Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canindeyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con firmeza para identificar y capturar a los responsables. Señaló que las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa que brindó desde su despacho, lamentó la pérdida de dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, durante el ataque al puesto policial n.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Señaló que la institución se encuentra de luto ante este terrible atentado. Además, aseguró que ya están brindando toda la contención necesaria a los familiares de los fallecidos.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisaría un grupo de personas que contaban con mayor poder de fuego, sin necesidad de búsqueda de interés económico.

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“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimosamente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuentra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, anoche hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastrillaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del atentado con el equipo de Criminalística, forenses, para un análisis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobreviviente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos calificar quiénes fueron los responsables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se está manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó.

Enfatizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque existe algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explosivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incendiar comisarías y una patrullera. La segunda cuestión que se analiza es que este grupo de atacantes llegaron a pie, ya que hasta este momento no se identificó ningún vehículo que haya transportado a estas personas.

Como terceros elementos que está siendo evaluado es que aparentemente estas personas estaban uniformadas. “No podemos hablar todavía si se trataba de uniformes camuflados. Por de pronto esperaremos a que se analicen los casquillos encontrados, las balas que fueron extraídos de los cuerpos de las víctimas, y con eso probablemente se tenga un panorama más claro”, indicó.

Mencionó igualmente, que la otra hipótesis que se maneja claro está dirigida hacia el crimen organizado; sabiendo que en el departamento de Canindeyú se han llevado a cabo fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico, teniendo en cuenta que recientemente cayó en la zona 9 toneladas de drogas, en un operativo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval, las fuerzas de la Policía Nacional.

Indicó además que recientemente se llevaron a cabo intervenciones en campamentos, además de otros allanamientos que se realizaron a propiedades privadas, además de que se detuvieron a líderes que están instrumentados con el crimen organizado.

“Hace rato que estamos viniendo en una confrontación diaria y en este caso particular, lastimosamente nos tocó a nosotros. Es un mensaje que se ha dejado, y a lo mejor faltaría para saber si se trata de uno u otro grupo es el famoso panfleto que comunica algo. Pero atacar a una institución del Estado no va a quedar impune, vamos a responder con la misma fuerza y los pondremos a disposición de la Justicia y no vamos a descansar hasta que los agarremos”, remarcó.

Por otra parte, el ministro Riera reconoció que el desafío para los dos años que resta de este Gobierno, será invertir en mejorar las infraestructuras. Resaltó que si bien, cuando arrancó el proceso de transformación y mejoramiento de la Policía Nacional, lo que se priorizó fue la movilidad y comunicación, por eso las primeras inversiones fue la adquisición de 600 patrulleras nuevas y 2800 radios, 1500 motocicletas, se triplicó el número de Lince, además de la compra de chalecos antibalas.

“Nuestra deuda con la Policía Nacional y la ciudadanía es fortalecer nuestra infraestructura, hay 1200 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Este fue un puesto policial de menor rango, de los más chicos. Hay un esfuerzo y desafío para invertir en infraestructura en los próximos dos años. Además, al incorporar 15 mil policías más se complica más, ya que no se puede construir una comisaría como la que estaba, sino que se debe hacer mucho más grande”, acotó.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Tesoro Público, procesa este jueves pagos por un total de G. 85.231 millones destinados a proveedores y acreedores del Estado, en el marco del calendario regular de desembolsos correspondiente a compromisos previamente registrados por las instituciones públicas.

Los pagos comprenden la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), ingresadas entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, financiadas con recursos provenientes del Tesoro, créditos públicos y fondos institucionales.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayor parte de los desembolsos corresponde a obligaciones financiadas con Fuente 30 – Recursos Institucionales, que alcanzan G. 71.755 millones. Estos recursos se destinan principalmente al cumplimiento de compromisos asumidos por organismos y entidades públicas con proveedores y acreedores.

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Por otra parte, se prevé la transferencia de G. 13.177 millones financiados mediante Fuente 20 – Recursos del Crédito Público, también orientados al pago de obligaciones pendientes con empresas y prestadores de servicios que mantienen contratos con el Estado.

El cronograma incluye además G. 299 millones correspondientes a Fuente 10 – Recursos del Tesoro, destinados a conceptos específicos como caja chica y gratuidad en la educación superior. La ejecución de estos pagos forma parte del mecanismo mediante el cual el Tesoro Público administra el flujo de recursos para atender compromisos presupuestarios ya reconocidos por las instituciones estatales.

El procesamiento periódico de las STR permite canalizar los desembolsos una vez cumplidos los procedimientos administrativos y financieros establecidos para cada obligación.

El movimiento de fondos adquiere relevancia en un contexto en el que diversos sectores empresariales mantienen expectativas sobre la regularización de pagos estatales y la reducción de atrasos en determinadas áreas de contratación pública..

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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), encabezada por Gustavo Canatta, reclama el pago de la deuda histórica contraída por el Estado paraguayo con el Instituto de Previsión Social (IPS), con la finalidad de sanear sus finanzas y garantizar la constante provisión de medicamentos e insumos a sus asegurados, según señala a través de un comunicado.

“Nosotros queremos que el Estado pague parte de su deuda, por lo menos lo que le corresponde al área de la salud para poder dar una solución inmediata al problema que tiene hoy el IPS en términos sanitarios”, comentó Canatta, este miércoles, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que el compromiso acumulado durante casi siete décadas es de aproximadamente USD 800 millones. “El 41 % de esta cifra llegaría a USD 304 millones, con esto nosotros creemos que se puede dar una solución inmediata hasta que el actual presidente Isaías Fretes logre comprar a precios justos los medicamentos”, comentó.

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Canatta manifestó que acompañan la propuesta presentada por el senador Juan Afara que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.

La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Nosotros apoyamos esta propuesta al 100 % porque el uso de los bonos será cerrado, además tiene un sistema de control a los efectos de que no pueda existir sobrecostos o pagos excesivos por los medicamentos e insumos”, detalló.

Por otra parte, ratificó la confianza de los jubilados hacia la administración de Fretes, quien asumió la presidencia del IPS desde el pasado mes de abril y requirieron que los consejeros designados en la época del extitular Jorge Brítez sean removidos de sus cargos.

“Nosotros vemos que él tiene buena voluntad, está teniendo una cantidad de carpetas, juntando documentos para hacer las denuncias de manera responsable, que tengan la fuerza jurídica para llevar a los responsables a la cárcel y que devuelvan lo que han robado”.

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Autoridades de organismos de seguridad del Estado presentaron la “Operación Responsum”, con acciones estratégicas y coordinadas que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, para fortalecer la prevención, la inteligencia, investigación y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

Dicho operativo fue presentado durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, Enrique Riera, junto a su par de Defensa Nacional, Oscar González; además de viceministros y autoridades militares y policiales.

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El ministro Riera señaló que este plan es una respuesta concreta del Estado al crimen organizado, con la capacidad y potencia de un Estado organizado, poniendo todo el poder y fuerza, tal como instruyó el presidente Santiago Peña.

Mencionó que las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, integran fuerzas combinadas a lo largo y ancho del país, con fuerzas de élite y poder de fuego suficiente, para responder a los desafíos que hoy vivimos. Estiman la participación de unos 4.500 efectivos.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional Oscar González, explicó que la presencia de las autoridades de las instituciones a cargo es para demostrar el trabajo conjunto de policías y militares en bien de la seguridad de la ciudadanía, respetando la doctrina de empleo, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de la Nación y la misión constitucional de la Policía Nacional.

Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para enfrentar al crimen organizado, que dispone de armamentos de guerra, un entrenamiento seudo militar y el afán de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo.

Puntualizó que en estos casos, las Fuerzas Armadas van a trabajar conjunta, coordinada, y respetuosamente con la Policía Nacional, teniendo como objetivo la seguridad de la ciudadanía, que merece vivir en paz y tranquilidad, para que pueda garantizar su bienestar y progreso.

La “Operación Responsum” contempla la reorganización de las capacidades tácticas y de inteligencia, con despliegue focalizado en zonas estratégicas, para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.

Indicó que es una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a la población y preservar el orden público mediante una actuación articulada y sostenida. Asimismo, es para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.

Como parte de esta política de fortalecimiento institucional, la Policía Nacional avanza también en la creación de las Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales, una nueva estructura especializada destinada a brindar apoyo táctico en todo el territorio nacional y consolidar una respuesta más rápida, coordinada y eficiente en favor de la seguridad de la ciudadanía.

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