Un fatal accidente se registró durante la tarde de este miércoles en la ruta Luque- San Bernardino, dejando como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.

El percance, que involucró a dos vehículos y una motocicleta, ocurrió a 150 metros de la comisaría 29° Central de Tarumandy- Luque, aproximadamente a las 16:50.

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Uno de ellos fue una camioneta guiada por una mujer, quien al parecer intentó esquivar a un motociclista pero la maniobra hizo que fuera a parar en el carril contrario, chocando frontalmente contra otro rodado en el que viajaban tres personas.

La conductora de la camioneta de la marca Volkswagen Amarok, color plata, fue identificada como Denisse Sueli Heshel Weimberg, de 30 años, de la ciudad de Villa Elisa e iba acompañada por otras tres personas que fueron trasladadas a un centro asistencial.

El segundo involucrado es un automóvil Fiat Argo, color blanco, en el que viajaban tres personas, una de ellas menor de edad, quienes quedaron atrapadas en el interior del vehículo y tras ser rescatadas se confirmó que dos de ellas ya estaban sin signos de vida.

Hasta el momento las autoridades policiales no dieron los nombres de las personas fallecidas, lo que se pudo adelantar es que aparentemente se trataría de una pareja que viajaba con su hija, quien fue derivada al hospital en estado grave.

Personal interviniente comentó que se utilizaron máquinas hidráulicas para liberar a los ocupantes de sus vehículos. Por el momento se aguarda que las autoridades puedan identificar a las víctimas fatales del siniestro.

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El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.

“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.

La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.

“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.

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Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.

“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.

El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.

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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que el órgano extrapoder halló puntos llamativos en el examen de correspondencia realizados a las empresas Aldia S.A. y Createc S. A. del rubro asfalto, vinculadas al exmandatario Mario Abdo Benítez.

“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remitían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas operativas”, dijo el funcionario en una entrevista con el programa “Mina en casa”. Torres detalló que, en el año 2023, Abdo Benítez había solicitado a la institución la realización de un examen de correspondencia, hecho que permitió el hallazgo de varias incongruencias.

“Esto no es ilegal (remitir ganancias a reservas operativas), pero quisimos profundizar y solicitamos un segundo informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ya que las reservas tienen que tener un fin y deben establecerse en las actas. Le consultamos a esta institución si tenía identificado el destino, si coincidían las ganancias con la facturaciones realizadas. La dirección nos contestó que ellos tampoco tienen el destino de las reservas, alrededor de USD 40 millones”, comentó.

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Torres detalló que el examen de correspondencia inició en el 2024 y que, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, las incongruencias fueron remitidas al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez.

“No hubo disminución en las reservas y se detectó que la mayor cantidad de esas reservas estaban constituidas por deudores por venta. El punto llamativo era que esos deudores informaban que no tenían deudas con las empresas. Aunque no es nuestra competencia indagar a las empresas privadas, no podemos pasar por alto esta situación y no informar al Ministerio Público”, comentó.

Señaló que la petición de informes también fue realizada a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Todas las ganancias iban a reservas, pero, sin embargo, en el 2023 aparece una inversión a largo plazo de G. 40.000 millones que no tenía origen. Como Contraloría no pudimos detectar el origen de esos fondos teniendo en cuenta que todas las ganancias iban a reserva", indicó.

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El 90 % de las ganancias de ambas empre­sas de Abdo Benítez, equivalentes a G. 292.000 millones, fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movi­mientos que avalen la utili­zación para los fines constituidos, según el informe preliminar del organismo de control.

El 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operati­vas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia S. A. y Createc S.A. de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasi­vas declaradas por sus clien­tes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análi­sis de sus estados financieros.

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El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, acompañó ayer jueves, en Minga Guazú, la puesta en marcha del “Plan 1.000″ del gobierno de Santiago Peña, que contempla la pavimentación de 1.000 kilómetros caminos urbanos en 267 municipios, con financiamiento de la entidad binacional por valor de unos 100 millones de dólares.

“Se están llevando adelante un montón de obras en el departamento (de Alto Paraná), y otros que están por iniciar, que representan varios millones de dólares. Esta jornada (por el viernes) continúa en la fecha, donde también se estarán visitando también otras obras”, comentó Zacarías acerca la jornada de Gobierno en el este del país, en conversación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En esta primera etapa del “Plan 1.000”, a nivel país, la inversión en pavimentación tipo asfalto sobre empedrado es de aproximadamente USD 37 millones, pretendiendo ejecutar aproximadamente 305 kilómetros. En lo que respecta a pavimento tipo empedrado, la inversión inicial es de unos USD 30,6 millones para la intervención de 324,7 kilómetros. En Alto Paraná se pavimentarán unos 34 kilómetros.

Así también, acompañaron la verificación de obras que ya están en ejecución para un control del cumplimiento del programa. Visitaron la zona del kilómetro 10 de la ruta PY02, donde se construirá un viaducto nuevo, y se estuvo conversando sobre otros nuevos viaductos, que facilitarán la conectividad en el inicio de la avenida San José con la súper carretera, conocida como rotonda del Área 1.

“También hoy se estará lanzando el proyecto del Ejecutivo de un sueño muy anhelado por Hernandarias, que es la duplicación de la súper carretera que va desde la Itaipú Binacional hasta (el Refugio Biológico) Tatí Yupí. Es un plan ambicioso que requiere de soluciones en dos o tres interconexiones. Esto ya estamos comenzando a licitar en estos momentos, son aproximadamente 20 kilómetros” precisó.

Por otra parte, el titular de la Itaipú aseguró que si se seguía con todos los procesos que señalan aquellos que han cuestionado la compra de los muebles escolares, ni en dos años los alumnos iban a conseguir la renovación de sus pupitres.

“En cambio, esas 330 mil sillas y mesas seguramente estaremos logrando completar el 100 % al finalizar las vacaciones de julio. No creo que pasen más de 15 a 20 días para que se entreguen todos los muebles”, acotó Zacarías.

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