El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 al Congreso Nacional. Este contempla un gasto de USD 18.900 millones para el próximo año, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal (USD 17.700 millones).

Este incremento, según precisó el titular del MEF, está distribuido entre la administración central y entes descentralizados como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la Administración Nacional de Electricidad (Ande), gobernaciones y otros organismos.

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Uno de los puntos más importantes de este PGN es que se prevé llegar a la convergencia fiscal en 2026, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que permite un déficit anual del 1,5 % del producto interno bruto (PIB). Este año se cerrará en 1,9 %.

Otro detalle en la presentación de la ley más importante del país, es que es la primera vez que se hace entrega del proyecto en formato QR y no en hojas de papel, a fin de contribuir con la sustentabilidad.

Consultado sobre los gastos rígidos, el ministro señaló que el componente salarial representa el 62 % de los impuestos en la administración central. Aunque este porcentaje puede parecer elevado, recordó que en su punto máximo llegó al 77 % y que en 2025 fue del 65 %, por lo que actualmente se observa una reducción.

Mencionó que, al margen de los incrementos en sectores prioritarios como salud y educación, recordó el ajuste salarial del 3,6% para docentes, y que el peso de los salarios sobre la recaudación sigue disminuyendo.

Sobre los sectores prioritarios, dijo que se destinarán USD 25 millones adicionales al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), al igual que en el presupuesto del año anterior. Señaló que el objetivo es garantizar recursos reales y sostenibles para un sector sensible como la atención a pacientes oncológicos.

Respecto a inversiones en infraestructura, expuso que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendrá un presupuesto similar al de este año, así como proyectos de inversión de la ANDE y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Acerca de la reforma del transporte público, aclaró que los USD 300 millones contemplado en el PGN, corresponde al costo total estimado del plan, pero que en el presupuesto se incorporan USD 55 millones en subsidios.

Dijo que estos fondos podrán ser reprogramados según avance la implementación del nuevo sistema. Resaltó que, por primera vez, el subsidio al transporte se financiará con recursos propios, eliminando la necesidad de endeudamiento.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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Como parte de una nueva plataforma tecnológica implementada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) buscan reemplazar los tradicionales cheques físicos, marcando un hito en la modernización de los servicios judiciales, informaron desde el Palacio de Justicia.

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La iniciativa comenzó a operar desde este lunes 18 de agosto, en el marco de la primera etapa de implementación, en la que os beneficiarios de juicios tramitados en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital podrán recibir sus pagos a través de transferencias bancarias directas.

“El objetivo es ofrecer mayor agilidad, seguridad y comodidad a los ciudadanos. Con esta nueva modalidad, las personas ya no necesitarán acudir a sucursales bancarias para cobrar sus cheques, disponiendo de los fondos de manera directa y segura en sus cuentas”, indicaron.

Manuel Ochipintti, presidente del Banco Nacional de Fomento, informó sobre el sistema a ser utilizado: “Desde hoy se habilita automáticamente una cuenta en el BNF a nombre de cada beneficiario, donde se acreditará el monto autorizado por resolución judicial”. Detalló que este mecanismo garantiza no solo la rapidez en los cobros, sino también una mayor seguridad al permitir que los beneficiarios dispongan de su dinero sin necesidad de trámites presenciales ni manejo de cheques".

Al momento de indicar el proceso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, destacó que “este es un paso fundamental hacia una justicia más accesible y eficiente. Estamos eliminando barreras burocráticas y utilizando la tecnología para beneficiar directamente al ciudadano”.

La dualidad CSJ y BNF ya fue implementada y la plataforma ya fue oficializada este lunes mediante la firma de un convenio interinstitucional en la sala del Pleno de la Corte Suprema. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta primera de la CSJ, doctora Carolina Llanes, y los ministros doctores Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.

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“También participaron del acto la licenciada Rosa Liz Chamorro, directora general de la DGTICs de la CSJ, y por parte del BNF, Claudio Bacchetta, miembro titular del directorio; César Vargas, gerente general; Francesco Lemmo, gerente de Operaciones; y Guillermo Acevedo, gerente de Asuntos Legales”, explicaron.

Por intermediación del senador Orlando Penner, quien preside de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, en la fecha se concretó una respuesta positiva al reclamo de la comunidad indígena de Río Verde, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, que solicitaba la instalación de un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) en su zona.

La respuesta positiva se concretó en la reunión del Senado luego de la movilización que hiciera la comunidad indígena que cerró una ruta para hacer su reclamo de solicitar la instalación del cajero automático en la comunidad, ya que una buena parte de la población cuenta con las tarjetas para el cobro de los beneficios que reciben del Estado. Sin embargo, actualmente para cobrar 300 mil guaraníes, tienen que viajar 700 kilómetros para llegar al cajero mas cercano.

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Al respecto, el senador Penner señaló que en la fecha recibieron a una comitiva de hombres y mujeres chaqueños; luego del primer encuentro que ya habían tenido el viernes pasado al costado de la ruta donde se manifestaban. En la ocasión, reclamaron la larga espera que llevan para la instalación de un cajero automático en su comunidad.

“Hoy tuvimos un logro importantísimo, con la gente que intervino en la reunión de la comisión, ya que en agosto iniciará la construcción de la caseta para el cajero, que se espera concluya entre 3 y 5 semanas, para que luego sea instalado el cajero automático del BNF”, precisó.

Mencionó que en la reunión asistieron el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ramón Benegas, representantes y ténicos del BNF, así como el intendente de Villa Hayes, que en la fecha confirmó que cuenta con los recursos para la construcción de la caseta.

A su turno, el titular del Indi, Ramón Benegas resaltó que el hecho se logra gracias a la intervención del titular de la comisión de Pueblos Indígenas, quien había mantenido una reunión previa con la comunidad de Río Verde. No obstante, señaló que el proyecto ya estaba encaminado desde hace un tiempo, y solo faltaban concretar algunos detalles.

Mencionó que aprovechando este tipo de reuniones, igualmente se presentaron otros pedidos como solicitud de ampliación de viviendas, o construcción de viviendas para aquellas familias nativas que aún no están contando con casa propia. Precisó que este pedido ya está siendo encaminado desde el INDI con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

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