La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) condena que se siga utilizando el carbón vegetal para el tráfico de sustancias ilícitas desde Paraguay, señalando específicamente lo ocurrido con un reciente envío a España en que se incautaron 2.065 kilos de cocaína, perjudicando así la imagen del sector forestal y del país en general.
“Como gremio maderero formal, repudiamos esta acción y esperamos sean identificados los responsables y castigados como corresponde”, expresa parte del comunicado emitido en la tarde de este lunes.
El documento señala también que el carbón vegetal es un rubro forestal de exportación muy importante y las empresas formales que se dedican a esta actividad cuentan con todos los permisos de organismos competentes, bajo manejo forestal.
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Asimismo, varias de las empresas dedicadas a este rubro cuentan con certificación internacional como la FSC. El sector forestal y las plantaciones forestales están en franco crecimiento en Paraguay y es uno de los sectores estratégicos para la recuperación económica pos-COVID-19.
“Desde la Fepama, alentamos las inversiones forestales, cumpliendo estándares internacionales porque estamos convencidos de que es un buen negocio, sustentable y amigable con el medio ambiente”, sostienen.
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Concretan primera exportación de resina de pino a Brasil
La industria forestal se encuentra en plena expansión, alcanzando hitos, y en este caso sumó un importante avance en el comercio exterior de ese rubro, con el primer envío de resina de pino a Brasil. La producción para la exportación de la carga demandó ocho meses de arduas tareas.
En territorio brasileño, la materia prima será filtrada, destilada y transformada antes de continuar hacia sus mercados finales. La iniciativa fue desarrollada por el Grupo Felber, asociado a la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), en alianza con Resindur, representada por Luis Silva.
Según datos oficiales, los derivados forestales más exportados en el presente ejercicio son el carbón vegetal y sus derivados, la madera contrachapada y la madera aserrada.
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Trabajo de meses
Carsten Felber, directivo de la firma, indicó que la producción demandó aproximadamente ocho meses en una parcela de pinos. Las tareas incluyeron la pica controlada de los árboles y la recolección periódica de la sustancia. Para llevar adelante las tareas, los operarios fueron capacitados en Argentina, donde adquirieron los conocimientos necesarios para incorporar esta práctica en Paraguay, una actividad que exige precisión, constancia y manejo técnico.
“Se trata de un producto sostenible que tiene varias aplicaciones”, destacó al referirse a las posibilidades que abre esta nueva actividad para el sector. La materia prima exportada servirá para la elaboración de dos derivados principales: trementina y colofonia. Esta última será enviada posteriormente a una fábrica en Portugal, donde se elaboran componentes utilizados en pinturas, pegamentos, ceras depilatorias, goma de mascar y otros artículos de consumo.
Se trata de un hito importante para la industria local, considerando que esa primera carga recolectada en los pinares paraguayos ingresará a un circuito industrial que conecta el trabajo realizado en el país con plantas procesadoras y compradores de distintos mercados.
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Sentencian a 25 años de prisión a un hombre por abuso sexual e incesto en perjuicio de sus hijas
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de pena privativa de libertad para un hombre de 63 años, de nacionalidad argentina, al ser hallado culpable de los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación e incesto, cometidos en perjuicio de varias de sus hijas.
El colegiado estuvo presidido por el juez Edgar Lezcano e integrado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel. El fiscal acusador fue Alberto Torres quien pidió los 25 años de pena privativa de libertad.
El hombre primero abusó de su hijastra, la mantuvo sometida, tuvieron ocho hijos y luego volvió a abusar de algunas de sus hijas biológicas, siendo niñas aún, según lo expuesto en el juicio oral que culminó hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
Los antecedentes de la acusación indican que los abusos cometidos por el ahora condenado fueron hechos sucesivos que comenzaron en el año 1994 en Ciudad del Este, cuando el hombre sometió sexualmente a su hijastra menor de edad, quien en ese entonces tenía tan solo 11 años.
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Condenado tuvo 8 hijos
Como consecuencia de estos abusos sistemáticos a lo largo de las décadas, la víctima tuvo ocho hijos con su agresor. Posteriormente, la familia se trasladó a una vivienda de Presidente Franco, donde el acusado mantenía a todo el grupo familiar bajo constantes amenazas y violencia económica.
En el año 2019, el agresor comenzó a abusar de una de las hijas biológicas que tenía 12 años, recurriendo al uso de la fuerza y la amenaza.
La nueva víctima es fruto de aquella relación de sometimiento con la hijastra del hombre. Los abusos sexuales con su hija biológica continuaron hasta el año 2021 (por dos años), cuando la niña logró resistirse.
Luego, el acusado dirigió las agresiones hacia otra de sus hijas biológicas, una niña de 11 años. Esta situación persistió hasta marzo de 2024, cuando la hija mayor decidió rebelarse y denunciar a su padre ante el Ministerio Público, revelando además que otra de sus hermanas, una de 10 años, había sido testigo presencial de los abusos.
Las niñas adolescentes víctimas fueron asistidas por médicos forenses y psicólogas del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, quienes confirmaron los hechos denunciados y que derivaron en la pena para el agresor.
Los nombres del condenado y de las víctimas se omiten con el fin de proteger la identidad de las menores de edad, según lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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Justicia chilena confirma que la niña estaba de forma ilegal en Paraguay y debía volver a su país
Mediante una cooperación internacional fue localizada Magnolia Bustos Rojas, de 2 años, en la ciudad de Resistencia, Argentina. La niña había sido raptada por su padre, Francisco Javier Bustos, de una guardería de Asunción el pasado 8 de julio.
Los progenitores de la niña estaban en litigio de restitución luego de que autoridades de Chile confirmaran que la pequeña estaba ilegalmente en Paraguay.
La niña fue localizada por efectivos policiales de la ciudad de Resistencia luego de que autoridades de Paraguay activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda y localización de la menor, quien fue hallada a salvo en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.
Este viernes, ambos padres debían presentarse ante el Juzgado para el juicio de restitución, que se llevaba adelante luego de que los tribunales de Chile determinaran que Magnolia se encontraba de manera ilegal en Paraguay, tras la denuncia presentada por su padre al enterarse de que la menor había viajado al país junto con su madre.
El juicio de restitución
Las autoridades chilenas establecieron que Magnolia debió regresar con su progenitor el 5 de enero pasado, pero la madre Diana Rojas Cuenca, no retornó al país. Es así que, el pasado 2 de abril por la magistrada de Viña del Mar, Sara Covarrubias Naser, confirmó que Francisco Busto Nieto entabló una demanda civil contra la mujer por retener a la niña.
El caso fue asignado a la defensora pública Laura Paniagua y el proceso de restitución internacional se inició el 13 de mayo de 2026 en Asunción. Para dar seguimiento a la causa, Francisco Javier Bustos arribó a Paraguay y mantenía un régimen de relacionamiento presencial con su hija, el cual fue incumplido el miércoles 8 de julio, cuando presuntamente la raptó de una guardería de Asunción.
Vivía amenazada y volvió a Paraguay
Diana Rojas, madre de Magnolia, alegó que se encontraba con problemas de salud y que necesitaba volver a Paraguay, para recibir tratamiento y que por esa razón debió firmar el régimen compartido. Sin embargo, su salud se deterioró y no pudo volver a Chile el pasado 5 de enero y recurrió a las autoridades nacionales.
“Volví al Paraguay en enero, porque necesitaba asistencia médica ya que mi salud estaba deteriorada física y mentalmente, por cosas muy fuertes que pasé. Sí, había un acuerdo de que debíamos volver el 5 de enero pero yo alegué que en ese momento estaba con problemas de salud y necesitaba asistencia”, dijo Diana, en “Cuenta Final” programa de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Afirmó que ya estaban separados en Chile y que estaban cumpliendo con el régimen de convivencia compartida. Sin embargo, Francisco no aceptó que volvieron a Paraguay y se vio obligada a firmar el régimen compartido porque necesitaba ver a su familia. “Viví amenazada y en Chile todos fallaron a favor del padre, yo no tuve amparo judicial”, puntualizó.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.