La directora del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Jabibi Noguera, se refirió al reciente informe de la Contraloría General de la República que detecta millonarias irregularidades en la gestión de la institución. La funcionaria aclaró que asumió el cargo el 30 de julio de 2024, apenas 24 horas antes de la llegada del equipo auditor.

“El trabajo es mucho y estamos tratando de hacer, lo que la contraloría dice para nosotros es mostrarnos el problema, es decir, tenemos el problema ahora cómo solucionamos, es una oportunidad, es una crisis que al final ayudará para bien“, dijo en conversación con “Arriba Hoy”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media.

El informe del órgano contralor señala pérdidas superiores a G. 58.000 millones debido, principalmente, a compras inadecuadas de medicamentos. “Llegué un día antes de que se instalara la Contraloría. Desde entonces, fuimos proveyendo toda la documentación requerida”, expresó.

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A esto añadió, “no puedo hablar de lo que ocurrió en las administraciones anteriores porque no me compete. Yo puedo hablar desde mi gestión: qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando”, afirmó Noguera.

La actual administración asegura haber comenzado un proceso de fortalecimiento interno, enfocado en tres ejes críticos: infraestructura, recursos humanos y provisión de medicamentos. “En las primeras entrevistas que di ya hablé de las debilidades del INCAN: falta de mantenimiento edilicio, falta de personal y la necesidad de asegurar una provisión continua de medicamentos”, recordó.

Entre las acciones emprendidas, Noguera destacó la contratación de médicos, enfermeros y personal de apoyo, así como el inicio de un plan de reestructuración edilicia. “Ya comenzó la readecuación de la planta alta del área de internados. En una segunda etapa se abordarán los quirófanos y otras áreas. Además, está próxima la construcción de un nuevo pabellón con consultorios, farmacia, admisión y un parque sanitario”, detalló.

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La directora aseguró que los esfuerzos apuntan a mejorar la calidad del servicio para los pacientes oncológicos, quienes constituyen una población especialmente vulnerable. El informe del ente contralor hace mención de compra de medicamentos vencidos, entre otras irregularidades que tendrían origen en el periodo de gobierno anterior, dado que la auditoría abarca el 2023 y 2024.

El director general de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Senadores, Anselmo Duarte, indicó que inició el proceso de sumario a los dos exfuncionarios que estarían vinculados a la senadora Noelia Cabrera. Aunque aclaró que existen ciertas nebulosas con la nueva ley 7445/25 del Servicio Civil, ya que la misma aún está pendiente de reglamentación.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que la nueva legislación entró en vigencia recientemente, y aún se está trabajando en lo que respecta a la reglamentación; sobre todo en lo que hace a los sumarios a los funcionarios públicos.

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Si bien, el proceso sumarial se puede llevar adelante, aunque hayan renunciado los funcionarios afectados, lo que no se puede establecer todavía son las sanciones al respecto, ya que las mismas deben ser establecidas en la reglamentación.

Mencionó que la máxima sanción que es la destitución, pero ahora con los afectados renunciantes, no queda clara cuál sería esa sanción.

No obstante, recolectarán toda la información con los documentos que se tengan a mano, para llevar a cabo todo el proceso de sumario hasta el paso previo de la sanción, para luego entregar el informe a la presidencia de la Cámara Alta.

“Vamos a llevar adelante una investigación hasta donde corresponde. Solamente que debemos señalar que la nueva ley es un poco difusa, porque no está claro a qué llegamos con el sumario. Porque lo normal de un sumario es llegar a una consecuencia que sería una sanción”, comentó.

Tampoco está reglamentado dentro del Senado, porque también forma parte de la reglamentación de la nueva ley. “Pero aún así tenemos que llevar a término el proceso de sumario, al menos la investigación sumaria”, acotó.

Al respecto, aclaró que la investigación sumarial se basará en las faltas que pudieron cometer los entonces funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, sobrinos de la legisladora liberal.

“Esas cuestiones de quién es pariente de quién, nosotros no somos una dirección jurídica de investigación en este caso, ese tema creo que le compete al Ministerio Público investigar si es que existe el hecho punible al respecto”, precisó.

Los distintos miembros de la oposición que integran la denominada bancada democrática, reunida el viernes último en la residencia de la senadora Celeste Amarilla, resolvió presentar el pedido de pérdida de investidura contra su colega, la senadora liberal Noelia Cabrera, alegando que existen las suficientes causales.

Al respecto, el líder de la bancada oficialista, el senador Natalicio Chase, insistió a que se debe aguardar que concluya el proceso sumarial antes de que el plenario tome algún tipo de posición y abogó a que sus colegas de la oposición también aguarden el resultado del sumario.

Indicó que, hasta ahora, lo único que se conoce es lo que se informó a través de los medios de prensa y no se tiene confirmación a través de ningún documento. Señaló que el presidente del Senado abrió un sumario, y cuando este concluya se tendrá una mayor capacidad de análisis.

“Nada vamos a hacer de manera apresurada. Cuando termine el proceso de investigación sumarial, seguramente vamos a tener nosotros las herramientas necesarias para tomar una determinación. Por ahora es absolutamente imprudente emitir una opinión. Porque no podemos condenar a nadie sin el debido análisis”, expresó.

Insistió que la bancada de Honor Colorado se mantendrá prudente en este caso aguardando el resultado del sumario para luego llevar adelante su propio análisis y ya será hasta entonces que tomen una decisión al respecto.

Siga informado con: Viceministro de Salud aclara observaciones de la Contraloría sobre compras irregulares

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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Después de más de dos años de interrupción, en setiembre se volverán a reactivar las obras de Yacyretá que se están rea­lizando en la zona del brazo Aña Cuá del río Paraná, hecho muy celebrado porque implica la continuación de un proyecto de gran envergadura.

Gracias a los acuerdos que surgieron de las conversaciones del presidente paraguayo, Santiago Peña, y el argentino, Javier Milei, se logró desbloquear el problema de finan­ciamiento existente y continuarán los traba­jos que estaban paralizados desde 1923, por decisión del Gobierno argentino. El consejo de administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suscribió la semana pasada la resolución de continuar las obras donde se instalarán las turbinas que darán una mayor potencia de generación a la usina paragua­yo-argentina.

El viernes 1 de agosto la empresa construc­tora adjudicada volverá a instalarse en Aña Cuá para preparar los equipos y adoptar las medidas administrativas necesarias para que en setiembre se reanuden los trabajos necesarios. De ese modo, luego de dos años y ocho meses se reanudarán las obras que se habían suspendido en diciembre de 2023 provocando centenares de despidos de tra­bajadores en Ayolas, lado paraguayo, e Itu­zaingó, zona argentina.

La obra consiste en instalar tres nuevas turbinas en la margen derecha del Paraná, en territorio paraguayo, fuera de la isla de Yacyretá, para aprovechar el brazo del río donde existe un embalse cuyas aguas trans­curren por el segundo vertedero hasta caer en el cauce secundario que va por tierras nacionales.

Con la maquinización de esta arteria flu­vial se espera generar alrededor de 270 megavatios adicionales, con lo que aumen­tará cerca del 10 % la actual potencia de la hidroeléctrica. Como este brazo del río pasa por territorio paraguayo la energía que produzca se generará en jurisdicción de nuestro país.

Esta obra en construcción implica una inversión total de 450 millones de dólares, dinero que no se obtendrá de ningún prés­tamo, como ha sido con el resto de las obras de la hidroeléctrica, sino de los fondos pro­pios de la EBY. De acuerdo con los planes que se tienen previstos, la primera turbina podría entrar en funcionamiento en 2026, y se espera la conclusión del proyecto para principios de 2029.

La prosecución de las obras en el brazo Aña Cuá, luego de la pausa que comenzó en 2023, es un acontecimiento que hay que celebrar con alegría. Porque cuando con­cluya, asegurará una mayor potencia a la hidroeléctrica binacional, en el futuro, mientras tanto, en el tiempo actual gene­rará empleo a miles de trabajadores que quedaron a la deriva, lo que contribuirá fuertemente a la economía de la zona afec­tada, como es el caso del departamento de Misiones, Paraguay, y la provincia de Corrientes, Argentina.

Desde el inicio, la construcción de las obras de Yacyretá ha sufrido las vicisitudes que ha tenido el vecino país en las últimas déca­das, con los problemas ocasionados por la inestabilidad económica y política. La firma del Tratado de Yacyretá se produjo en diciembre de 1973 y las obras de la cons­trucción de la represa se iniciaron en 1983. Once años después, en setiembre de 1994, se puso en funcionamiento la primera tur­bina. Por lo cual la hidroeléctrica comenzó a operar 21 años después de la firma del tra­tado binacional correspondiente.

La lentitud de la obra hidroeléctrica que se tiene con Argentina es notable si se hace la comparación con la historia de Itaipú, que se ha construido con Brasil. Yacyretá ha tardado casi el doble del tiempo que Itaipú para producir energía.

La suscripción del Tratado de Itaipú fue en 1973 y comenzó a generar electrici­dad en 1984, luego de once años. La capa­cidad de generación actual de Itaipú es de 14.000 megavatios (MW), en tanto que la de Yacyretá es de 3.200 MW, que recibirá de Aña Cuá 270 MW más.

Teniendo en cuenta la historia de retrasos en las obras de Yacyretá es que el anuncio de la reanudación de los trabajos en Aña Cuá representa una excelente noticia. Una obra de tanta trascendencia, que aumen­tará en 10 % el potencial de generación de la usina, no debe sufrir ya ninguna dilación y debe continuar hasta concluir. Porque su aporte en la generación de electricidad será de un enorme valor en términos económi­cos y sociales para ambos países.