La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó a todos los contribuyentes, profesionales contables y auditores externos tributarios, que la institución se encuentra realizando controles masivos, mediante el análisis y cruce de información utilizando herramientas tecnológicas de Big Data.

“Estos controles cumplen una función fiscalizadora, ya que permiten detectar incumplimientos tributarios o la utilización de facturas de manera ilícita por terceros sin conocimiento del contribuyente”, explican desde Ingresos Tributarios.

Indican que al mismo tiempo, cumplen una función preventiva, al facilitar la depuración de datos en los registros tributarios. Representan además una oportunidad para regularizar la situación tributaria, corregir errores en los registros contables y validar la tarea de los profesionales contables contratados por las empresas o personas físicas.

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Así mismo, recuerdan que mediante esta estrategia, ya se han evidenciado irregularidades que motivaron denuncias formales por parte de contribuyentes ante las instancias correspondientes, dando lugar a acciones del Ministerio Público.

En ese sentido, la DNIT llama a los contribuyentes a mantener sus registros tributarios ordenados, a evitar la participación en esquemas de evasión y a denunciar cualquier hecho irregular a través de los canales habilitados.

“El cumplimiento tributario voluntario no solo previene sanciones, sino que también contribuye al desarrollo del país. La DNIT reafirma su compromiso con un sistema tributario justo, moderno y transparente”, finaliza la comunicación de la DNIT.

El Big Data es un término en inglés que significa “Enorme volumen” de datos estructurados y no estructurados que se generan y recopilan a una velocidad “luz” en el mundo digital. Los mismos provienen de varias fuentes, como redes sociales, sensores, dispositivos móviles, aplicaciones y sistemas empresariales.

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• Víctor Pavón (*)

Adam Smith Center por Economic Freedom volvió a posicionar a nuestro país como el el mejor sistema tributario de América Latina. Dos elementos fueron tomados en cuenta para ello: Competitividad y neutralidad.

Sobre la competitividad se hizo notar en el mencionado estudio lo favorable del sistema tributario para atraer inversiones e incentivar la actividad económica. Y acerca de la neutralidad que las distorsiones impositivas son mínimas fomentando las decisiones de los individuos y las empresas.

Dicho de otro modo. Nuestro país tiene en su sistema tributario un activo de carácter estratégico a ser valorado y mejorado. Es de destacarse que estamos ante un logro importante que merece reconocimiento, aun cuando personalmente podríamos mejorar todavía más con la derogación del impuesto a la renta personal (IRP) y bajando el impuesto al valor agregado (IVA) del 10 al 5 por ciento y cuanto antes mejor.

Esto haría del Paraguay un faro en libertad económica, en el sentido tributario.

El argumento que vengo sosteniendo desde hace años consiste en convertir la competencia fiscal en un principio de la política fiscal (cuestión que los estatistas keynesianos y colectivistas desechan).

O dejamos que el libre mercado actúe en la economía, esto es, el sector privado sea el que decida qué y cómo hacer o se deja al arbitrio del intervencionismo estatal para que burócratas y políticos apliquen las ideas del desarrollismo, una vieja teoría para los cambios en la sociedad desde el poder gubernamental.

Lo primero es correcto, lo segundo un error. Si contamos con más libre mercado serán las personas y las empresas las que cooperarán entre sí y en competencia acrecentando la innovación y la creatividad, motivo por el cual el ahorro y la inversión serán absolutamente necesarios.

Sin embargo, dada la existencia del Estado también debemos alentar la competencia institucional desde el Gobierno. Esto se debe a que no podemos negar la existencia de este órgano coercitivo en nuestras sociedades.

Cuando se trata de impuestos, por ende, debemos incentivar a que los propios burócratas y políticos se persuadan que con bajos y pocos tributos también ellos se beneficiarán puesto que es una de las únicas maneras (junto con la seguridad jurídica) de lograr mejores condiciones de vida para la población que es lo mismo que decir para los electores.

Así, por ejemplo, si un país A cuenta con una tasa impositiva de 50 y el país B de 5, la tendencia será que los flujos de ahorro e inversión y hasta de migración se dirijan de A hacia B. La diferencia es sustancial para el mejoramiento de la población. De ahí que vengo proponiendo para nuestro país: derogar el IRP y reducir el IVA al 5 por ciento y cuanto antes mejor.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

Una empresa paraguaya lanzó una aplicación que busca reducir la opacidad del sistema tributario y mejorar la relación entre contadores y contribuyentes. De acuerdo con la firma, se pretende transparentar las gestiones tributarias y brindar mayor control a los aportantes al fisco sobre el pago de sus impuestos.

Alan Peña, CEO de la firma Conto, explicó a la 1020 que la app Conto nació con el propósito de transparentar las gestiones tributarias y facilitar un mayor conocimiento y control a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales.

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“Vimos que el mundo tributario en Paraguay no es muy transparente. La mayoría de la gente no sabe lo que está pagando, si su contador realmente está haciendo el trabajo, o incluso qué facturas pueden aplicar a sus impuestos”, explicó Peña.

A través de la app, los usuarios pueden cargar sus facturas, que son digitalizadas y analizadas por un profesional contable. La plataforma indica a qué impuestos aplica cada gasto y en qué porcentaje, ayudando al usuario a comprender mejor su situación tributaria.

La aplicación también permite monitorear los ingresos y egresos mensuales, generando reportes que ayudan a mejorar la salud financiera del usuario. “Muchas personas no saben cuánto gastan realmente. Nuestra herramienta les muestra de forma clara cómo manejaron su dinero durante el mes”, señaló el emprendedor.

Peña mencionó que además de ser una herramienta contable, la aplicación también apunta a la educación financiera, un área que considera que aún hay grandes carencias y recalcó la importancia de la formalización para los emprendimientos.

“Legalizar es el mejor negocio que hay acá. Ser contribuyente te convierte en un ciudadano elegible para todos los servicios financieros”, concluyó.

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• por Sofía Céspedes
• sofiacespedes@nacionmedia.com

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo pro­mulgó la Ley 7452, que moderniza la inversión en infraestructura pública, cono­cida como Asociación Públi­co-Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propues­tas del sector privado y así tam­bién aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue lici­tado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojo­nes, Asunción, y termina en la ciudad de Quiindy, depar­tamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estraté­gicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que se están realizando las últimas consul­tas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar los detalles se publi­carán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un finan­ciamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, dise­ñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calza­das y cuatro carriles, que conec­tará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Sil­vio Pettirossi. “Sobre este pro­yecto estamos en la prepara­ción de las condiciones de los concursos que van a ser publi­cados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se inclui­rán adendas para mejorar el tramo Luque-San Bernardino y el trayecto Luque-Areguá. También agregó que esto mejo­rará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia. En detalles, el corredor Ypaca­raí-Areguá-Luque: se inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asun­ción desde Ypacaraí, Patiño,

Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y poten­cia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypaca­raí-San Bernardino-Luque (Tarumandy), este se inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, opti­mización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino-Luque. También contempla la incor­poración de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02. “Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la amplia­ción de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, cono­cida como Llave en Mano, con una inversión de USD 110 millo­nes y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inver­sión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento impor­tante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, habló sobre la impor­tancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestruc­tura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la Ley de APP. “A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar faci­lidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurí­dica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó.

Sobre el empleo que esto gene­rará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movi­miento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande. “Las gran­des obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 per­sonas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

Recordó que hoy la construc­ción tiene un rol muy impor­tante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más indus­tria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo mani­fiestan que las modificaciones hechas a la Ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorpo­raciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Econó­micos de la Presidencia de la República. “Entre las princi­pales innovaciones se desta­can el aumento de la partici­pación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y gene­rando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Agregó que esto abre la posibi­lidad de canalizar más recur­sos hacia la mejora de la infraes­tructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Res­ponsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

Algunas de las modificaciones hechas a la Ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar inicia­tivas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.