En medio del debate generado por el proyecto de ley que busca flexibilizar las condiciones para permitir actividades de exploración y explotación en la zona de los Médanos del Chaco, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, afirmó en la 780 AM que Paraguay debe avanzar en la explotación de gas natural en caso de confirmarse la existencia del recurso en el área.

Bejarano indicó que una eventual explotación del hidrocarburo no debería generar cuestionamientos desde el punto de vista energético, aunque reconoció que existen posiciones contrapuestas relacionadas con el posible impacto ambiental de estas actividades.

El viceministro señaló que corresponde analizar las mejores condiciones para llevar adelante un proyecto de estas características de manera responsable y sostenible. En ese sentido, destacó la importancia de brindar seguridad jurídica a las empresas concesionarias y sostuvo que el Estado debe respetar los derechos otorgados antes de eventuales cambios normativos posteriores.

El proyecto de ley mencionado fue impulsado por el diputado José Rodríguez y plantea modificaciones relacionadas con las condiciones para desarrollar actividades de exploración y explotación en la zona de los Médanos del Chaco.

Bejarano también manifestó que recuperar la confianza de los inversionistas es un factor clave para fortalecer la credibilidad del país en el sector energético.

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El viceministro aseguró que, si se comprueba la existencia de gas natural con condiciones comerciales para su explotación, el recurso debería convertirse en una fuente de energía para el país. No obstante, remarcó que el debate ambiental deberá desarrollarse dentro de los organismos competentes, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del patrimonio natural.

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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados asumió el compromiso de buscar alternativas de financiación para concretar una nueva sede de la Morgue Judicial y mejorar su infraestructura con nuevos equipamientos.

Luego de la reunión que mantuvo esta comisión, presidida por el diputado Arturo Urbieta con el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legua y Ciencias Forenses, del Ministerio Público se analizó la posibilidad de encontrar fondos para el traslado y modernización de la morgue.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador Urbieta, confirmó que en la fecha recibieron en audiencia al Dr. Lemir, quien les informó sobre las carencias que están teniendo en la dirección de Medicina Legal y ciencias forenses del Ministerio Público, como ser la falta de equipamientos adecuados para realizar el trabajo pericial.

No obstante, señaló que el médico forense recordó que el inmueble donde actualmente funciona la morgue judicial no pertenece al Ministerio Público, sino a la Universidad Nacional y el objetivo es trasladar a una sede propia, en un inmueble del Ministerio Público ubicado en la ciudad de Luque.

Sin embargo, indicó que, para concretar esta mudanza, está faltando los recursos para construir o adecuar la infraestructura y equipar esta nueva sede.

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En respuesta, el diputado Urbieta se ofreció como mediador para conversar con el fiscal general del Estado. Anunció que este martes mantendrá una reunión con el fiscal general, Emiliano Rolón, con quien buscará analizar alternativas para financiar la mudanza y mejorar el equipamiento de la morgue judicial.

“Entiendo que el fiscal general Emiliano Rolón ya está solicitando a través de la cooperación de la Koica Paraguay. Pero si no logra con esa cooperación, estaremos viendo para estudiar desde la Cámara de Diputados, en un análisis de nuestra comisión junto con la comisión de Presupuesto; pero también estaré hablando con el presidente de la Cámara Baja, el doctor Raúl Latorre, a fin de concretar esa financiación.

“Pero lo que más quiere el Dr. Lemir es contar con un local propio, acorde a las necesidades de Paraguay, para poder brindar un mejor servicio pericial”, explicó.

Mencionó, además, que otro asunto abordado fue sobre la necesidad de que el Gran Hospital de Concepción pueda contar con una morgue. Explicó que para concretar este trabajo se necesita de la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, por lo que el diputado Urbieta mencionó que -como mediador- ya se está avanzando en la concreción a corto plazo.a

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ueno bank aseguró que su participación en las operaciones vinculadas al portafolio de inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) se realizó conforme a los procedimientos establecidos por la previsional, en el marco de procesos transparentes y competitivos.

A través de un comunicado oficial, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento regulatorio y el fortalecimiento institucional, ante el proceso de adecuación del portafolio de inversiones del IPS.

El banco sostuvo que las operaciones fueron desarrolladas bajo principios de libre competencia y en igualdad de condiciones. “Durante el período en que ueno bank ha administrado estos recursos, los fondos generaron rendimientos que contribuyeron al fortalecimiento del patrimonio administrado por el IPS y a la generación de valor para sus asegurados”, señaló la entidad.

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En su comunicado, ueno bank destacó la solidez de su estructura financiera, mencionando que es la única entidad bancaria del país con doble calificación internacional de riesgo otorgada por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Asimismo, resaltó que cuenta con una de las calificaciones de riesgo local más altas del sistema financiero paraguayo, con una categoría AApy.

La entidad también mencionó el respaldo de inversionistas internacionales, entre ellos OTP Bank, uno de los principales grupos financieros de Europa, que forma parte de su estructura accionaria.

También, la entidad afirmó que estos antecedentes reflejan la fortaleza de su modelo de negocio, capacidad operativa y visión de largo plazo, además de su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Finalmente, la entidad manifestó su disposición a acompañar los procesos que correspondan y sostuvo que el fortalecimiento institucional, el respeto a las normas y la gestión responsable de los recursos son elementos fundamentales para consolidar un sistema financiero confiable y competitivo.

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La defensa del imputado recusó sin fundamentos a dos integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar las recusaciones promovidas por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y confirmó la com­petencia de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón para continuar interviniendo en el proceso penal que inves­tiga presuntas irregularida­des en la ejecución del fallido proyecto metrobús.

La decisión fue adoptada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, quienes concluyeron que los planteamientos pre­sentados por la defensa care­cían de fundamentos lega­les suficientes para apartar a los integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Eco­nómicos. Con esta resolución, el máximo tribunal despeja uno de los principales obstá­culos que mantenían demo­rado el análisis de la causa en segunda instancia.

Las recusaciones fueron pro­movidas por el abogado Fede­rico Huttemann, represen­tante legal de Wiens, quien solicitó el apartamiento de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón. Según la resolución de la Corte, los argumentos expuestos no reunían los requisitos pre­vistos por la legislación para justificar la separación de los magistrados del conoci­miento del expediente.

Con esta estrategia proce­sal, la defensa buscaba dejar momentáneamente sin inte­gración a la Cámara de Apela­ciones encargada de estudiar el caso, lo que habría gene­rado una postergación en la resolución de los recursos pendientes y, en consecuen­cia, un retraso en el avance del proceso penal.

La causa contra el exminis­tro se inició el pasado 13 de febrero, cuando los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación en su contra por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, atribu­yéndole responsabilidad en calidad de autor por supues­tas irregularidades vincu­ladas al proyecto metrobús durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones.

El requerimiento fiscal fue recibido por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Humberto Otazú el 4 de marzo. Sin embargo, cinco días des­pués la defensa presentó una serie de incidentes procesales cuestionando la validez de la admisión de la imputación, recursos que quedaron pen­dientes de resolución.

Tras el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el expe­diente volverá a manos de la Cámara Especializada en Deli­tos Económicos, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y José Wal­dir Servín, quienes deberán pronunciarse sobre la legali­dad de la admisión de la impu­tación y permitir que la inves­tigación continúe conforme a las etapas previstas en el pro­ceso penal.