La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

Desde el Poder Legisla­tivo apuntan a abrir el diálogo para bus­car posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farma­céuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumu­lada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cris­tina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

“Nosotros tenemos que sen­tarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuesta­rias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presu­puesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Minis­terio de Economía cuánto tene­mos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos dispo­nible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

Villalba adelantó que la comi­sión asesora también convo­cará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, para anali­zar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Econo­mía y vamos a abordar con él cuánto es lo que dispone­mos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presu­puestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputa­dos, el espíritu es de seguir apoyando la administra­ción del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Para­guay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros esta­mos abiertos al diálogo, noso­tros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afec­tadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.

El diputado Rodrigo Gama­rra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un pro­blema estructural que Para­guay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administra­ciones anteriores por mon­tos muy importantes. Preten­der instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.

Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo dis­tinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los provee­dores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasla­dar este problema al próximo gobierno, eso es responsabi­lidad, no improvisación”, expresó.

Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compro­misos”, y “el desafío no es ele­gir a quién pagar, sino soste­ner el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.

Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin pro­poner soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no adminis­traron ni un almacén). Es administrar realidades com­plejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió

Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apo­yando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con dis­cursos alarmistas o simplifi­caciones oportunistas, sino acompañar soluciones: gene­rar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garanti­zar que este proceso de nor­malización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, pun­tualizó.

Paraguay vuelve a marcar un hito en los mercados internacionales al concretar una histórica colocación de bonos soberanos en guaraníes, por un monto equivalente a USD 1.000 millones, a un plazo de 12 años y con una tasa de interés de 8,5 %.

Se trata de la tercera emisión de títulos en moneda local en el mercado internacional, alcanzando un total de Gs. 6.506.960.000.000 (USD 1.000 millones). Paralelamente, el gobierno realizó la reapertura de un bono en dólares estadounidenses por USD 300 millones, con vencimiento en 2055, ampliando la curva de deuda externa.

La colocación en guaraníes recibió ofertas por alrededor de USD 1.500 millones, 1,5 veces superior al monto emitido, con la participación de 64 inversionistas internacionales. En tanto, el tramo en dólares registró una demanda 6,3 veces mayor a lo ofertado, alcanzando USD 1.890 millones y sumando 65 inversores.

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Estos niveles de sobredemanda reflejan el fuerte interés global por los títulos paraguayos, especialmente tras la consolidación del doble grado de inversión.

Desde el punto de vista económico, el dato más relevante es que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, equivalente al 1,5 % del producto interno bruto (PIB), podrá financiarse íntegramente en moneda local. Esto reduce la exposición cambiaria y fortalece la sostenibilidad de la deuda pública.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la elevada demanda permitió extender el plazo promedio de la deuda y conseguir tasas competitivas, incluso inferiores a las observadas en colocaciones locales recientes.

La operación también marca un avance decisivo en el proceso de desdolarización de la deuda pública. Parte de los recursos se destinarán a sustituir vencimientos en dólares previstos para 2027 y 2031 por bonos en guaraníes con vencimiento en 2038. Con esta estrategia, la proporción de deuda en moneda local alcanza un máximo histórico de 22 % del total.

Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Standard and Poor’s mejoró la calificación país a BBB- con perspectiva estable, logrando Paraguay su segundo grado de inversión, otorgado primeramente por Moody’s Ratings en julio de 2024. En octubre de 2025, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación de estable a positiva, reafirmando la calificación en BB+.

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El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Financiero 2026 mediante el Decreto n.º 5443, estableciendo las normas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado por la Ley n.º 7609/2025. El instrumento, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), define la planificación, distribución y control de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal.

Desde el MEF señalan que la medida aporta previsibilidad al flujo de pagos del Estado, especialmente para proveedores, contratistas y sectores que dependen de la inversión pública, al ordenar la asignación de cuotas presupuestarias y la programación de caja de los organismos estatales. Esto permite proyectar mejor la ejecución de contratos, servicios y obras vinculadas al sector público.

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El Plan Financiero establece los requisitos para la ejecución de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento estatal y la atención a la ciudadanía, en línea con las políticas económicas y fiscales impulsadas por el MEF. Además, fija límites al gasto y asegura la disponibilidad de fondos para el funcionamiento institucional y el cumplimiento de metas gubernamentales.

La normativa también contempla mecanismos de ajuste en la programación de ingresos y gastos, así como la posibilidad de modificar el plan cuando las condiciones económicas lo requieran, con el objetivo de sostener una ejecución presupuestaria equilibrada y acorde a la capacidad fiscal.

Finalmente, el MEF resalta que de esta forma el Gobierno busca fortalecer la eficiencia, la previsibilidad y la transparencia en la administración de los recursos públicos, factores que influyen en la estabilidad económica y la confianza del sector privado.

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En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado, Itaipú Binacional remesó cerca de USD 36 millones al Estado paraguayo durante el primer mes de 2026.

Los recursos corresponden a royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y constituyen una fuente clave de financiamiento para obras públicas, programas sociales e inversiones en el sistema eléctrico.

En enero el Tesoro recibió USD 21 millones en concepto de royalties, mientras que USD 13 millones fueron transferidos por cesión de energía. A su vez, la ANDE recibió USD 1,6 millones como resarcimiento por las cargas de administración y supervisión.

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El impacto fiscal de estas transferencias es relevante. Una parte de los royalties se destina a financiar gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra porción significativa es canalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia gobernaciones y municipios, fortaleciendo la ejecución de obras y servicios en el interior del país.

En el caso de la compensación por cesión de energía, los fondos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y, además, un porcentaje se distribuye a gobiernos locales, ampliando el alcance territorial del beneficio.

Para la ANDE, los desembolsos representan ingresos previsibles que permiten sostener planes de inversión y mantenimiento. Contar con recursos asegurados es clave para avanzar en la mejora de la calidad del servicio eléctrico, reducir pérdidas y acompañar la expansión de la demanda en todo el territorio nacional, un factor determinante para la competitividad económica.

Más allá del aporte financiero, Itaipú mantiene un desempeño operativo sólido en la generación de energía y cumple en tiempo y forma con sus compromisos financieros. Esta combinación se traduce en una inyección económica directa para el Estado y los gobiernos subnacionales, con efectos multiplicadores sobre la inversión pública, la ejecución de programas sociales y la infraestructura básica.

En un contexto de necesidades fiscales y de inversión, las transferencias de Itaipú siguen siendo un pilar del financiamiento público.

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