El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) ratifica el compromiso del Gobierno con la educación, con una inversión de G. 10,3 billones para fortalecer la educación y el desarrollo docente.

Según la cartera estatal, la educación es pilar del desarrollo humano y la equidad social. En ese sentido, señalaron que el presupuesto, elaborado bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR), busca garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, priorizando políticas que generan un alto impacto social y reducen las brechas de acceso y calidad educativa.

En ese sentido, el MEF contempla una asignación total de G. 10,38 billones para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), reafirmando el sector de educación como una de las principales prioridades del Gobierno.

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Asimismo, informaron que se destinarán recursos para el fortalecimiento docente, elemento clave para la calidad educativa. Se prevé una inversión de G. 71.000 millones para el cumplimiento del escalafón docente, además del reajuste salarial por inflación del 3,6 % a partir de enero de 2026, que demandará G. 280.000 millones y beneficiará a 92.808 cargos docentes en todo el país.

Desde el MEF detallan que el financiamiento de estas medidas se sustenta en el aumento sostenido de la recaudación tributaria, lo que permite al Tesoro Nacional destinar más recursos a políticas con alto retorno social.

Recientemente, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, explicó a Universo 970 AM/Nación Media, que el PGN asciende a unos USD 18.900 millones, lo que implica un aumento del 12 % respecto al presupuesto aprobado para este año, equivalente a poco más de USD 2.000 millones adicionales.

Tal incremento se reparte entre la Administración Central como gobernaciones, empresas públicas y organismos de seguridad social.

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El presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que el cumplimiento del déficit fiscal del 1,5%, tal como se contem­pla en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, es una muestra de la responsa­bilidad con las futuras genera­ciones, a fin de que el país siga teniendo estabilidad econó­mica para la creación de fuen­tes de trabajo.

“Si nosotros administramos adecuadamente los recursos públicos, en el futuro los para­guayos van a tener también una estabilidad económica garan­tizada”, afirmó el presidente ayer, tras el cumplimiento del tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en el presupuesto enviado esta semana al Congreso.

En cambio, “si nosotros somos irresponsables y simplemente, por el momento político que estamos viviendo, salimos a gastar más de lo que puede el país, esto va a descomponer la economía del Paraguay, que ha sido una de las grandes fortale­zas a lo largo de los últimos 20 años”, enfatizó.

El tope del déficit fiscal del 1,5 % había sido establecido por primera vez mediante la LRF promulgada en 2013, el cual se cumplió plenamente hasta el 2018.

Peña recordó que en el gobierno del 2018 a 2023, durante los cinco años, no se cumplió con el déficit fiscal, y que la actual administración en 2023 heredó un déficit fis­cal que había llegado al 6 %.

El ministro de Eco­nomía y Finanzas (MEF), Carlos Fer­nández Valdovinos, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 al Congreso Nacional. Este contempla un gasto de USD 18.900 millones para el próximo año, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal (USD 17.700 millones).

Este incremento, según pre­cisó el titular del MEF, está distribuido entre la adminis­tración central y entes des­centralizados como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la Admi­nistración Nacional de Elec­tricidad (Ande), gobernacio­nes y otros organismos.

Uno de los puntos más importantes de este PGN es que se prevé llegar a la convergencia fiscal en 2026, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que permite un défi­cit anual del 1,5 % del pro­ducto interno bruto (PIB). Este año se cerrará en 1,9 %.

Otro detalle en la presentación de la ley más importante del país, es que es la primera vez que se hace entrega del pro­yecto en formato QR y no en hojas de papel, a fin de contri­buir con la sustentabilidad.

Consultado sobre los gastos rígidos, el ministro señaló que el componente salarial repre­senta el 62 % de los impuestos en la administración central. Aunque este porcentaje puede parecer elevado, recordó que en su punto máximo llegó al 77 % y que en 2025 fue del 65 %, por lo que actualmente se observa una reducción.

Mencionó que, al margen de los incrementos en sectores prio­ritarios como salud y educa­ción, recordó el ajuste salarial del 3,6 % para docentes, y que el peso de los salarios sobre la recaudación sigue disminu­yendo.

Sobre los sectores priorita­rios, dijo que se destinarán USD 25 millones adicionales al Instituto Nacional del Cán­cer (Incan), al igual que en el presupuesto del año anterior. Señaló que el objetivo es garan­tizar recursos reales y soste­nibles para un sector sensible como la atención a pacientes oncológicos.

Respecto a inversiones en infraestructura, expuso que el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) tendrá un presupuesto similar al de este año, así como proyec­tos de inversión de la Ande y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Acerca de la reforma del transporte público, aclaró que los USD 300 millones contemplado en el PGN, corresponde al costo total estimado del plan, pero que en el presupuesto se incor­poran USD 55 millones en subsidios.

Dijo que estos fondos podrán ser reprogramados según avance la implementación del nuevo sistema. Resaltó que, por primera vez, el subsidio al transporte se financiará con recursos propios, elimi­nando la necesidad de endeu­damiento.

Uno de los puntos destacados del proyecto de Ley de Presu­puesto para el Ejercicio Fiscal 2026 presentado ayer por el Poder Ejecutivo marca el retorno al cumplimiento del límite del déficit fiscal para la administración central del 1,5 % del PIB establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, resultado del plan de conver­gencia fiscal iniciado en 2023.

En el PGN 2025, el déficit estaba en torno al 1,9 % y la promesa de la actual administración era equiparar a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2013 y que había tenido durante los años de pandemia una disparada exorbitante. Este avance a los límites de la ley reafirma el compromiso del gobierno de Santiago Peña con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, explicó ayer que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) tendrá nuevamente este año un importante incremento financiero, tal como suce­diera para el presupuesto del año pasado. Según el proyecto de Presupuesto General de Gastos 2026, el citado centro especializado tendrá una asignación adicional de G. 197 mil millones más (unos 25 millones de dólares) para la atención efectiva a los ciudadanos que requiere no solo edi­ficios modernos, sino también la provisión de equipamiento adecuado, profesionales de la salud capacitados y un suministro constante de medicamentos que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades de miles de pacientes oncológicos.

Con este aumento, el segundo que se registra en año consecutivo (en 2025 rondaba también los 25 millones de dólares) se destinará a mejorar la atención oncológica, ampliar el acceso medicamen­tos, tratamientos especializados y apoyar a los pacientes y sus familias en el proceso paliativo, de recuperación y cuidado integral.

Con 47 votos, el pleno de la Cámara de Diputados destituyó este martes al intendente Miguel Prieto de la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, tras constatarse graves irregularidades. El pedido de destitución, con dictamen a favor en mayoría de la Comisión Especial de Intervención, fue analizado por el pleno, a partir de un informe de fiscalización de 212 páginas, concluido el 13 de agosto.

Tras un largo debate en la sesión extraordinaria que se realizó en la fecha, el plenario llevó adelante el proceso de votación nominal, la cual arrojó que un total de 47 legisladores votaron a favor de la destitución del cuestionado intendente esteño. En tanto, que 30 votaron en contra, mientras que se registró un total de 3 ausentes. Con lo cual desde la fecha Miguel Prieto dejó de ser intendente de Ciudad del Este.

Al inicio de la sesión extraordinaria, no prosperó el intento de la oposición de evitar llevar adelante el tratamiento del pedido de la destitución. El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken solicitó la postergación del debate, sin embargo, una mayoría de votos decidió que prosiga el estudio de los dictámenes.

Con la decisión del pleno se dio continuidad a la sesión y el presidente de la Comisión Especial de Intervención, el diputado Alejandro Aguilera, expuso sobre el informe final del interventor Ramón Ramírez, entregado el pasado 14 de agosto a la Cámara Baja. El legislador detalló sobre las irregularidades señaladas en una auditoría de la Contraloría General de la República en la administración de Prieto, afirmando que son irrefutables.

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“Esta comisión evaluó íntegramente la intervención, junto con el informe final remitido, los cuales reflejan los hallazgos que demuestran que la administración municipal de Ciudad del Este, en el período investigado, no ha actuado en el marco de la ley, y ha afectado gravemente los intereses municipales”, sostuvo el diputado Alejando Aguilera en la exposición del dictamen mayoritario de la comisión especial.

Aguilera citó todos los hechos irregulares detectados, desde las cajas paralelas, la falta de documentaciones, el mal manejo de combustibles y destino de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Sostuvo que “esta situación nos lleva a sostener de una manera enfática que, los datos matan relatos, y la confianza de la ciudadanía se ha visto gravemente afectada por un patrón de conducta que vulnera los principios de legalidad, eficiencia y transparencia”.

Finalmente, manifestó que “la gravedad de los hechos, las reiteradas violaciones legales y el daño al erario público, es necesario tomar una determinación ejemplar y la postura asumida no debe ser solo una medida política, sino una exigencia de la justicia y la decencia pública”.

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