De manera conjunta sesionaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla. En la ocasión, recibieron a representantes de instituciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar normativas vinculadas a sus respectivas competencias legislativas.

Como primer punto del orden del día se estudió el proyecto de Ley “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital”, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este contexto, el Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón Riveros, titular de la Agencia Espacial del Paraguay, presentó los avances institucionales mediante un informe ilustrado, detallando las funciones de la entidad y las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del proyecto.

Posteriormente, los miembros de ambas comisiones debatieron lo expuesto, manifestando distintos puntos de vista y formulando sugerencias orientadas a fortalecer el desarrollo del sector. Asimismo, destacaron el trabajo realizado por la Agencia Espacial del Paraguay.

Cabe mencionar que, para el análisis de este tema, también participó la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde. Finalmente, ambas comisiones resolvieron dictaminar a favor del proyecto, el cual será considerado en una próxima sesión ordinaria del Senado.

En el segundo punto del orden del día, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, junto con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y de la OPACI, a fin de analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones de la Ley Nº 7264/24, relacionada con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (programa “Hambre Cero”), así como normativas conexas, presentado por varios senadores.

Durante el tratamiento, los senadores desarrollaron un amplio debate en el que expusieron diversas posturas respecto a las modificaciones planteadas. Entre los principales argumentos, señalaron que no resultaría adecuado asignar a los municipios la responsabilidad del programa “Hambre Cero”, debido a la falta de herramientas y capacidades para su implementación, considerando la magnitud y complejidad de dicha función.

Asimismo, indicaron que el proyecto aún no se encuentra plenamente consolidado, por lo que no sería oportuno introducir modificaciones en esta etapa.

En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, propuso como moción de orden postergar el tratamiento del proyecto, sugiriendo convocar a los gobernadores para conocer sus posturas.

Argumentó que se trata de una normativa de alta sensibilidad, al involucrar directamente a la población infantil, por lo que su análisis requiere mayor profundidad y consenso.

Finalmente, ambas comisiones resolvieron postergar el estudio del proyecto, con el objetivo de contar con información adicional que permita una mejor toma de decisiones.

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El riesgo país en América Latina cerró abril con Paraguay en 108 puntos, ubicándose como el tercer país con menor nivel de riesgo en la región, solo por detrás de Uruguay (62) y Chile (83), según datos del índice EMBI elaborado por JPMorgan.

En un contexto de volatilidad en los mercados financieros globales, los bonos latinoamericanos mostraron adaptabilidad. El EMBI regional cayó de 308 puntos al inicio de abril a 262 al cierre, reflejando una mejora en la percepción de los inversores.

El ranking regional evidencia grandes diferencias entre economías. En el extremo de mayor riesgo se ubica Venezuela con 5.557 puntos, seguido por Argentina (556), Ecuador (411) y Bolivia (408). En el otro extremo, los países más estables continúan siendo Uruguay, Chile y Paraguay. Brasil se posiciona con 174 puntos y México en torno a 190 unidades, manteniéndose en niveles intermedios dentro de la región.

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El riesgo país refleja el diferencial de tasa que deben pagar los bonos soberanos frente a los del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo más seguro a nivel global. Se expresa en puntos básicos y sintetiza la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago, la estabilidad macroeconómica y la solidez institucional de una economía. Variables como el crecimiento, la inflación, el nivel de endeudamiento y el contexto político influyen directamente en este indicador, es por ello que si el riesgo país es alto, más caro le resulta al país financiarse en los mercados internacionales.

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En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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Hay interés en fortalecer los lazos comerciales y consolidar las oportunidades de envíos de productos locales al mercado estadounidense.

Paraguay y EE. UU. conversaron sobre la posibilidad de que el país norteamericano esta­blezca una cuota específica de acceso de ese mercado para la carne vacuna paraguaya, así como también sobre el fun­cionamiento del Acuerdo Marco de Comercio e Inver­sión (TIFA, por sus siglas en inglés). Esto, en el marco de una reunión en la cual parti­ciparon el presidente del Ser­vicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, quien acom­pañó al ministro de Rela­ciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y al emba­jador de Paraguay en los Esta­dos Unidos, Gustavo Leite, en un encuentro con el represen­tante adjunto de Comercio de dicho país, Jeffrey Goettman.

El encuentro, que se llevó a cabo en Washington, tuvo como objetivo abordar temas relacionados con el comer­cio bilateral, dando conti­nuidad al trabajo iniciado por el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, junto con el representante comer­cial de EE. UU. Por parte de la oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) estuvieron presentes la jefa negociadora de Agricultura, Julie Callahan; el represen­tante comercial adjunto para el Hemisferio Occidental, Daniel Watson, y la subsecre­taria adjunta para América Latina, Courtney Smothers.

El encuentro reflejó el inte­rés de ambos países en forta­lecer los lazos comerciales y consolidar las oportunida­des de exportación de pro­ductos paraguayos en el mercado estadounidense. Al cierre del primer cuatri­mestre de este año, EE. UU. ocupó el segundo lugar como comprador de carne para­guaya con el 14 % del total, generando USD 83.332.288 en ingresos para nuestro país por 15.074 toneladas.

A inicios de abril, representan­tes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) visitaron la representación diplomática de los Estados Unidos con el fin de solicitar una cuota propia para el Paraguay para la expor­tación de carne bovina a ese mercado.

La delegación estuvo liderada por el presidente del gremio, Daniel Prieto, quien se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, y miembros de la representación diplomática ya que porque actualmente Para­guay actúa con una cuota de terceros países, junto con Bra­sil, Irlanda y Japón.

Según se había señalado, esta cuota es utilizada mayor­mente por Brasil y fue ocu­pada ya al 6 de enero de este año 2026. Por parte de la Embajada, se recibió con atención toda la información y se informó que el Gobierno de Paraguay también había manifestado el deseo de lograr el avance en exporta­ciones con un cupo propio.