Reapareció el expresidente Mario Abdo Benítez recientemente y, fingiendo demencia de aquel mote de “desastre ko Marito” que se ganó en épocas de su mandato, despotricó contra el actual gobierno con el calificativo de “inútil”.

No hace falta hurgar mucho para notar la enorme diferencia que le hace la administración del presidente Peña en las refor­mas, en los programas e inversiones sociales, pese a que recién va por su tercer año en el poder.

La inutilidad que Abdo intenta atribuir a su sucesor en un contexto complejo para quienes cooperaron con el capo narco Sebastián Marset, al que su gobierno blindó durante sus operacio­nes en Paraguay, no es otra cosa sino la deses­peración ante el arrastre que puede generar la caída del uruguayo, que desarrolló una logística criminal sin precedentes en el Paraguay en la anterior administración estatal.

Pero este arrebato que tuvo Abdo tras la caída de Marset, denota la profunda miserabilidad al que nos tiene acostumbrados. No le importa sacudir ni perseguir a quienes trabajan. De hecho, esa es su especialidad. De una forma cínica ignoró los proyectos sociales en ejecu­ción y en proceso de implementación y que son llevados por el gobierno actual.

La gente no debe sufrir amnesia. A Abdo ni a sus acólitos nunca les importaron los caminos que ahora reivindican, menos la salud, la educación y la seguridad.

Recibieron ingentes recursos durante la pande­mia y las consecuencias sanitarias fueron aún más desastrosas.

El descaro de señalar de inútiles al Gobierno que a mitad de su período ejecutó proyectos de alto impacto en la calidad de vida de la gente con­trasta notablemente con su labor, cuando Abdo ni siquiera intentó un solo programa social visi­ble, lo que muestra su cinismo de siempre.

El mismo cinismo cuando le dijo a un humilde señor que le reclamó por medicamentos para salvar la vida de un familiar, al que Abdo le res­pondió “¡uy, qué miedo!”.

Abdo, contrario de ser un constructor, fue un destructor. Su egocentrismo, su rencor, su inca­pacidad, su deslealtad y su angurria acabaron con proyectos de enorme trascendencia para el país como el caso metrobús.

Pese a todos los análisis técnicos que reco­mendó a su gobierno seguir con la obra, acaba­ron con este proyecto que iba a ser de altísimo impacto en la calidad de vida de los usuarios.

No inauguró una sola obra emblemática pro­ducto de su gestión.

Capaz una de sus importantes destaques haya sido la aparición en la inauguración del puente de la Integración, aunque la gestión de este pro­yecto corresponde al gobierno del presidente Horacio Cartes.

Los inútiles que él señala implementaron un programa social sin precedentes por el éxito que mantiene, que es Hambre Cero. Gracias a este proyecto social, un millón de niños se ali­mentan saludablemente en sus escuelas todos los días.

Los inútiles que él menciona han dado un paso gigantesco en la calidad del servicio en salud pública. El gobierno actual ya marcó la dife­rencia histórica en el fortalecimiento real de la salud pública.

Esto a través de siete grandes hospitales de alta complejidad que ya son una realidad, con unida­des de terapia intensiva, modernos, dotados con alta tecnología y erigidos en regiones estraté­gicamente pensadas para el acceso más inme­diato en el marco de un objetivo clave como la descentralización.

Otra obra de envergadura es el futuro hospi­tal de Itauguá, de 52.000 metros cuadrados de construcción, 1.039 camas, 30 quirófanos, 70 consultorios y 174 unidades de terapia inten­siva, en un predio de 60 hectáreas pertene­ciente al Ministerio de Salud, donde actual­mente funciona el nosocomio.

Las inversiones en educación con la modernización de colegios emblemáticos, la dotación de mobiliarios dig­nos, de calidad y el ambicioso proyecto Letrina Cero en las Escuelas son trabajos del Gobierno que no existían en el período Abdo. Entonces, ¿de qué inutilidad habla?

El programa de Adultos Mayores es otra reali­dad en la mejora de la calidad de vida de nues­tros abuelitos y abuelitas, empoderados como nunca antes gracias a la gestión de una adminis­tración estatal que piensa y prioriza a los secto­res más vulnerables.

Si los miserables como Abdo Benítez sangran por la gestión de gobierno, es porque el actual presidente va por buen camino.

Después de tanta corrupción y después de haber administrado el país para llenar las cajas de sus distribuidoras de asfalto, personas como Mario Abdo Benítez no tienen la altura moral ni para cuestionar a sus hijos.

Es un nefasto perso­naje, sediento de poder para seguir huyendo de las cuentas pendientes ante la Justicia y de lo que puede venir del exterior tras la caída de la estructura Marset que su gobierno protegió.

El ministro de Desarrollo Social, y titular del Gabinete Social de la Presidencia, Tadeo Rojas, indicó que desde el primer día de su mandato, el presidente Santiago Peña estableció como bandera de gestión la inversión social, para que de manera definitiva se pueda brindar una mejor calidad de vida a la gente.

En ese contexto, en la mañana de este viernes, durante el anuncio de la reducción de la pobreza que en el 2025 indicó que se ha ubicó con el 16 %, mientras que en el 2024 estaba en el 19,6 %. Explicó que es el resultado de un logro que no se había hecho antes, que fue la reconstrucción del Gabinete Social, el cual quedó integrado por más de 30 instituciones del Poder Ejecutivo.

El ministro Rojas resaltó que hoy este Gabinete avanza bajo una orientación de trabajo coordinado, estructurado, articulado y de una forma absolutamente cooperativa.

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“Esto ha permitido que el Estado pueda llegar a los sectores más distantes del país, y utilizando la focalización que ha sido el término clave, ya que se han identificado los distritos y las comunidades más pobres del país y que hoy se está trabajando con la mesa de protección social”, explicó.

Mencionó que mediante esta focalización se pudo identificar en el mapa de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE), los distritos, las comunidades y los departamentos más pobres del país, que hoy se observan a 42 distritos en los que se trabajan con esa mesa de protección social. Resaltó que ese trabajo está dando resultados importantes.

El ministro Rojas destacó que para lograr una verdadera reducción de la pobreza, el ámbito laboral fue el pilar fundamental ya que la fortaleza del trabajo, con la creación de fuentes de trabajo que, sumado a los componentes de los programas sociales, fueron fundamentales para lograr alcanzar este objetivo.

En ese sentido, señaló que el aumento de los beneficiarios del programa Tekoporá Mbareté, de casi el 25 % después de casi 10 años, significó una importante inyección económica para familias que estaban en la franja de la pobreza, que hoy está recibiendo un monto real.

Mencionó que hoy son 195.000 familias en las que la inversión global es de 85 millones de dólares anuales. “Este programa es una transferencia monetaria con corresponsabilidad en salud y educación y que realmente está ayudando muchísimo a tener mayores ingresos de estas familias que fueron identificadas en la franja de la pobreza”, precisó.

Asimismo, resaltó que otro factor fundamental para la reducción de la pobreza fue el programa de pensión universal de Adultos Mayores. Recordó la nueva ley sancionada en octubre del 2024, y que desde entonces se aplica estrictamente lo que dice la ley con la inscripción automática, con criterio de la edad, de mayor a menor.

Mencionó que encontraron a adultos mayores con 106 y 103 años en la franja de los 90 años, y así bajando hasta ahora en marzo que están cerrando con los 69 años cumplidos y se está llegando a 360.000 adultos mayores, pero solo con la aplicación de la ley, sin necesidad de utilizar los antiguos censos que muchas veces eran discriminatorios. Ahora, solo con la base de datos de las instituciones son partícipes.

Indicó que el programa de Adulto Mayor tiene una inversión de UDS 195 millones que mensualmente se invierte para el pago de la pensión a los adultos mayores.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social remarcó que el programa Hambre Cero es uno de los componentes clave en la reducción de la pobreza. Señaló en primer lugar la importancia de la alimentación de los niños y niñas en edad escolar; en segundo término, la generación de fuentes de trabajo que genera más de 40 mil puestos de forma directa.

“Este programa tiene un presupuesto de 450 millones de dólares, que realmente está generando un impacto social muy positivo y tremendo. Porque fundamentalmente llega a todas las familias y produce un ahorro de todo el entorno. Aquellas familias que tienen 3 o 4 hijos en edad escolar y que les generaban gastos a las familias en la producción de alimentos, hoy con el almuerzo y merienda escolar les genera un ahorro para las familias”, precisó.

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Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que integran la Administración Central ejecutaron G. 4,7 billones en enero de 2026, lo que representa un incremento interanual del 8,8 % frente al mismo mes del 2025, equivalente a unos G. 383.000 millones adicionales. El dato se desprende del informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el reporte oficial del MEF, la mayor proporción del gasto se concentró en Servicios Personales y Transferencias, rubros que incluyen el pago de salarios públicos, jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, además de otras transferencias corrientes destinadas a sostener compromisos sociales y administrativos del Estado.

El informe también señala desembolsos vinculados a programas sociales prioritarios, entre ellos la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Tekoporã Mbarete y la alimentación escolar en el marco del programa Hambre Cero en las Escuelas, iniciativas que forman parte de la política social del Gobierno y que están bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social.

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Según el MEF, los gastos en Servicios Personales y Transferencias concentran G. 49,5 billones del presupuesto total, equivalente al 61 % de los recursos previstos para este año, reflejando el peso que tienen los compromisos salariales, previsionales y sociales dentro de la estructura del gasto público.

Para el ejercicio fiscal 2026, la Administración Central dispone de un presupuesto vigente de G. 81 billones, orientado principalmente al fortalecimiento de servicios esenciales. Entre los sectores con mayor asignación figuran Educación (G. 12,7 billones), Salud Pública (G. 10,3 billones), Seguridad y Defensa Nacional (G. 7,4 billones) e Infraestructura (G. 6,9 billones).

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El nivel de deuda pública del país continúa entre los más bajos de América Latina, consolidándose como una de las principales fortalezas de sus finanzas públicas. Aunque el monto de la deuda ha aumentado en los últimos años, principalmente por inversiones públicas y el impacto de la pandemia, Paraguay mantiene indicadores considerados manejables en comparación con otras economías de la región.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública total alcanzó los USD 20.409 millones a diciembre de 2025, equivalente al 41,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel se ubica por debajo del promedio de los países con calificación crediticia similar, que según Moody’s ronda el 56 % del PIB para economías con grado de inversión.

El ratio de deuda en Paraguay contrasta con el de varios países latinoamericanos donde el endeudamiento supera el 70 % e incluso el 80 % del PIB. Esta situación otorga al Estado paraguayo un margen de maniobra mayor para enfrentar eventuales crisis económicas internacionales o financiar inversiones estratégicas.

Además, la carga financiera sigue siendo relativamente moderada, ya que la relación entre pagos de intereses e ingresos públicos se mantiene sólida y mejor posicionada que la de varios países con calificaciones similares.

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El crecimiento de la deuda se observa desde 2011, impulsado principalmente por programas de inversión pública financiados con crédito externo. El incremento se acentuó en 2020 debido a las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia de covid-19.

Diversos análisis internacionales coinciden en que el nivel actual sigue siendo sostenible. Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaban previamente un rango adecuado de deuda entre el 30 % y el 45 % del PIB, mientras que evaluaciones posteriores de la CAF ubican el umbral sostenible para economías emergentes entre el 25 % y el 50 %, pudiendo alcanzar hasta el 60 % dependiendo de los fundamentos económicos. En ese contexto, el nivel actual paraguayo se mantiene dentro de parámetros considerados prudentes.

La mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración Central, con USD 17.931,8 millones (87,9 % del total). En cuanto al origen del financiamiento, el 85 % es deuda externa y el 15 %, interna.

Asimismo, cerca del 66,6 % de la deuda está a tasas fijas, lo que brinda previsibilidad al costo financiero, mientras que los principales acreedores son tenedores de bonos internacionales y organismos multilaterales.

Por otro lado, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana alcanza USD 2.476,8 millones, equivalente al 12,1 % de la deuda total y al 5 % del PIB.

El país ha impulsado en los últimos años una estrategia de diversificación y desdolarización. Entre 2024 y 2025 se realizaron emisiones de bonos soberanos en guaraníes en mercados internacionales, lo que incrementó la porción de deuda en moneda local y redujo la exposición al riesgo cambiario.

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Según el MEF, el gobierno mantiene el compromiso de moderar el crecimiento del endeudamiento mediante la convergencia del déficit fiscal hacia el límite del 1,5 % del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Apuntando a preservar la sostenibilidad de la deuda y fortalecer la confianza de los inversionistas.

Finalmente, señalan que con estos indicadores, Paraguay continúa exhibiendo un perfil de deuda relativamente bajo en el contexto regional, lo que refuerza su estabilidad macroeconómica y su capacidad para afrontar desafíos económicos futuros.

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