Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) cuestionan el acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizaciones campesinas, que permitió que los labriegos volvieran a sus distritos tras protagonizar una movilización en la capital, exigiendo la condonación de sus deudas.
El abogado Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, sostuvo que las invasiones a las propiedades privadas constituyen un mal endémico en Paraguay. Afirmó que el impacto del compromiso recientemente asumido por las autoridades será peor que el protocolo aplicado para los desalojos.
“En primer término, nosotros creemos que en realidad el acuerdo sería peor que lo que fue en su momento el protocolo para los casos de desalojo, porque directamente somete a una acción civil previa antes de que se tenga que cumplir un mandato judicial, por ejemplo de desalojo”, sostuvo Torales en entrevista en Unicanal.
Dijo que independientemente al problema de tenencia de tierras y las carencias existentes en el campo, no se puede despenalizar el tema de las invasiones. “Nosotros sabemos las carencias que existen, pero no se puede no penar o no procesar a gente que cuando con actos violentos han quemado estancias, han quemado camionetas, han secuestrado incluso a administrador de peones. Y decir que eso va a depender de una acción civil previamente”, puntualizó.
Delito o crimen
A criterio del abogado, el Código Penal establece que estas acciones son consideradas delito o crimen. “Nosotros creemos que lo que está establecido en el Código Penal es delito o es crimen y por un acuerdo firmado entre el ministro del Interior, el senador Óscar Salomón y otras personas, no pueden legislar al respecto o pretender dejar de hacer crimen de algo que es naturalmente un problema endémico en Paraguay, donde se han tomado estancias y después se procede a recurrir a las instituciones que tienen por ejemplo como el INDERT o el INDI”, significó.
Ratificó que el acuerdo concretado entre las autoridades nacionales y los líderes campesinos “va a terminar siendo peor que el protocolo, que ya mucho tiempo sometió a los productores, pequeños, medianos y grandes, no solamente a los grandes”.
Torales aseguró que hasta los propietarios de fincas de 15 hectáreas son víctimas de invasiones en el departamento de Caaguazú, de donde provienen algunos dirigentes campesinos.
Pueden pasar años en el proceso civil
“Hay que tener en cuenta que hay muchos productores, incluso, en el departamento de Caaguazú, donde a productores de 20 a 30 hectáreas, de 15 hectáreas le entran violentamente a sus establecimientos, le destrozan las maquinarias y dónde va a quedar todo eso si es que se toma en cuenta lo que dice hoy el acuerdo, de que no se va a proceder a ningún desalojo sin antes previamente una acción civil. Y ahí puede pasar seis años fácilmente solamente en el proceso civil”, concluyó.
Recordemos que la semana pasada, la manifestación campesina llegó a su fin tras el acuerdo firmado con el Gobierno, que destinará US$ 30 millones (US$ 25 millones son del MOPC del plan Ñapu´ã) a la reactivación de la agricultura familiar. También se prevé la habilitación de créditos por parte del BNF y la reestructuración de deudas.
Leé también: Corredor bioceánico llega al 50% de ejecución con 106 km habilitados