El diputado Adrián “Billy” Vaesken presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar el servicio del sistema del transporte público en Asunción y el área metropolitana planteando la transferencia del subsidio estatal de forma directa a los pasajeros mediante desembolsos en sus tarjetas de billetaje.

En la exposición de motivos, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirma que el usuario tendrá empoderamiento en el uso de la plata pública, además obligará a los empresarios a mejorar su servicio, terminando con las reguladas y los buses chatarras. Al mismo tiempo garantiza que el transportista reciba el pago puntual por el servicio que brinda, evitando así su endeudamiento.

La iniciativa sostiene que el Estado, a través del Viceministerio del Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a partir de ahora se lo menciona como “la autoridad competente”, establecerá un sistema de tarjetas de transporte público único e intransferible para los usuarios del transporte público en el territorio nacional.

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El documento agrega que cada usuario tendrá derecho a registrarse y adquirir una sola tarjeta de transporte público, que será habilitada con la fotocopia de cédula y según los criterios de elegibilidad, cuyo número de cédula podrá registrar solo una tarjeta de transporte público.

Otro punto del proyecto de ley indica que la tarjeta podrá ser anulada en caso de extravío u otra situación fortuita y posteriormente ser habilitada una nueva tarjeta con la fotocopia de cédula de identidad del usuario, transfiriendo el saldo de la tarjeta anulada a la nueva habilitada.

Asimismo, refiere que las denuncias de extravío podrán ser realizadas en los locales comerciales habilitados para su comercialización. Agrega que el Estado a través de la autoridad competente organizará y se encargará de las mismas, será responsable del control y serán protegidas contra su duplicación y usos no autorizados.

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Por otra parte, manifiesta que el Estado asignará los subsidios directamente a las tarjetas de los usuarios en función de elegibilidad establecidos por la ley. Señala además que los criterios de elegibilidad para recibir subsidios podrán incluir los ingresos; aquellas personas cuyas entradas económicas no superen los cuatro salarios mínimos establecidos por ley.

Ciudadanos con discapacidades demostrada con una certificación del Instituto de Salud Pública, personas de la tercera edad, estudiantes o cualquier otro criterio que se considere apropiado para asegurar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan.

La proporción de los ingresos tributarios destinados al pago de salarios en el sector público se redujo al 60 % en lo que va de este año, lo que indica una mayor calidad en el gasto de los recursos, informó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, durante la reu­nión del Consejo de Minis­tros en Palacio de Gobierno.

“El uso de los ingresos tri­butarios para el pago de salarios es un indicador de la calidad del gasto, por­que por lo general la mayor parte de los ingresos tribu­tarios iban simplemente a financiar salarios en el sec­tor público. Desde el 2019 hasta el 2023 el porcentaje era equivalente al 70 % en algunos, 72 % en otros, pero siempre por encima del 70 %”, precisó Carlos Fernán­dez Valdovinos.

El ministro aseguró que teniendo en cuenta su expe­riencia dentro de la admi­nistración pública nunca observó un número tan bajo, lo que demuestra que se está haciendo un buen tra­bajo para mejorar el uso de los recursos públicos. “La reducción de la proporción del ingreso destinado al pago de salarios permite financiar cuestiones que son priorita­rias como la compra de medi­camentos o las transferen­cias sociales”, acotó.

También mencionó que a través de esta mejora, se están destinando recursos a otros gastos, lo que refleja un avance en términos cuantita­tivos y cualitativos.

Por otra parte, Carlos Fer­nández Valdovinos señaló que de acuerdo a los datos registrados en el primer cuatrimestre del año y los números referentes al défi­cit fiscal, el Gobierno sigue trabajando acorde al plan de convergencia que establece el déficit máximo al 2,6 % (del PIB) hasta finales de este año. “El año pasado, en diciem­bre, se tenía alrededor de 1 % del PIB en pago de deudas atrasadas y eso no va a volver a ocurrir este año. Actual­mente estamos con un 3,4 % de déficit anualizado, lo cual nos coloca en una situación muy buena”, indicó.

• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Desde la creación de la Ley Orgánica del IPS, hace ocho décadas, entonces el mundo ha dado varias vueltas. Sin embargo, esta legislación vetusta, obsoleta y desfasada en el tiempo sigue casi igual, salvo algunas que otras adendas realizadas en los últimos años, pero insuficientes.

Se hace necesario que las autoridades del IPS presenten al Parlamento el proyecto de ley que permita su modificación para actualizarla debidamente y así cumplir con objetivos y metas, que la actual Ley Orgánica no lo puede hacer posible.

Es prioritario fortalecer el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que permita darles la tranquilidad que precisan los asegurados de que desde el punto de vista económico-financiero, la provisión mensual de recursos económicos se mantiene cubierta y respaldada.

El IPS es propietario de varios centenares de inmuebles ubicados en diversos sitios de nuestra capital, ciudades periféricas y en el interior de nuestro país, muchas de ellas ociosas y subutilizadas.

Es posible subsanarlo con una carta orgánica actualizada, pues muchos de ellos siguen generando a la entidad gastos rígidos mensuales, pudiendo comercializarlos e invertir su producido en instrumentos financieros o acciones en otras empresas que les generen ingresos pasivos sostenibles y sustentables.

Se hace necesario que los inmuebles más valiosos sean retasados a valores de mercado, que permitan generar nuevas reservas de revalúo de forma tal que su patrimonio neto pueda mostrarnos contablemente un perfil diferente al actual, dado que desde el punto de vista contable y legal son capitalizables en un 100 por ciento.

Cuentan con muchos inmuebles de renta, cuyos locatarios siguen pagando precios de alquileres muy por debajo de lo normal por falta de actualización, y que les podrían estar generando a la institución niveles de ingresos más remunerativos, que fortalezcan a su gestión económica.

En función a lo estipulado en su actual Carta Orgánica, en caso de necesidad y con la aprobación del Consejo de Administración podrían encarar inversiones inmobiliarias a través de alianzas estratégicas, aportando el terreno como capital del emprendimiento, y haciéndose cargo de las obras civiles los desarrolladores del sector privado, en un país como el nuestro en donde el déficit de viviendas sigue siendo elevado (superior a 1.000.000).

Independientemente de los inmuebles arrendados, el mayor porcentaje de sus ingresos provienen de colocaciones en CD a plazo fijo dentro del sistema financiero local complementados por intereses generados por préstamos a funcionarios y jubilados y compra de bonos de renta fija, siendo necesario atomizarlos y diversificarlos mucho más.

La reciente promulgación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones le permitiría al IPS poder hacer una reestructuración de la “torta” de inversiones financieras a través de diversos instrumentos, siendo el momento adecuado para que el Consejo de Administración acelere las gestiones ante las cámaras de Senadores y Diputados para tenerlo sancionada y promulgada, permitiéndolos ofrecer otros productos financieros que contribuyan a fortalecer su actual estructura económica-financiera-patrimonial.

Estamos en pleno siglo XXI donde la capacidad innovativa y creativa tiene un importante valor agregado, y no queda otra más que reinventarnos en forma proactiva y con visión de futuro.

Dejemos atrás el statu quo, circunscribiéndonos solamente a los productos financieros tradicionales, pudiendo auscultar otras alternativas de inversión que puedan redituar al IPS ingresos adicionales, en beneficio directo de su posición económica-financiera.

Los asegurados activos, jubilados y pensionados se merecen recibir una contraprestación de calidad.

Desde el Consejo de Admi­nistración del Instituto de Previsión Social (IPS) manifestaron que se están tomando una serie de medi­das con el fin de recuperar la estabilidad de las cajas. Esti­man que para fines del 2025 se dejaría de recurrir a las reservas de la previsional, retornando así al equilibrio financiero.

“Ahora tenemos un creci­miento importante en las recaudaciones porque se ha fortalecido el Aporte Obrero Patronal, entonces está dis­minuyendo el uso de las ren­tas. Pensamos que con un programa de incentivos y crecimiento de los aportan­tes podemos llegar al equili­brio de ingresos y egresos y ya no tocar las reservas, eso está previsto para fines del 2025, aproximadamente”, expresó Víctor Insfrán, miembro del Consejo.

Otra de las alternativas pre­vistas que ayudará a recu­perar el equilibrio es la dis­minución del presupuesto de administración para des­tinar al fondo de salud y así atender las necesidades de los asegurados. En cuanto a las medidas vinculadas al fondo de jubilación, apun­tan a aumentar a 10 años el cálculo para el haber jubila­torio, acción incluida dentro del paquete de medidas que debe evaluar el Congreso.

“En el IPS el 85 % de las per­sonas que aportan lo hacen por el mínimo, es decir, supuestamente todas las per­sonas ganan salario mínimo lo cual nosotros sabemos que no es así, porque cuando lle­gan a los 36 últimos meses, tienen un aumento sorpren­dente y se jubilan con el doble de lo que aportó toda su vida. Por ejemplo, el IPS percibe un monto mínimo con base a un ingreso de G. 2.680.000, pero se jubilan con G. 4 o 5 millones, eso también genera un impacto al IPS”, advirtió.

En este contexto, el Consejo de Administración derogó el decreto del 2021 el cual aumentaba el mínimo del haber jubilatorio, al 75 % del salario mínimo legal vigente. Dicho aumento fue “artificial” y se realizó sin que exista un aumento de las recaudaciones en las cajas, lo cual repercutió en la estabi­lidad de la misma y obligó al uso de las reservas para para cumplir con los desembolsos, explicó Insfrán a la 1080 AM.

“Se hicieron los análisis correspondientes y el impacto fue tremendo, el deterioro redujo el tiempo de cruce entre ingresos y egresos y lo que hizo esta administración fue derogar esa resolución porque afectaba tremendamente la economía del insti­tuto. Actualmente, una per­sona que tuviera un ingreso inferior a los G. 1.000.000, va a tener una jubilación que supere G. 1.340.000, pero ya no los G. 2.010.000 que tenían en base al 75 %”, sostuvo.