• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

A nivel país tenemos nada menos que 11 ministerios y más de 17 secretarias ejecutivas, que dependen del Poder Ejecutivo, no justificándose dentro de un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los 6 millones de habitantes.

Pero seguimos en contrapartida con una superpoblación de funcionarios públicos que superan los 350.000 y quienes son los responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que sigan limitados en asignación de recursos, salud pública, educación y obras de infraestructura.

No se justifica que en pleno siglo XXI, donde vivimos en la era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal, que antes que ser una solución implica un retroceso.

Javier Milei, en un país como la Argentina con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas que adoptó ha sido la reducción de la cantidad de ministerios en un 50%, además de otros entes que antes que aportar valor agregado generaban ingentes erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevando a desvincular a miles de funcionarios que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.

Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud y aptitud.

El grado de inversión que nos ha otorgado la calificadora de riesgo internacional Moody’s es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas. Pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro estado paquidérmico y desfasado, en función a lo que nos exige este mundo globalizado.

El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, debe ser el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, lo que estaría permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural a nivel institucional, en donde lo cualitativo juega un rol primario.

Lo mismo ocurre con las secretarias ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?

Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo la mega estructura actual ahora que tenemos la tecnología al alcance de un click, es muy necesario.

Con esto nos podremos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa y salud pública.

El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.

Es una brillante ocasión que se le presenta al Viceministerio de Capital Humano, que debería ordenar a todas las direcciones de organización y métodos (O&M) a que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo y que contribuyan a mejorar nuestra calificación actual de solvencia y tendencia.

La Ley del Servicio Civil ya la tenemos promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro de la misma, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica.

El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.

“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.

Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.

Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.

Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.

“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado. Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese

Enrique Riera, ministro del Interiorsentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.

El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.

“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.

Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.

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Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.

Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.

“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado.

Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese sentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.

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• Víctor Pavón (*)

El monopolio parte de la idea que su existencia es necesaria debido a que las personas no saben lo suficiente sobre lo que hacen y que no hay de qué preocuparse debido a que se estará en sus buenas y eficientes manos.

El lema monopólico puede expresarse así: Nosotros, el monopolio, decidiremos por usted; no se preocupe, lo único que debe darnos es su dinero y si no puede se lo quitaremos, primero con multas y si se resiste lo encerraremos en la cárcel, y todo por su propio bien.

Durante el transcurso del tiempo, el monopolio se fue adjudicando facultades supremas para actuar en nombre de los demás y sus intelectuales inventaron la teoría de un contrato “social” donde los administradores de lo que llaman la “cosa pública” adquirieron el doble rol de juez y parte.

Luego se fue perfeccionando. Fue así que cuando la organización llamada Estado otorgó poder especial y excluyente a un grupo determinado dio carta de corso impidiendo toda competencia en su contra.

Estamos ante una organización profundamente autoritaria e inmoral. Un absurdo económico por lo que hace y deshace con los recursos de los demás conseguidos a la fuerza, hecho que también suscita un problema de orden político y moral.

Político porque sus propios administradores saben que aquello del servicio público es muy relativo. El monopolio por su naturaleza tiene carta blanca de absoluta discrecionalidad. Los recursos son utilizados sin correspondencia de contraprestación y calidad. El dinero que tiene y es mucho, otros han producido, e ingresará a sus arcas por orden de una “ley” aprobada por el mismo Estado que dispone, como dije, en su doble carácter de juez y parte.

El monopolio cuyo nombre es Leviatán, igualmente es un absurdo moral. Una orden coercitiva desde el poder que ordena a los demás a quienes no se les consulta si desean seguir utilizando el servicio monopólico aun cuando sea pésimo, tiene una respuesta única e irrevocable: ¡Sigan pagando!

El Estado si desea vestirse de empresario hasta puede dedicarse a producir caña. Es un privilegio que no puede dejar de ostentar, total el dinero lo dispondrá cuando desee, vía impuestos, deudas, subsidios, franquicias y hasta si necesario fuera condonarse sus deudas.

A diferencia del sector privado donde la actividad de un individuo o de la empresa depende de la satisfacción por el servicio o producto ofrecido, el monopolio estatal está supeditado a los criterios de políticos y burócratas de este antiguo régimen.

Ni siquiera los vástagos del Estado pueden ser competitivos y mucho menos moral su existencia. si tiene pérdida conseguirá más dinero y si va a quiebra lo mismo se apoderará de recursos para continuar.

Este también es el caso de las municipalidades. Como ni siquiera cumplen con lo mínimo, barrido de calles, aseo y hermoseamiento de plazas y parques, cada año emiten bonos para pagarse sus propios despilfarros; todo con cargo al dinero de los demás, los contribuyentes. Lo expuesto aquí son mis breves apuntes sobre lo que se llama el Estado.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.