El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 4.634/2020, el cual establece un régimen especial de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la enajenación autovehículos usados y prestación de servicios de reaseguros con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes afectados.
La normativa dispone que cuando el contribuyente del IVA enajene vehículos usados, liquidará e ingresará el impuesto aplicando la tasa del 10% sobre el 30% del monto previsto en el primer párrafo del artículo 85 de la Ley N° 6.380/2019, de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Asimismo, se aclara que no procederá la aplicación de este régimen en la primera enajenación de los autovehículos usados importados.
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El contribuyente documentará la enajenación bajo este Régimen Especial consignando en el comprobante de venta, en la columna “Exenta” y “Gravada”, los porcentajes aplicables. De esa manera determinará el IVA débito, del cual se deducirá el IVA crédito correspondiente a las adquisiciones de bienes o servicios afectados a las actividades mencionadas.
En cuanto a la prestación de servicios de reaseguros, se dispuso que cuando una empresa aseguradora residente en el país contrate un reaseguro cubierto por una entidad residente en el exterior, actuará como agente de retención del IVA al momento del pago o puesta a disposición de los fondos.
En este caso, la base imponible constituirá el 10 % del precio de la operación. El contribuyente deberá retener el 100 % del IVA que corresponda, debiendo documentar dicha retención e ingresar el impuesto al fisco. Los interesados en consultar el decreto N° N° 4634/20 pueden hacerlo en www.set.gov.py sección Normativas/Decretos/2020.
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El fisco recauda más por el mejor desempeño de los organismos impositivos
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) está llevando las recaudaciones impositivas a niveles nunca antes alcanzados y que por su importancia pueden considerarse históricas. Es uno de los organismos del Estado que mayor crecimiento ha alcanzado en los dos últimos años por el incremento de sus recaudaciones.
Está mostrando el camino del crecimiento mediante la mejor percepción impositiva y la incorporación de mayor cantidad de contribuyentes que se suman a la legalidad. En la dura tarea contra la informalidad tradicional está obteniendo éxitos importantes mediante los cuales va achicando la dimensión de la economía ilegal, que sigue teniendo un gran peso en la vida del país.
Un reciente informe sobre las recaudaciones tributarias en lo que va del año revela que de enero a julio de este año se recaudó un 9,6 % más de impuestos, comparado con el período de enero a julio del año pasado, tanto en tributos internos como en impuestos aduaneros.
La comparación de las cifras revela datos importantes en el aumento de lo que percibe el fisco. Hay que tener en cuenta que para que se produzca el incremento sustantivo de las recaudaciones impositivas no solo debe considerarse la suma de dinero en concepto de los pagos que se hacen, sino la incorporación de mayor cantidad de personas físicas y jurídicas que están abonando sus obligaciones tributarias. Esto significa que cada vez hay más contribuyentes que aportan a las arcas del Estado y menos infractores. Que, en otros términos, implica que va disminuyendo la economía ilícita y va creciendo la legalidad.
Esta es una de las tareas más importantes realizadas por la DNIT, pues es un avance de suma trascendencia en el campo del cumplimiento de las leyes. El 31 de diciembre de 2023, cuatro meses y medio después de la asunción del gobierno actual, había 1.108.479 contribuyentes sumando las personas físicas y las personas jurídicas. Luego de 18 meses, el 30 de junio de 2025 la cantidad de personas inscriptas en el sistema de recaudaciones ascendía a 1.232.698 contribuyentes, lo que representa un crecimiento del 11,2 %, o sea 124.219 personas más que pagan impuestos.
Teniendo en cuenta las recaudaciones obtenidas en lo que va de este año se observa un excelente comportamiento, con un aumento importante en lo percibido hasta ahora. Al 31 de diciembre de 2024 el monto total percibido en todo el año por el fisco ascendía a 23,0 billones de guaraníes. Cinco meses después, al 31 de mayo de este año, se ha recaudado 11,5 billones de guaraníes por los 150 días transcurridos.
Lo llamativo es que en cinco meses de operaciones se percibió un 49,9 % de lo recaudado en los doce meses de 2024, lo que implica que en todo el 2025 se podría llegar a un alza importante, dado que en menos de medio año ya se obtuvo prácticamente la mitad de todo un ejercicio fiscal
En cuanto a impuestos internos, hasta julio la dependencia fiscal recaudó un 10 % más como variación interanual. Mientras que lo percibido en concepto de impuestos aduaneros tuvo un alza del 2,6 % con relación al mismo mes del año pasado.
El incremento de lo percibido por impuestos internos se debe a los pagos realizados por el sector comercial, las entidades de intermediación financiera, la construcción, servicios a empresas, servicios a los hogares, transporte, aparte de los impuestos a las bebidas y tabaco.
El alza en la percepción de recaudaciones impositivas es una señal de que la actividad económica está teniendo un buen crecimiento mediante el incremento de la producción, el aumento en la comercialización tanto de las mercaderías como los servicios ofrecidos. Y sobre todo porque se han inscripto como contribuyentes más empresas y personas que producen, así como las que comercializan y que captan los impuestos que se cobran, como el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los compradores de bienes y servicios y los otros tributos.
Entre los impuestos internos el más importante es el IVA, porque la mayor parte de lo que se recauda en las transacciones comerciales es mediante ese tributo. Y sobre todo porque tributar ese impuesto implica que los comercios, industrias y personas están operando de acuerdo con la ley, lejos de las actividades irregulares, que es lo que pretenden los organismos estatales.
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Composición de los impuestos: el IVA lidera con más del 50 % del total recaudado por el Estado
Los impuestos son la principal fuente de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el país. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa el 53 % del total recaudado por el Estado. Le siguen el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), con una participación del 13 % y el Impuesto a la Renta Personal (IRP), que aporta el 11 % de los ingresos.
En cuarto lugar se ubican los gravámenes aduaneros, que contribuyen con el 10 % del total recaudado. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que se aplica a productos específicos como bebidas alcohólicas, tabacos y combustibles, representa el 8 %. Finalmente, el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) aporta el 2 %.
Pero estos tres tributos (IVA, IRE e IRP) conforman la columna vertebral del sistema tributario paraguayo, según explicó Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en un video realizado por la entidad.
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Domínguez recordó que una parte importante de estos tributos surgió a partir de la Ley n.° 6.380/2019, que reformó y modernizó el sistema tributario paraguayo. “El IRE, el IRP, la Renta Salarial, la Renta de Ganancia de Capital y el IDU fueron diseñados bajo esta normativa con el fin de generar un sistema más equitativo y eficiente”, señaló.
Recordó que esta reforma apuntaba a ampliar la base tributaria y mejorar la progresividad del sistema. Así también, sostuvo que todos estos recursos son esenciales para el funcionamiento del Estado. No solo sostienen los gastos en salud, educación, infraestructura y seguridad, sino que también permiten generar condiciones de mayor bienestar para la población y, especialmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
“La recaudación no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el desarrollo económico del país”, finalizó el director de Estudios Económicos de la DNIT.
Recaudación
En junio, la DNIT recaudó G. 3.175.380 millones (407,9 millones de USD ), lo que representa un crecimiento de 16 % en comparación al mismo mes del 2024, cuando se obtuvo G. 436.885 millones más (USD 56,1 millones) que en junio de 2024.
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Ley de la Función Pública elimina vacío legal y profesionaliza la carrera, afirma abogado
El abogado laboralista Jorge Rivas Careaga, destacó los principales avances de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que entró en vigencia este 16 de julio último y que tiene como objetivo promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.
“Siempre los cambios generan inquietudes y eso es absolutamente natural. Teníamos una ley que estuvo vigente 25 años, entonces, por supuesto, cualquier modificación genera temores, expectativas. Esta ley 7445, fundamentalmente lo que hace en conjunto es recoger todas las experiencias de la función pública durante los años de vigencia de la ley 1626, aprender de esas experiencias, corregir los errores y mejorar la anterior normativa”, indicó Rivas en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta es una norma reguladora que yo considero, no un paso, sino un salto para adelante, con garrocha, si se quiere, por la virtud de haber recogido todo lo que se tenía con la ley anterior. Muchas disposiciones, doctrinas de los tribunales que ya estaban vigente en materia administrativa también fueron recogidas”, acotó Rivas.
La 7445/2025 estipula reglas claras para la gestión del talento humano en el sector público, incorporando por primera vez una Carrera del Servicio Civil y un sistema para directivos públicos, con estándares más rigurosos y perfiles diferenciados para cargos técnicos y profesionales.
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Autonomía constitucional
Se aplica a todas las instituciones públicas, incluidas aquellas con autonomía constitucional, reconociéndoles la facultad de reglamentar internamente la aplicación de los principios generales establecidos por la ley. De esta manera, se supera el vacío legal dejado por la 1626/2000, que durante su vigencia fue objeto de varias acciones de inconstitucionalidad por pretender imponer una rectoría centralizada desde el Ejecutivo.
La norma también agrega un sistema para directivos públicos, eleva los estándares para asesores institucionales al exigir experiencia comprobada, y establece perfiles diferenciados para los cargos técnicos y profesionales.
“Yo soy un férreo defensor del derecho a peticionar a las autoridades, no podemos vivir en una República democrática si no podemos peticionar. Si la gente cree y entiende que hay derechos laborales en peligro de ser vulnerados tiene todo el derecho y la obligación de expresar sus disconformidades y salir en defensa de lo que cree que es justo. Yo, haciendo un análisis técnico, me parece que no hay de ninguna manera una vulneración de la autonomía constitucional”, dijo.
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BCP lanza consulta pública para nuevo marco de seguridad en el Sistema de Pagos
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la apertura de un proceso de consulta pública para dos propuestas normativas clave: la Estrategia de Reducción de Fraudes para Puntos Finales del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) y su correspondiente Norma de Monitoreo.
Esta iniciativa, alineada con las mejores prácticas internacionales del Banco de Pagos Internacionales (BIS), busca fortalecer de manera proactiva la seguridad del ecosistema de pagos nacional frente a la creciente sofisticación de los fraudes financieros.
La estrategia propuesta establece un marco de cumplimiento obligatorio para todas las entidades participantes del SIPAP (bancos, financieras, cooperativas, etc.), con un foco específico en las operaciones del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) y el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). Su objetivo es minimizar la probabilidad de fraudes en las transferencias de fondos mediante la adopción de lineamientos estratégicos en prevención, detección y respuesta.
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Para asegurar su efectiva implementación, la Norma de Monitoreo define el marco operativo, estableciendo los roles, responsabilidades y la metodología de supervisión que el BCP aplicará. Este enfoque busca no solo mitigar los riesgos, sino también fomentar una cultura de seguridad, colaboración y mejora continua en todo el ecosistema.
El objetivo final es construir una defensa colectiva más robusta, reforzando así la confianza y la estabilidad del sistema financiero nacional.
Invitación a consulta pública
El BCP invita a todas las entidades participantes del SIPAP, asociaciones del sector y a la sociedad en general a revisar ambos proyectos normativos y a enviar sus comentarios, sugerencias y aportes. Los textos completos están disponibles para su descarga en: Estrategia de Reducción de Fraudes para Puntos Finales y Norma de Monitoreo.
Los comentarios lo pueden realizar en el siguiente formulario. El plazo para la recepción de comentarios finaliza el viernes 18 de julio de 2025.