El gerente de Prestaciones Económicas del IPS, doctor Pedro Halley, reveló que se comprobó que en los últimos 18 meses, casi 800 personas cobraban irregularmente los haberes jubilatorios de beneficiarios ya fallecidos. La práctica dolosa ocasionó una pérdida de G. 2.000 millones. Si bien, el instituto accionó contra los avivados, se dan por perdidos los montos desembolsados.

A raíz de esta situación, se hace necesario un relevamiento de datos a través del censo obligatorio a los pasivos que se inició el lunes 9 y que se extenderá hasta mayo del 2021. Se estima censar a unas 63.000 personas. Ello permitirá el saneamiento de la nómina de jubilados y pensionados del ente previsional.

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“Cuando termine el censo, vamos a saber quiénes están muertos realmente, porque hay demasiados avivados que están cobrando de personas fallecidas. Hay muchas viudas que están cobrando la pensión por muerte, cuando ya se volvieron a casar”, comentó Halley a La Nación.

Explicó que un serio inconveniente con que se tropieza es que las oficinas del Registro Civil no tienen información actualizada. “Te da el papel de certificado de defunción, certificado de matrimonio. Te da el papel, pero no carga en su base de datos, entonces no podemos consultar con ellos”, refirió.

“En los últimos 18 meses, detectamos 790 personas. Toditas ya están siendo demandadas, van a ser perseguidas por la Fiscalía para que devuelvan lo que cobraron, a ver si se puede recuperar algo”, indicó Halley, aunque ya dio por perdida la posibilidad de devolución del dinero.

Consultado sobre el monto que representa para la institución, el gerente dijo que son G. 2.000 millones. “Te das cuenta por qué es necesario un relevamiento de datos. Cuando le pedimos su cédula de identidad autenticada, es porque el escribano no va a autenticar la cédula de un muerto”, afirmó.

Explicó que anteriormente para la actualización de datos se pedía solo el certificado de vida y residencia expedido por la Comisaría donde reside el jubilado. El documento servía como un comprobante de supervivencia; sin embargo, era muy adulterable, conforme indicó.

“Y ahí están estos 790 tramposos. Entonces, este censo es necesario para eso. Y hacia adelante es necesario para proyectar nuevos servicios. Nosotros queremos desarrollar otros productos sociales y financieros en beneficio de los jubilados”, acotó.

Halley adelantó que se proyecta la concesión de una línea de crédito especial para compra de viviendas para los pasivos. “Muchos de nuestros jubilados viven en alquiler, pero no sabemos cuántos. Ahora vamos a saber”, destacó.

Los jubilados y pensionados podrán censarse mediante tres modalidades. Una de ellas es a través de la presentación de sus documentos en las filiales de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), cuyas direcciones están disponibles en la web del instituto.

Otra opción constituye la impresión de la planilla publicada en el portal y enviarla a través de un tercero a la oficina de la Dinacopa. El documento debe contar con un escrito de autorización del jubilado que realiza el trámite.

Así también, se habilitó el censo a domicilio orientado preferentemente al grupo etario de los 80, quienes tienen dificultades para movilizarse. Estas personas serán censadas por los mismos funcionarios que mensualmente le transportan sus haberes hasta sus hogares.

“Los mayores de 80 años y que tienen algún problema de movilidad que les impide salir de su casa, ya solicitan el pago del haber jubilatorio a domicilio. Entonces, aprovechan y solicitan ya ese servicio, y al llevarle su próximo haber se le hace el censo. Esa es la otra modalidad”, puntualizó Halley.

Para los jubilados por vejez e invalidez y pensionados cónyuges se exige la presentación de la fotocopia autenticada de la cédula de identidad civil vigente. Deben acompañar con la fotocopia autenticada de la cédula de identidad de algún familiar con quien vive. Así también, agregar una foto tipo carnet y comprobantes de servicios básicos, que deben ir anexados al formulario que deben completar.

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