El Viceministerio de Administración Financiera evalúa alternativas a la polémica ley aprobada por el Congreso Nacional para subsidiar a comerciantes y trabajadores en situación de informalidad de la zona fronteriza con la Argentina, quienes siguen afectados por la pandemia del COVID-19, que mantiene cerradas las fronteras con el vecino país.

Si bien no se descarta el veto del Ejecutivo, desde esta dependencia del Ministerio de Hacienda se analiza también proponer un proyecto alternativo o intermedio, considerando la falta de fuente de financiamiento y el criterio poco claro del universo de personas a ser beneficiadas con la ayuda estatal, que contempla el pago de G. 3.000.000 mensuales para comerciantes y G. 500.000 también mensuales para trabajadores. Ambos por el lapso de un trimestre.

Este es el análisis que el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, compartió con canal GEN este viernes. Ratificó que el paquete aprobado por los parlamentarios no tiene respaldo financiero propio, al prever solo US$ 10 millones, pero en la práctica los desembolsos serían más exorbitantes.

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Marcos Elizeche, viceministro de Administración Financiera. Foto: Archivo.

Reunión decisiva, el lunes 8 de febrero

Adelantó además que el lunes próximo habrá una reunión decisiva con los afectados, en la que se estudiarán las alternativas tendientes a dar salida al impasse. “Estamos viendo algo más racional y sobre todo que podamos focalizar en aquellas personas que realmente siguen sufriendo y podamos llegar a esas entidades, empresas o personas. Porque en cuanto a las personas también, la mayoría de los que son informales ya han cobrado Pytyvõ y la ley ya les exonera. Entonces, queremos ver a qué universo ellos se refieren”, explicó Elizeche al excusarse en dar detalles del proyecto alternativo antes de ser socializado con los potenciales beneficiarios.

Otro punto que queda en la nebulosa es que la ley tampoco discrimina si los aportantes del seguro social también recibirían el subsidio, por lo que inclusive los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) pueden presentarse a cobrar. “Entonces, eso queremos establecer en una nueva ley, en una nueva propuesta, que nos dé esos criterios, esas herramientas para poder focalizar bien. Podemos ver también la parte financiera, porque 3.000.000 también nos parece un monto muy elevado, teniendo en cuenta los otros subsidios que dimos”, acotó en alusión a la asistencia prevista para los comerciantes.

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