Comenzó en nuestro país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la revisión anual del Artículo IV del Convenio Constitutivo, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Como parte de la agenda, el ministro de Economía Óscar Lovera, y el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y sus equipos técnicos, participaron de una reunión inicial con los representantes del organismo internacional.

Durante el encuentro se abordó el desempeño reciente de la economía paraguaya, para actualizar las proyecciones para el corto y mediano plazo. Asimismo, se analizaron los principales avances en materia fiscal, monetaria y financiera, en un contexto de seguimiento y evaluación que realiza el FMI a sus países miembros.

Esta revisión forma parte del proceso de consulta del Artículo IV, cuyo objetivo es evaluar la estabilidad económica, identificar riesgos y oportunidades, y acompañar con recomendaciones de política económica orientadas a fortalecer el crecimiento sostenible del país.

En la misma línea, el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, mantuvo este jueves una reunión con la misión técnica del organismo, en la que se abordaron temas clave, vinculados al fortalecimiento del clima de negocios, la promoción de la formalización empresarial y el impulso al desarrollo de las mipymes como motor de la economía nacional.

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Sumado a ello, la delegación visitó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ocasión en la cual conversaron con el gerente ejecutivo, Braulio Ferreira, en su rol de encargado de despacho de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“Este encuentro reafirma el compromiso de la DNIT con la consolidación de un sistema tributario y aduanero moderno y eficiente”, destacó la dirección.

Durante el encuentro, acompañaron la actividad el director de Gabinete, Roque González, y el director de Estudios Económicos, Diego Domínguez.

La comitiva del FMI estuvo liderada por Fabián Valencia e integrada por Svetlana Vtyurina, Keiichi Nakatani, Lisa Kolovich y Maximiliano Appendino.

En su última revisión (junio de 2024) el FMI revisó al alza su estimación de crecimiento para la economía paraguaya, elevando su proyección del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,7 % a 4,2 %.

En dicho informe el ajuste en las previsiones reflejó una mejora en las perspectivas del desempeño económico del país y se alineó con las proyecciones oficiales de las autoridades económicas.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el listado de instituciones públicas que integran el Poder Ejecutivo y sobre las cuales ejerce su función como autoridad de aplicación, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”.

El trabajo es coordinado por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, con el objetivo de modernizar la gestión del talento humano del Estado y fortalecer un servicio civil profesional, meritocrático y transparente.

Según informaron, la publicación de la nómina forma parte del proceso de implementación gradual de la nueva normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de los Decretos N.º 4230, N.º 4770 y N.º 4777.

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De esta manera, el MEF reafirma su compromiso con la modernización del Estado y la transparencia en la gestión pública, promoviendo un modelo de administración basado en la eficiencia y el acceso a la información. El listado completo de instituciones incluidas se encuentra disponible en el siguiente enlace.

Entre ellas se encuentran la Presidencia y sus ministerios, Secretarías y otras instituciones, gobiernos de gestión de capital humano, empresas públicas, y las entidades financieras oficiales.

La entrada en vigencia de esta Ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingreso a la Función Pública realizados bajo las normativas de la Ley N° 200/1970 o Ley N° 1626/2000.

La reglamentación de la misma establecerá los lineamientos de implementación para los diferentes aspectos de la Ley. Esto incluye, entre otros, los procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratados), traslados temporales (comisionamientos) y definitivos.

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La Ley abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía conforme a la Constitución Nacional, como ser el Poder Legislativo, Poder Judicial, Universidades Nacionales y Municipalidades, entre otras.

Una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se moviliza este lunes frente a la sede del Poder Judicial en rechazo a la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil.

Los manifestantes reclaman declarar inconstitucional la legislación que modifica contratos colectivos de trabajo del personal municipal. La Policía llegó hasta el sitio para resguardar el edificio del Palacio de Justicia ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.

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“Nosotros hoy solicitamos la resolución AI de suspensión de los efectos, en otras palabras se le conoce como medida cautelar también. Eso es lo que vamos a aguardar y estamos esperando que tanto los que conforman la sala constitucional que es el ministro César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos se expidan al respecto”, dijo el abogado Óscar Pereira, representante de los funcionarios.

La acción de inconstitucionalidad también cuenta con el patrocinio de los abogados Raúl Mongelós, Eduardo Pérez Avid y Juan José Bernis. “El día de la fecha se presentó porque a partir de hoy causa agravio esta ley porque se promulgó el 14 de enero y entra en vigencia seis meses después que es hoy”, puntualizó.

Explicó que la acción de inconstitucionalidad promovida es contra tres leyes “que perjudican a los funcionarios municipales”. “Hoy estamos representando a diez mil funcionarios que están viniendo de a poquito acá. Hemos hecho cinco puntos de encuentro y estamos centrándonos acá frente al Poder Judicial”, expresó.

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”, normativa que establece las condiciones de ingreso, de permanencia, de ascenso, entre otras cuestiones dentro de la función pública y que apunta a la transparencia y la reducción de hechos de corrupción.

“Mayoritariamente creo que es una ley que puede aportar mejores condiciones laborales para los trabajadores de la función pública”, expresó el senador liberal Líder Amarilla en conversación con La Nación/Nación Media, donde expuso algunos de los puntos más resaltantes de esta normativa.

Esta nueva ley es una actualización de la n.° 1.626 de la Función Pública, legislación que a lo largo de los años presentó varios inconvenientes pues se registraron acciones de inconstitucionalidad contra sus artículos. Esta nueva normativa aporta elementos importantes y conceptos nuevos para los trabajadores estatales, resaltó el legislador.

Amarilla mencionó que anteriormente los trabajadores tenían escasas posibilidades de ascender puesto que esto era posible prácticamente solo con ayuda de la influencia política, motivados en cuestiones que no tenían que ver con su desempeño laboral, en cambio, esta ley establece un sistema de evaluación permanente que permitirá a los funcionarios apuntar a cargos y salarios más altos de acuerdo a su experiencia y su formación.

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“Otro concepto importante es que era típico que cuando había cambios de ministros entraban personas con cargo de confianza, después cuando se va esa autoridad, permanecían sus funcionarios con salarios altísimos. Con esto, cada autoridad llámese ministro, director de ente entre otros, van a poder contratar hasta cuatro personas bajo esta nominación y cuando este termine su ciclo en la institución, los demás también deberán dejar sus cargos”, detalló.

Lo positivo de este punto es que se evitará sobrecargar a la función pública con más funcionarios con salarios muy altos, y desde el punto de vista del parlamentario, será muy útil para tener un Estado más moderno y ágil, lo cual es el objetivo de esta normativa que ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo.

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“La ley es bien clara con respecto a las personas que están como ordenadoras de gasto. No podrán llevar a instituciones públicas a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad, entonces claramente está establecido esto, el ordenador de gastos que recaiga en este acto, va a ser considerado como un caso de nepotismo y la ley establece sanciones para los incumplimientos”, aseveró.

Asimismo, recordó que también se contempla al concurso como único método de ingreso a la función pública y en el caso de los contratados, se establece un plazo límite para prestar servicios bajo esta característica, dejando atrás la práctica en que una persona trabaja bajo esas condiciones incluso por 20 años.

“Lo que es un tema preocupante es el tema de los sindicatos, porque es importante que esta ley no se interprete como para disminuir las fuerzas, su nivel de organización, debemos velar para que esta ley no se utilice de mala manera y de hecho esa fue una de las preocupaciones de los gremios durante el estudio”, advirtió el senador.