjunta de responsabilidad social empresarial.
La juguetería realizará la donación de 60 juguetes para niños y niñas de entre 8 y 13 años, con envoltorios y tarjetas personalizadas. “Nos sumamos con mucha alegría a esta iniciativa, entendiendo que la infancia merece ser celebrada y acompañada en todos los contextos, y más aún cuando se trata de niños en situación judicial”, destacó Katya Jasinski, propietaria de la firma, a La Nación/Nación Media.
Aseguró que creen firmemente que emprender también implica un compromiso social, y esta acción forma parte del deseo de aportar, desde su lugar, un momento de juego, contención y esperanza.
“Creo profundamente que emprender también implica un fuerte compromiso social. Cuando me hablaron de esta actividad organizada por la Corte Suprema de Justicia, sentí que era una forma concreta de acompañar, desde lo que sé hacer: llevar alegría a través del juego”, expresó.
El acto será en el salón auditorio de la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves 14 de agosto a las 11:30, con la presencia de las máximas autoridades judiciales e invitados. Jasinski comentó que los niños y niñas involucrados están atravesando situaciones muy difíciles, por eso, “si un juguete puede representar un momento de contención o esperanza, entonces vale totalmente la pena estar presentes”.
Como mensaje para los niños y niñas dijo: “Quiero que jueguen un montón. Que sueñen en grande, sin miedo. Que nadie les quite las ganas de imaginar, de inventar mundos y de hacer preguntas”.
Así también, que su infancia esté llena de momentos felices y que el juego sea parte del día a día, además, que tengan de cerca un adulto plenamente responsable de su bienestar, que lo acompañe con respeto, cuidado y amor.
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Más sobre Tía Katya
Tía Katya Juguetería nació en plena pandemia del 2020 como un pequeño emprendimiento online, con dos cajas de juguetes y el firme deseo de crecer. Con el tiempo, este proyecto fue ganando espacio y confianza, hasta convertirse en una juguetería física con identidad propia.
Hoy la tienda está ubicada en el supermercado Superseis de España, de Asunción. Allí desarrollan sectores temáticos, actividades interactivas y espacios pensados para que los niños se sientan bienvenidos, curiosos y libres.
Tía Katya no es solo un lugar donde se compran juguetes, sino un espacio donde la infancia tiene un rol protagonista. Los interesados en conocer las opciones del local pueden ingresar a @tiakatya.py en Instagram.
Como marca, vienen trabajando de forma muy cercana con las familias. El pasado 2 de agosto realizaron un evento gratuito por el Día del Niño y la Niña, que reunió a más de 250 niños y niñas en el local, con juegos, actividades artísticas, premios y muchas sorpresas, y, además, lanzaron la segunda edición de su proyecto denominado “Mini Influencers”.
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Tobilleras podrían alcanzar para 2.900 usuarios, afirman
El director del Sistema 911, Hernán Escobar, ratificó que existe un contrato abierto de hasta 1.000 tobilleras electrónicas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ampliar el uso de estos dispositivos a nivel nacional.
“Lo que nosotros habíamos solicitado el 18 de julio a la Corte es que esto se amplíe a todo el paaís y en todas las etapas procesales. Así como a todo el ámbito de aplicación de la ley y la Corte, ayer fue eso lo que nos otorgó”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Recordó que con recursos de la Itaipú Binacional se invirtió en el equipamiento de la Policía Nacional con la adquisición de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y ahora está en proceso de entrega los chalecos. “Y una de las partes es la parte de Comunicación, nosotros le dotamos a la Policía un nuevo sistema de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de ver en tiempo real en Asunción y en Central dónde están las patrulleras”, subrayó.
DESCOMPRIMIR
En cuanto a la dotación de tobilleras, Escobar mencionó que hoy diez dispositivos están colocados en seis hombres y cuatro mujeres. Según manifestó, las tobilleras podrían tener 2.900 usuarios posibles dentro del sistema penitenciario, aunque aclaró que son los jueces los que deben otorgar el uso. Con ello se podría descomprimir el sistema penitenciario que está muy cargado, conforme expresó.
“El contrato que hicimos con el llamado por licitación pública fue a un servicio, o sea, nosotros pagamos por equipos activos. Significa que hoy el Ministerio del Interior paga por diez y a medida que vaya subiendo va a pagar por la cantidad que tiene activo hasta completar 1.000”, añadió.
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Amplían uso de tobilleras electrónicas a nivel país
La Corte Suprema de Justicia aprobó la utilización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económicos en Asunción y el departamento Central.
La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacional, que alegó contar con la infraestructura y capacidad técnica para monitorear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cualquier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medidas restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.
Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras electrónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por limitaciones técnicas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.
“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesaria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y reducir el hacinamiento penitenciario, al brindar una opción efectiva al encierro.
MIL TOBILLERAS
Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dispositivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficiario, salvo en caso de insolvencia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.
La Acordada n.º 1779, recientemente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obligatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.
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Ejecutivo acompañará eventual endurecimiento de penas para crímenes contra menores
El presidente Santiago Peña expresó su predisposición a acompañar un eventual proyecto para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra menores, tras el asesinato de Melania, la niña de 11 años en el departamento de Caazapá. Aseguró que, si el caso evidencia vacíos en la legislación vigente, no dudará en impulsar los cambios necesarios.
“Si la legislación no está acorde a lo que necesitamos, no tengan la menor duda de que voy a tener la certeza de pedir el aumento de las penas”, afirmó el mandatario, al referirse al crimen que conmocionó al país. Peña subrayó que ya en ocasiones anteriores su gobierno ha promovido iniciativas para sancionar con mayor dureza este tipo de delitos, y sostuvo que volverá a hacerlo si corresponde.
El presidente también ordenó una revisión del proceso judicial que rodeó el caso de Melania, a través de su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta. Indicó que han mantenido conversaciones con el titular de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas institucionales.
“No queremos adelantar si hubo errores en tal o cual lugar, pero lo que no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, señaló. Peña contó además que solicitó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que visite a la madre de la víctima y brinde apoyo institucional.
“No hay posibilidad de contención total para una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel, pero estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó. Con tono firme, el mandatario cerró su mensaje asegurando que dará seguimiento cercano al caso y reiteró su compromiso de actuar si se comprueba que el marco normativo actual resulta insuficiente para proteger a los niños.