La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó sobre un encuentro mantenido con instituciones del sector público para agilizar el pago de intereses originados de la deuda que mantiene el Estado con las empresas contratistas.

La cita congregó a representantes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cavialpa y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La reunión estuvo orientada a fortalecer los mecanismos para el procesamiento y pago de intereses moratorios correspondientes a certificados de obras.

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El encuentro tuvo como eje la coordinación de los procedimientos necesarios para que las solicitudes puedan ser tramitadas con mayor agilidad y sin reparos, facilitando la articulación entre las distintas instituciones involucradas.

Actualmente, la cartera de Obras dispone de un procedimiento específico para la presentación y gestión de estas solicitudes, que contempla su registro en el Sistema de Información de Contrataciones y Ejecución de Obras (SICOE).

La articulación entre las instituciones del Estado y los gremios del sector privado permite identificar puntos de mejora, unificar criterios y acompañar la implementación de soluciones para las empresas constructoras, valora la publicación de Cavialpa.

La Ley N.º 7699/2026, “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, fue sancionada y promulgada en el pasado mes de agosto. En el marco de dicha normativa, el MOPC habilitó el procedimiento para la presentación de Solicitudes de Pago en Concepto de Intereses Moratorios correspondientes a certificados de obra, a ser presentadas por proveedores, contratistas y firmas de fiscalización a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del Ministerio.

Desde inicios de este año, las empresas contratistas comenzaron a demandar el pago de la deuda, reconocida por el Estado de unos USD 220 millones, además de los intereses, de unos USD 100 millones, según el sector vialero.

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El ingeniero Francisco Griñó Guillén, miembro de Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), instó a seguir invirtiendo en el dragado de los ríos y el mejoramiento de las rutas y caminos. El directivo considera indispensables para dar previsibilidad al movimiento de cargas y mantener la navegabilidad durante todo el año.

Sostuvo, que tanto el dragado permanente de los ríos y mejores caminos de acceso son fundamentales para un país mediterráneo como es Paraguay. Señaló que el desarrollo de la infraestructura portuaria paraguaya en las últimas dos décadas a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná estuvo impulsado principalmente por inversiones privadas. Además, la mayor parte de las cargas del país opera a través de puertos privados.

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Sin embargo, el Ing. Griñó resaltó que esta expansión requiere de obras públicas que garanticen el movimiento de las mercaderías por agua y su conexión con la red terrestre. “El Estado debe acompañar más la inversión. Tiene que ser partícipe y darle el apoyo que necesitan las terminales portuarias, con caminos y dragados”, afirmó.

El ingeniero, con experiencia en la construcción y administración de puertos, explicó que las condiciones de navegación y los accesos terrestres forman parte de una misma cadena logística. “En el caso del río, es la autopista más importante del Paraguay. El 80 % o 90 % de la carga del país, de importación y exportación, pasa por los ríos”, expresó.

Griñó señaló que uno de los principales desafíos es garantizar la continuidad del dragado. El ingeniero mencionó que actualmente existen tres contratos para realizar estos trabajos, pero sostuvo que el mantenimiento de los canales debe responder a una planificación permanente.

“Hay que hacer un programa de dragado y hay que cumplir ese programa de dragado. Si hay un inconveniente, no se puede solucionar en cuestión de días. A veces lleva meses”, explicó.

A su criterio, esperar una bajante pronunciada para iniciar los trabajos reduce la capacidad de respuesta y expone al comercio exterior a retrasos que podrían evitarse mediante intervenciones anticipadas.

La navegación también depende del mantenimiento de los tramos del río Paraná que se encuentran bajo jurisdicción argentina. En ese sentido. Griñó planteó la necesidad de mejorar la coordinación sobre las aguas compartidas para que el país vecino realice las tareas correspondientes en su territorio.

Por otra parte, señaló que la necesidad de infraestructura no se concentran únicamente en los ríos, ya que el traslado de las cargas desde las zonas productivas hasta las terminales depende casi totalmente de la red vial, tanto rutas como caminos vecinales, explicó el profesional. “Nosotros no tenemos ferrocarril y eso hace que el transporte que alimenta a los puertos sea terrestre”.

Indicó que esta dependencia aumenta la presión sobre las rutas y exige caminos capaces de soportar un tránsito intenso de camiones durante todo el año. “Necesitamos caminos de todo tiempo para asegurar los accesos, sobre todo rutas en buenas condiciones, por la intensidad que genera el tráfico de las cargas”, manifestó.

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La 27.ª edición se desarrolla hasta el 30 de agosto con acceso libre y gratuito. El encuentro espera recibir entre 30.000 y 35.000 visitantes y combina producción, negocios, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Diferentes sectores en un mismo espacio. Más de 100 empresas, cuatro jornadas y una expectativa de hasta 35.000 visitantes. Con estos números, la 27.ª edición de la Expo Yguazú abrió este jueves sus puertas en la Plaza de la Amistad, con una propuesta que busca reunir en un mismo espacio producción, cultura, gastronomía, entretenimiento y oportunidades de negocios.

El encuentro se extenderá hasta el 30 de agosto, con acceso libre y gratuito durante las cuatro jornadas. La expectativa de convocatoria se ubica entre 30.000 y 35.000 visitantes, en una edición que adquiere además un significado especial al desarrollarse en el marco de los 65 años del distrito de Yguazú y los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay.

Expectativas y movimiento económico. En su edición anterior, la Expo Yguazú reunió a más de 30.000 personas y generó un movimiento económico superior a USD 1 millón, consolidando su aporte al turismo y a la dinámica comercial de la región.

Uno de los principales componentes de la edición 2026 es la participación de más de 100 empresas, distribuidas en los diferentes sectores del predio.

La presencia empresarial forma parte de una propuesta que vuelve a integrar actividades comerciales con espacios dedicados a la cultura y el entretenimiento.

Entre los atractivos que regresan este año se encuentran los globos aerostáticos, que vuelven con una operación técnica renovada. La agenda también contempla el tradicional Carnaval Japonés, la Feria de Hortigranjeros y la cuarta edición del Festival del Asado.

Dos comisiones de la Cámara de Senadores instalaron una mesa de trabajo para analizar el proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio para el sector de las plantas medicinales.

Participaron de la reunión los integrantes de las Comisiones de Salud Pública y de Industria y Comercio, además de representantes del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y otras instituciones vinculadas con la regulación en este rubro.

Se trata del proyecto de Ley “Que establece el marco general para promover y regular técnicamente la desecación, fraccionamiento, fabricación, envasado, distribución, comercialización, importación y exportación de drogas vegetales y preparados de drogas vegetales”, vinculados tradicionalmente en nuestro país con el “pohã ñana”.

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Al término del encuentro, el senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, explicó que la iniciativa busca establecer criterios técnicos y regulatorios para las distintas etapas de procesamiento y comercialización de las plantas medicinales, promoviendo, al mismo tiempo, la incorporación de sus productores al circuito formal.

La propuesta contempla una diferenciación entre el “pohã ñana” destinado al consumo en estado natural, sin procesos de transformación, y los productos que atraviesan etapas de elaboración, como jarabes u otras presentaciones. En este último caso, correspondería la intervención de Dinavisa.

Según manifestó el congresista, uno de los principales objetivos de la iniciativa es brindar respaldo legal a los productores, especialmente a quienes forman parte de la agricultura familiar campesina.

De este modo se pretende incorporarlos progresivamente a la formalidad, acceder al Registro Único del Contribuyente (RUC) y, posteriormente, a herramientas del sistema financiero.

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