En sesión plenaria de este miércoles, la Corte Suprema de Justicia ratificó, mediante la Resolución N° 12.077, que el pago del 10 % del precio de una subasta, realizada por el licitador al rematador en la Secretaría de los Juzgados, pueda efectuarse mediante transferencias bancarias a través del sistema SIPAP. La cuenta bancaria receptora deberá ser unipersonal y estar a nombre del rematador interviniente en el acto de la subasta.

Al respecto, el ministro de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, señaló que esta medida representa un cambio significativo en la mecánica de las subastas judiciales, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, dicho pago debía realizarse en efectivo.

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“Esto cambia la manera de trabajar en las subastas, brindando una seguridad muy importante a los compradores, que ya no tendrán que portar dinero en efectivo hasta el lugar del acto”, expresó el alto magistrado.

Con esta decisión, el pleno de la Corte refrendó la Resolución N° 114 del 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Superintendencia, por la cual se aprobaron los criterios establecidos por el Departamento de Tesorería, conforme a lo expuesto en el exordio de la resolución.

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En sesión conjunta las comisiones asesoras de Asuntos Electorales, Legislación y Reestructuración y Modernización del Estado, recibió en audiencia a funcionarios de la Justicia Electoral con el fin de conocer aspectos de la convocatoria de la licitación adquisición de Máquinas de Votación Electrónica, sobre todo en lo que hace a la seguridad y el respeto fiel de la voluntad popular con relación al resultado electoral.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diputado Arnaldo Valdez, explicó que el abordaje principal de la reunión guarda relación a las consultas constantes que hace la sociedad civil, así como la clase política respecto a la seguridad que pueda brindar estas máquinas al momento en que el ciudadano vaya a emitir su voto.

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Destacó que existen posiciones claras de parte de la Justicia Electoral, así como se señalaron dudas de parte de la comunidad en general. El legislador expresó que considera fundamental seguir muy de cerca el proceso de esta licitación.

“Sabemos que una herramienta hecha por el hombre puede sufrir alteraciones, o modificaciones. Estamos hablando de un elemento muy sensible que es la ciberseguridad. Tenemos que ver todos los mecanismos de control y garantía para que estas máquinas reflejen realmente la voluntad de cada elector”, explicó.

Mencionó que están en ese proceso ya que existe ya una ley electoral vigente, que establece que las elecciones se tienen que llevar a cabo con urnas electrónicas; por eso es que tanto la ciudadanía en general como los partidos políticos deben acompañar este proceso muy de cerca.

Respecto a la medida cautelar que interpuso el Tribunal de Cuentas, y que nuevamente está trabando el avance de la licitación; el diputado Valdez señaló que ese es un punto que se deberá trasladar a la Justicia Electoral, para analizar cuáles son las alternativas que se tiene y cuáles son las medidas de urgencia.

No obstante, señaló que los funcionarios de la Justicia Electoral, informaron que están trabajando y que esperan que en una semana se esté destrabando este aspecto legal.

A su turno, Carlos María Ljubetich, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que la medida cautelar fue interpuesta por una empresa que no participó del proceso licitatorio y que no demostró, e incluso no cuenta con las condiciones para participar de la convocatoria.

Indicó que han protestado por el plazo de experiencia que se está requiriendo dentro de las bases y condiciones que exige la Justicia Electoral que son de 10 años; mientras que la empresa pide que sea de 5 años.

“Pero no existe legitimación activa para esto. Mientras tanto se está paralización el proceso, y la resolución dependerá todo de la Justicia”, acotó.

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• HOY.COM.PY

Los resultados del viaje presidencial a Japón, además de acuerdos estratégicos, también se resumen en cifras monetarias. Según el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay consiguió al menos 500 millones de dólares.

Posicionar a Paraguay a nivel mundial y levantar la bandera de estabilidad y confianza, en medio de un ambiente de incertidumbre en el escenario mundial, son objetivos que lleva la delegación paraguaya en todos los viajes.

Luego de 10 años de espera, Japón y Paraguay firmaron un acuerdo de inversión que reconoce a nuestro país como socio estratégico para las inversiones japonesas, dentro de un contexto no solamente de comercio, sino de ubicación geográfica como la puerta de entrada al Mercosur.

“De este viaje trajimos mínimo 500 millones de dólares, de los cuales, 250 millones son del fondo forestal Sarte, que incrementa la capacidad que tiene Paraguay en este rubro importante, eso fue anunciado por el propio dueño, quién sabe cuántas decisiones de inversión van a venir de ese anuncio”, explicó Jiménez.

Por otro lado, un crédito de 240 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para la financiación del Corredor Suroeste, que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Además, la habilitación del ingreso sin visa para los compatriotas que visiten Japón por periodos cortos, y la firma del acuerdo de consultas políticas que llevará la cooperación a un nivel aún más profundo.

Para Paraguay, el impacto económico directo incluye la atracción de capital japonés, principalmente en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, energía y tecnología, según el MIC.

Uno de los aspectos destacados es el impulso a la agenda comercial paraguaya con Japón, orientada a diversificar mercados y acelerar el acceso de productos como la carne paraguaya al mercado japonés.

También se contempla la integración de Japón en el desarrollo del Corredor Bioceánico, conectando al Paraguay con el Pacífico a través del Puerto Franco en Chile, en una estrategia regional de conectividad logística.

Además, el MIC refiere que la designación de Paraguay como socio estratégico en áreas como la seguridad alimentaria de Japón abre además oportunidades de cooperación en innovación agrícola y sostenibilidad productiva.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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