El Ministerio de Hacienda informó que este jueves 24 se abonarán las pensiones y subsidios a los veteranos de la Guerra del Chaco, en tanto que el miércoles 30 de setiembre cobrarán los adultos mayores y otros beneficiarios de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC).
Refiere que los pagos se efectuarán a través de los cajeros automáticos autorizados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en las distintas ciudades del país.
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Según datos oficiales, actualmente existen en planillas 47 veteranos con una pensión mensual de G. 2.024.160 y un subsidio mensual de G. 4.723.040, lo que en total suma G. 6.747.200 al mes.
Por su parte, los adultos mayores en planillas son 211.615 beneficiarios activos del Programa de Pensión Alimentaria con una asignación mensual de G. 548.200.
El informe aclara que los pensionados del sector no contributivo están compuestos además por 6.511 herederos de veteranos; 373 beneficiarios de pensiones graciables; 379 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.
Destaca que los beneficiarios en su conjunto (218.925) demandan una inversión mensual promedio de G. 129.886 millones.
Igualmente, se reitera que desde la implementación de medidas sanitarias ante la pandemia, Hacienda y BNF habilitaron puntos de atención vía pago móvil en las principales ciudades cabeceras de los departamentos del país para pagar a los beneficiarios.
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Meta acuerda pagar USD 16.700 millones a estados de EE. UU. en caso de adicción de menores a redes
Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.
Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.
El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).
“Meta ayudó a hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.
Limitaciones de tiempo y durante la noche
Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.
Meta aumentó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.
La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.
El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.
En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplica por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.
Ambas restricciones se soportarán si el resto del sector sigue el mismo camino.
Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptan compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.
El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.
La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.
Trasfondo económico
Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó las leyes federales y estatales.
Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.
La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.
El texto que deberá ser validado por un juez señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.
El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).
Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.
El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales. El acuerdo pone punto final al juicio, que ingresaba en su segunda semana.
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hace varios años.
- Fuente: AFP
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Diputados sanciona ley que autoriza al MOPC pago de intereses moratorios por certificados de obra
La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”. La iniciativa tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.
La propuesta normativa fue analizada en la fecha y contó con el acompañamiento de la mayoría del plenario, quedando sancionada la legislación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración.
De acuerdo a lo expresado por los legisladores, el proyecto autoriza el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, así como la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público que permitan captar los recursos necesarios.
Los legisladores utilizaron como base para el estudio y aprobación de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconsejó, en mayoría, la aprobación del documento.
Durante el tratamiento el diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que el proyecto busca autorizar al MOPC a abonar los intereses generados por obligaciones no canceladas en los plazos contractuales.
Indicó que el bloque asesor emitió dos dictámenes: uno en mayoría por la aprobación y otro en minoría por el rechazo. Señaló que la postura favorable se fundamentó en que los retrasos en la cancelación de compromisos generan intereses moratorios que deben ser honrados.
A su turno, el diputado colorado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, informó que dicha instancia se allanó al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, con algunas modificaciones de forma y especificaciones adicionales.
Precisó que la propuesta establece que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley y que la información correspondiente deberá ser comunicada inmediatamente al Congreso Nacional.
Asimismo, mencionó que durante el análisis de la iniciativa, se mantuvieron reuniones con representantes y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.
El parlamentario explicó que los contratos contemplaban previsiones de intereses del 10 % al 24 % y que, tras las conversaciones entre las instituciones y el sector empresarial, “se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9 %”.
Pese a que se plantearon igualmente posturas contrarias, cuestionando que se establezca por ley una tasa de interés moratoria general para obligaciones derivadas de contratos específicos, indicaron que podrían existir contratos que originalmente contemplaban tasas inferiores al 9,9 %, por lo que consideraron que cada obligación contractual debería ser analizada de acuerdo con sus condiciones particulares.
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Itaipú transfirió casi USD 1.500 millones al Estado desde agosto de 2023
En los primeros sietes meses del 2026, la Itaipú Binacional transfirió USD 275 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recursos establecidos en el Anexo C del Tratado, representando un importante aporte para el financiamiento de obras y proyectos que están en marcha.De acuerdo al reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, entre enero y julio, el Tesoro paraguayo recibió USD 154 millones en concepto de royalties y USD 77 millones que corresponden a la compensación por cesión de energía.Por su parte, la ANDE percibió USD 44 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.En julio, Itaipu realizó transferencias por USD 36 millones al Paraguay, de los cuales, USD 22 millones correspondieron a royalties, USD 12 millones a compensación por cesión de energía y USD 1,7 millones destinados a la ANDE en concepto de resarcimiento.Con este último desembolso, las transferencias realizadas al Estado paraguayo alcanzaron USD 1.497 millones desde agosto de 2023 hasta julio de 2026
Apoyo clave
Los recursos provenientes de los royalties tienen como destino el financiamiento de gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinada a gobernaciones y municipios para la ejecución de obras y proyectos.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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