El diputado Édgar Olmedo habló sobre la reunión con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y autoridades del departamento de Caaguazú, donde abordaron principalmente sobre obras que se están llevando adelante en esa región del país. Acompañaron el legislador Miguel Del Puerto y el gobernador Marcelo Soto.

“Fue una visita de cortesía, donde abordamos con el vicepresidente varios aspectos relacionados cuestiones de interés para el departamento de Caaguazú. Hay muchas obras que se están desarrollando en todo el país y también en nuestro departamento, lo relacionado a la duplicación del trazado original Tapé Tuya, la ruta 2 Coronel Oviedo”, indicó el parlamentario, este jueves, en conversación con la 1020 AM.

Detalló que esta obra no contemplaba la reubicación de los vendedores informales que se encuentran en la zona de obra, sobre la franja de dominio y refirió que son “aspectos que se deben prever, esta situación de reubicación de la gente”.

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El diputado indicó que también conversaron sobre los inicios de las obras de pavimentación asfáltica que ya se está dando, conocido como la ruta de la banana, entre los distritos de Tempiaporá y Raúl Arsenio Oviedo.

Por otra parte, el legislador destacó el funcionamiento del hospital referencial que se encuentra en la ciudad de Villarrica, que favorece a la región y a varios departamentos circundantes. “El funcionamiento de manera eficiente de este hospital va ayudar muchísimo a mejorar el sistema de salud, que sabemos sigue siendo una deuda histórica, pero que hay avances demasiado importantes, y en este contexto también siempre estamos conversando. Hasta el día de hoy yo he visto, evaluado el desempeño del gran Hospital y ha sido de mucha ayuda, ha mejorado considerablemente todo lo que se refiere al sistema de salud”, resaltó.

Olmedo refirió que el movimiento oficialista cuenta con dos ramas en el departamento. “Nosotros tenemos en Caaguazú dos vertientes del movimiento Honor Colorado, una de ellas liderada por el gobernador Marcelo Soto, a quien le acompañamos los dos diputados (Olmedo y Miguel Del Puerto), 13 intendentes municipales de los 16 intendentes colorados, y la otra vertiente es del senador Silvio Ovelar, que está también con dos diputados y 4 intendentes municipales”, sentenció.

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Respecto al informe de Economía Subterránea 2024, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, expuso que el mismo deja en evidencia las debilidades que enfrenta Paraguay en la lucha contra el contrabando y otras prácticas ilegales que afectan al comercio formal.

Para el empresario, lo más relevante de la edición 2024 es el cambio en la metodología, que permite por primera vez comparar la situación local con la de los países vecinos.

“Eso es lo más rico de esta edición, el poder tener visualizado cómo estamos en comparación con nuestros vecinos. Nos da la sensación de que se han hecho algunas cosas, pero que todavía hay mucho por hacer”, aseguró a La Nación/Nación Media y acotó que la vulnerabilidad de las fronteras sigue siendo uno de los mayores desafíos.

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Dijo que, aunque los países vecinos presentan porcentajes menores de economía subterránea, el volumen de sus economías es tan grande que las cifras absolutas son muy significativas y terminan impactando en el mercado paraguayo.

El titular del CIP hizo hincapié en que el contrabando y la subvaloración aduanera son dos de los principales problemas que afectan al sector importador. Por eso, insistió en la necesidad de que los gremios y el gobierno trabajen juntos para descomponer los datos del informe y así poder atacar cada problema por separado.

“La única forma de accionar y empezar a generar resultados diferentes sería tratar de tener alguna manera de medir los porcentajes de los que se compone la economía subterránea e ir atacando uno por uno cada uno de ellos”, afirmó.

En el análisis de Dumot, el informe señala claramente dos frentes que el Estado debe abordar de manera decidida: la informalidad, que requiere medidas desde el ámbito fiscal, y la ilegalidad, que debe ser combatida desde el área de seguridad. Ambos frentes, dijo, no solo afectan a las empresas formales, sino que también tienen un impacto directo en la recaudación y en las arcas públicas, lo que limita los recursos disponibles para el desarrollo.

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Dumot reconoció que el año pasado se logró una reducción importante en los niveles de contrabando, gracias sobre todo a la caída del contrabando proveniente de Argentina, en un contexto de restricciones y crisis en ese país. Sin embargo, advirtió que “los niveles que se lograron disminuir el año pasado no van a ser fáciles de sostener este año”, por lo que será necesario crear nuevas herramientas y estrategias para mantener el avance.

La empresa procesadora de pagos, Bancard, expresó su respaldo al proyecto de ley que busca regular el Sistema Nacional de Pagos, pero advirtió sobre un artículo específico que considera preocupante. En un comunicado, indicaron que no se opone a la regulación del sector, pero pidió revisar el inciso del artículo 4, que será tratado próximamente en la Cámara de Diputados.

La preocupación se da, ya que Liana Caballero, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), dijo públicamente que el objetivo de la normativa sería segregar a la empresa Bancard para fomentar la competencia en el sector. Desde la compañía señalan que esta postura es incompatible con los principios constitucionales de propiedad privada y libertad de concurrencia.

La empresa asegura que está a favor de la interoperabilidad plena, es decir, que los sistemas de pago puedan integrarse entre sí. Precisan que hoy el 80 % de las compras con tarjetas en Paraguay ya operan bajo esquemas interoperables, gracias a la participación de múltiples marcas internacionales. No obstante, Bancard remarca que este avance no requiere desmembrar una compañía existente, sino colaboración técnica entre los actores del ecosistema.

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En el comunicado también cuestionan que desde un ente regulador como el BCP se hagan referencias despectivas sobre la composición accionaria de Bancard, integrada por 16 instituciones financieras. Según la empresa, este tipo de declaraciones generan preocupación sobre el trato equitativo a los actores del sistema y sientan un precedente riesgoso para la seguridad jurídica del país.

Tras 40 años de inversión en infraestructura, tecnología, empleo formal y modernización del sistema de pagos en Paraguay, Bancard dice que su aporte ha sido clave para formalizar la economía y fomentar el uso de medios digitales de pagos.

Finalmente, Bancard exhorta a las autoridades competentes, suspender el tratamiento del proyecto de ley y piden la apertura de un espacio de diálogo técnico, transparente y constructivo, para evitar afectar injustificadamente a una empresa “que actúa dentro del marco legal, y apuesta por el crecimiento y desarrollo de los medios de pagos en el país”.

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La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) llevó a cabo una de las fases de espionaje de la “Operación Duque” contra el exministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, en vísperas de la visita en Asunción del canciller Mauro Vieira, actual ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, quienes se reunieron el 9 de marzo de 2023, según documentos inéditos obtenidos en exclusiva por el medio brasileño UOL.

“La Abin obtuvo una copia anticipada del discurso que Arriola haría durante la visita de Mauro Vieira. El documento de Abin, que fue incautado por la Policía Federal en las computadoras y pendrives de la agencia, tiene como fecha de creación el día 8 de marzo del 2023 y, en sus metadatos, consta como autor a un funcionario de la diplomacia paraguaya. Esa información indica que el documento fue producido directamente por el equipo del canciller paraguayo”, revela el portal de noticias, que el 31 de marzo pasado develó este esquema de ciberespionaje de parte del Gobierno brasileño, en el marco de las negociaciones de Itaipú Binacional.

Estos documentos expuestos fueron incautados por la Policía Federal de Brasil en el marco de la investigación “Abin paralela”, que culminó la semana pasada, mientras que el espionaje a Paraguay será investigado de manera separada, señala la nota periodística publicada este 18 de junio.

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Otro de los documentos fue producido por la Abin en junio del 2023, en el cual se grafica un esquema de las autoridades paraguayas responsables por las negociaciones de la tarifa de Itaipú y la descripción de documentos del Gobierno paraguayo obtenidos por intermedio de la acción de la agencia brasileña, incluyendo un resumen del entonces canciller para orientarlo en la víspera de la visita de Vieira.

“El primer slide dice: ´Operación Duque – Renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú´. Fue ingresada en la fecha de enero del 2023, el documento aprehendido por la PF, entretanto, tiene fecha de creación del 6 de abril del 2023. La depuración todavía no identificó cuando fue hecha la presentación y qué integrantes del gobierno de Lula conocían el contenido de ese documento”, dice el artículo de UOL firmado por el periodista Aguirre Talento.

Así también, el documento contiene un resumen de Abin sobre la controversia: “En cuánto el Brasil quería disminuir el precio de la energía pagada al consumidor, el Paraguay quiere mantener la tarifa alta para invertir en infraestructura eléctrica del país y vender la energía a terceros a precio de mercado”.

También se describe a “personas de interés” relacionadas a Paraguay, pero “lo que no queda claro es que si serían posibles blancos de hacker o informantes”. En otra página, la presentación de PowerPoint muestra los resultados de las “acciones cibernéticas” con las imágenes de los documentos supuestamente obtenidos por la “invasión” a los dispositivos informáticos de las autoridades de Paraguay.

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Tras la publicación periodística del 31 de marzo de 2025, el Gobierno brasileño reconoció la operación de espionaje a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, atribuyendo la implicancia a la anterior administración a cargo del exmandatario Jair Bolsonaro.

“La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y declarada ineficaz por el director interino de la ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual administración tuvo conocimiento del hecho”, expresa parte de la nota, que niega la participación del actual gobierno del presidente Lula, y aclara que Luiz Fernando Corrêa, hoy director de la inteligencia brasileña, asumió el cargo el 29 de mayo de 2023.

Por otra parte, la policía de Brasil recomendó ayer martes presentar cargos contra Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, sospechoso de haber participado en una supuesta red de espionaje ilegal durante el mandato de su padre (2019-2022). También se señalan suficientes indicios para inculpar al exdirector la agencia brasileña de inteligencia (Abin) y actual diputado Alexandre Ramagem en el caso conocido como “Abin paralela”.