El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

Te puede interesar: González Vaesken confirma su precandidatura para pujar por la intendencia de CDE

El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

Lea también: Recuperación de Copaco no es posible solo con ingresos por servicios, dice Stark

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Lea también: Senador repudia respaldo opositor a Prieto pese a hechos de corrupción constatados

De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

Te puede interesar: Prieto “debe estar sentenciado por la Justicia”, dice la Contraloría Ciudadana

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre el aumento en el pago de los intereses de la deuda pública y aclaró que este incremento no puede explicarse únicamente por un mayor nivel de endeudamiento.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, expuso que tres factores incidieron de manera directa en que hoy el Gobierno destine más recursos al servicio de su deuda.

El primero fue el comportamiento del tipo de cambio. Con un dólar que llegó a superar los G. 8.000, el costo de los compromisos externos se elevó considerablemente. Actualmente, con el guaraní recuperando terreno y ubicándose en torno a los G. 7.100–7.200, el peso de esos intereses, en guaraníes, comienza a moderarse.

Leé también: Agentes económicos alzan sus expectativas de crecimiento del PIB al 4,0 %

El segundo factor que mencionó, está ligado al uso del endeudamiento para cubrir obligaciones heredadas. Fernández Valdovinos recordó que alrededor de USD 600 millones se destinaron a pagar deudas contraídas en la administración anterior. Es decir, una parte de la deuda que figura como nueva en realidad sirvió para saldar compromisos del pasado.

En tercer lugar, mencionó el efecto de las tasas de interés internacionales, que subieron de manera drástica como consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) para combatir la inflación. Este movimiento encareció las deudas con tasa variable, incrementando automáticamente el servicio de la deuda sin que haya mediado un mayor capital.

Sin embargo, el ministro sostuvo que el nivel actual de pago de intereses sigue siendo “razonable” y aseguró que las perspectivas son más alentadoras hacia adelante. Con la expectativa de que la FED inicie un ciclo de reducción de tasas y con un guaraní fortalecido frente al dólar, el peso de los intereses debería disminuir gradualmente en los próximos años.

“La suma de estos factores hizo que temporalmente aumente la carga de los intereses, pero con las correcciones que se están dando en el mercado internacional y con el fortalecimiento de nuestra moneda, vamos a ver un alivio”, expresó.

Te puede interesar: Bella Vista resalta apoyo al Rally y la proyección turística de Itapúa

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi encendió las alertas este lunes 11 de agosto con el lanzamiento de su Plan Operativo Sarampión, en un contexto donde la reaparición de esta enfermedad en varios países de la región preocupa a las autoridades sanitarias. La iniciativa, que involucra a especialistas de distintas áreas, busca reforzar la prevención y la respuesta ante un eventual brote.

El encuentro, encabezado por el director del hospital, Dr. Osmar Amarilla, reunió a médicos, personal de enfermería, epidemiólogos y responsables de logística. Durante la reunión se revisaron los protocolos de actuación inmediata, desde la identificación de casos sospechosos hasta la confirmación diagnóstica y el aislamiento. También se acordó la conformación de un equipo de respuesta rápida y la puesta en marcha de una sala de situación para monitorear datos en tiempo real.

El sarampión, aunque prevenible mediante vacuna, sigue siendo altamente contagioso. Se transmite por contacto directo o por vía aérea, y el virus puede permanecer en el ambiente durante hasta dos horas. Los síntomas incluyen fiebre alta, erupciones en la piel, tos, conjuntivitis y secreción nasal. En personas no vacunadas, la probabilidad de contagio alcanza el 90%, y la incubación puede durar entre 7 y 18 días.

Lea también: Salud brindó 782.972 atenciones en horario extendido hasta la fecha

Según los especialistas, el momento de mayor riesgo de transmisión ocurre de dos a tres días antes de que aparezcan los primeros síntomas respiratorios y hasta seis días después de la erupción cutánea. Por eso, el protocolo establece que toda sospecha debe ser investigada en las primeras 48 horas, con la toma de muestras de suero para confirmar o descartar la enfermedad.

Otra de las medidas centrales será el rastreo de contactos. Las personas que hayan estado expuestas a casos confirmados serán monitoreadas durante 23 días, el período máximo de incubación. De esta forma, se busca romper la cadena de contagios y garantizar una intervención sanitaria inmediata en caso de detectar síntomas.

El Plan Operativo Sarampión no solo apunta a contener un posible brote, sino también a reforzar la vacunación entre la población, especialmente en grupos vulnerables. La estrategia del Ingavi se enmarca dentro de la vigilancia epidemiológica nacional y busca proteger tanto a los asegurados como al personal que los atiende.

Te puede interesar: La Policía rescata a una mujer que permanecía como rehén de su pareja

• El sarampión puede contagiarse hasta seis días después de la aparición de la erupción.
• La probabilidad de transmisión en personas no vacunadas es de 90%.
• El Hospital Ingavi cuenta con un equipo de respuesta rápida y protocolos definidos para actuar en menos de 48 horas.