Una conferencia de carácter internacional es lo que se desarrollará el día de mañana a las 18:00, cuyo tema será “Repensar la Inclusión financiera” teniendo en cuenta la experiencia que registra el Uruguay con una ley vigente sobre la Inclusión financiera.
La explicación de la experiencia uruguaya en el tema estará a cargo de Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas del Uruguay, así como de Gustavo Viñales, máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria.
Con la presentación de los referentes de la Inclusión financiera, la idea es tener el conocimiento de las figuras legales que el Uruguay cuenta en cuanto a la inclusión financiera y, además, conocer la experiencia que tuvo ese país en el campo mencionado.
Te puede interesar: Tigo Business ofrece charlas en línea para las pymes
Los expertos hablarán de cómo funcionó la Ley de Inclusión Financiera y las consecuencias de esa aplicación durante los últimos años, sobre todo. Entender si aumentaron las cuentas de las personas o no, si se utilizaron los servicios digitales, el impacto que se registró en la formalización de la economía uruguaya, entre otros aspectos.
El evento es organizado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP) y se realizará mediante la plataforma digital Microsoft Teams y los moderadores del evento serán el propio titular de Hacienda, Óscar Llamosas, y el presidente de la banca matriz, José Cantero.
Lee también: Exviceministro de Economía insta a cambiar esquema del gasto público
Dejanos tu comentario
FEPY 2025 pone a la sostenibilidad y la inclusión empresarial en la agenda
En el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY 2025), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Circular Economy Innovation Hub organizan el 1er Foro de Sostenibilidad y Economía Circular, un espacio clave para conectar negocios con impacto responsable. El encuentro tendrá lugar el 20 de agosto en el Centro Cultural del Banco Central del Paraguay y busca impulsar el diálogo y la acción hacia modelos económicos más sostenibles, inclusivos y competitivos.
El foro reunirá a referentes internacionales, líderes empresariales y organismos multilaterales para compartir experiencias, casos de éxito y propuestas concretas que contribuyan a la transición del sector industrial hacia una economía circular. Esta actividad forma parte del programa de la FEPY 2025, evento insignia de la UIP que integra negocios, innovación y sostenibilidad.
La apertura contará con la entrega del Sello Verde, distinción que reconoce a empresas que han medido su huella de carbono e implementan planes de mitigación en el marco del programa AL-INVEST Verde, cofinanciado por la Unión Europea. Posteriormente, especialistas de la Fundación Ellen MacArthur-organización referente a nivel global en economía circular- abrirán el debate con una conferencia magistral.
El programa contempla además la participación de Karen Rosales, de la OIT, quien abordará el concepto de Transición Justa, clave para garantizar que el avance hacia la sostenibilidad sea inclusivo y genere oportunidades dignas.
Los distintos bloques temáticos abarcarán desde estrategias de mitigación de la huella de carbono, eficiencia energética y gestión del agua, hasta testimonios de empresas certificadas con prácticas circulares. El conversatorio internacional sumará la visión de especialistas de Alemania y Chile sobre herramientas de impacto y gestión ambiental.
Con entrada gratuita mediante registro previo, este foro se proyecta como un hito dentro de la FEPY 2025, consolidando a Paraguay en el debate global sobre cómo las empresas pueden crecer generando valor económico, social y ambiental al mismo tiempo.
Dejanos tu comentario
Reformas y creación de entes eficientes marcan dos años del gobierno de Peña
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:
- IPS
- la Caja Fiscal
- la Caja Municipal
- la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
- la Caja de Itaipú
- la Caja Ferroviaria
- la Caja Parlamentaria
- la Caja Bancaria
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
Dejanos tu comentario
Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La Ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la Ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley se establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud donde se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la Ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La Ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La Ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta Ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la Ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La Ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
Dejanos tu comentario
Puente celebra exitosa estructuración y colocación de bonos de Financiera FIC
Puente Casa de Bolsa y Financiera FIC S.A.E.C.A., emiten bonos financieros por el valor total de G. 20.000.000.000 en el mes de julio.
Los bonos financieros de Financiera FIC S.A.E.C.A fueron emitidos en dos series el 29 y 31 de julio en moneda local, a plazo de 1,5 años y con una tasa de interés anual del 10,50%, con pagos de intereses mensuales y amortizaciones al vencimiento. La garantía de esta emisión sería común.
La calificadora de riesgo Solventa & Riskmétrica, otorgó la calificación de riesgo “A-py Estable” a la solvencia de la financiera, reflejando una capacidad de generación, respaldo patrimonial, perfil de riesgos y fondeo y liquidez adecuados para la institución financiera local.
Te puede interesar: Expo Rodeo Trebol tendrá más de 600 animales en pista
Sobre Financiera FIC S.A.E.C.A.
Financiera FIC S.A.E.C.A. es una entidad con más de 10 años de trayectoria, especializada en ofrecer créditos, productos financieros y servicios digitales. Forma parte del Grupo MAO y ha mostrado un crecimiento sostenido, con sólida presencia en varias ciudades del país.
Lea también: Obligado, capital del cooperativismo, se posiciona como centro económico del Sur