El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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Con el regreso masivo de viajeros tras la Semana Santa, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) puso en marcha un plan de contingencia. Este plan combina la liberación de peajes y la ampliación temporal de carriles, buscando evitar el clásico caos de cada año en el acceso a Asunción.

En ese marco, la cartera anunció la habilitación de un carril adicional sobre la Ruta PY02, en el tramo comprendido entre el kilómetro 42,8 y el puesto de peaje de Ypacaraí, en el sentido Ciudad del Este–Asunción. La medida estará vigente entre hoy sábado y mañana domingo, coincidiendo con el pico de retorno hacia la capital y el departamento Central.

Según el MOPC, esta intervención apunta a descomprimir uno de los puntos más críticos del tránsito nacional, donde históricamente se registran largas filas y demoras en fechas de alta circulación.

A esto se suma la decisión de liberar el cobro de peajes en los puestos administrados por la institución durante todo el domingo 5 de abril, lo que implica una tarifa cero en 16 estaciones a nivel país.

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La medida, sin embargo, no aplica a los peajes concesionados, por lo que algunos tramos seguirán con cobro habitual.

Desde el MOPC señalaron que el objetivo es facilitar el desplazamiento de miles de conductores y reducir los tiempos de viaje, en un contexto donde el volumen de vehículos suele duplicarse en comparación con días normales.

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El gobierno impulsa el proyecto del Tren de Cercanías con un cambio clave en su estructura legal y financiera. La iniciativa, que demandará una inversión estimada de USD 450 millones, fue remitida al Congreso como un proyecto de ley que busca destrabar su ejecución mediante nuevos mecanismos de contratación y financiamiento.

La propuesta modifica y amplía la Ley N.º 7434/2025 con el objetivo de acelerar la implementación del tren que conectará Asunción con Luque, incorporando herramientas más flexibles como acuerdos entre gobiernos (G2G), subconcesiones y participación de capital internacional.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de ejecutar la obra a través de contratos de subconcesión. Para ello, Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa) quedará habilitada a adjudicar estos contratos mediante procesos competitivos, con criterios de transparencia, eficiencia y libre competencia, y con la supervisión del Consejo Nacional de Empresas Públicas.

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El esquema también introduce una garantía clave para los inversionistas: las subconcesiones se mantendrán vigentes, incluso si se modifica o termina el contrato principal con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Esto busca dar previsibilidad jurídica y atraer mayor interés del sector privado.

Además, el proyecto habilita al MOPC y a Fepasa a negociar acuerdos G2G con otros países o entidades designadas, lo que permitirá estructurar el proyecto con apoyo técnico y financiero externo. Estos acuerdos podrán incluir aspectos como distribución de riesgos, mecanismos de compensación y condiciones de financiamiento, siempre con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas en caso de comprometer recursos del Estado.

En este marco, el Ejecutivo también ratificó un acuerdo preliminar con la empresa Etihad Rail PJSC, de Emiratos Árabes Unidos, como parte del interés en atraer socios internacionales al proyecto.

Otro elemento relevante es la creación de una sociedad específica (SOE), que permitirá canalizar la inversión y organizar la ejecución del proyecto bajo un esquema más moderno y alineado con estándares internacionales.

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La ministra del MOPC, Claudia Centurión, explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje.

El Gobierno y el sec­tor de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medi­das acordadas y avanzar en soluciones concretas.

En comunicación con Uni­verso 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principa­les instrumentos utilizados es la cesión de deuda, cono­cida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a tra­vés de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.

En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evi­tar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Esta­mos trabajando con los gre­mios para avanzar en solucio­nes que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó. No obstante, Centurión recono­ció que el principal condicio­nante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda apro­ximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromi­sos acumulados.

“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.

Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la apro­bación del sistema de facto­raje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liqui­dez inmediata.

La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el Gobierno.

El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los meca­nismos propuestos.