La ciudad de Valenzuela se está erigiendo como un polo industrial en el departamento de Cordillera. Es más que un destino para visitar en verano. Con nuevas industrias, ganadería fuerte y turismo rural en crecimiento, el distrito proyecta un desarrollo sostenido, con una mirada verde.

Ubicada a 100 km de Asunción, esta ciudad fue testigo de hechos que marcaron la memoria popular. Desde su iglesia San José Esposo y su retablo de estilo barroco rococó, hasta numerosos balnearios con frescas aguas, Valenzuela invita a los visitantes a sumergirse en su belleza y en los recodos de un pasado poco conocido fuera de la comunidad. En honor a su fundador, Antonio Fernández de Valenzuela, la ciudad lleva el nombre de Valenzuela, fundada en julio de 1813.

La intendenta de la localidad, Mirtha Fernández, habló con La Nación/Nación Media y contó que la ciudad está creciendo con la llegada de empresas del rubro de criptominería. Esto, tras la inauguración de la subestación de 500 kV y otras inversiones privadas.

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Sin embargo, la ganadería sigue siendo el principal rubro económico de Valenzuela, tanto en pequeña escala como en grandes establecimientos. “Hay mucha ganadería en la zona, con producción de carne que no solo abastece el consumo interno, sino que también se vende a ciudades vecinas”, explicó a LN. Aseguró que esto posiciona al distrito como una referencia productiva en el departamento.

Con la reciente instalación de una subestación eléctrica, Valenzuela ya está transitando una nueva etapa, la llegada de inversiones industriales, sostuvo la intendenta. “Ya se instalaron dos empresas de criptominería, una de ellas de capital americano-canadiense, que también proyecta un data center. Todavía no están operativas, pero ya compraron terrenos y están avanzando con las instalaciones”, contó.

Mencionó que la agricultura familiar se mantiene vigente, aunque la producción agrícola ha tenido una merma en comparación a años anteriores. Uno de los cultivos que históricamente caracterizó a la ciudad es la caña dulce. Dijo que sigue presente a gran escala, aunque ya no con la misma participación de antes. “Antes, hasta quienes tenían parcelas pequeñas vivían de este cultivo, pero eso decayó bastante. Ahora lo siguen manteniendo los productores más grandes”, acotó Fernández.

En cuanto al sector avícola, precisó que Valenzuela cuenta actualmente con alrededor de 40 galpones de pollo, pertenecientes a al menos seis firmas distintas. Resaltó que la producción representa una fuente de trabajo importante para su gente. “Este crecimiento ha generado dinamismo económico, incluyendo demanda de mano de obra y servicios relacionados”, indicó. También mencionó que una empresa en proceso de aprobación, de nombre Cruz Montes, con capital boliviano, proyecta instalar un frigorífico avícola y granjas asociadas.

La jefa comunal hizo énfasis en el crecimiento que viene teniendo la ciudad desde el 2010. Señaló que pasaron de tener 3 comercios a más de 20 ferreterías y locales de servicios en un período de más de 10 años. En construcción, toda la mano de obra es local, incluso vienen trabajadores de ciudades vecinas.

“La demanda de alquileres para locales comerciales, viviendas y hospedajes se incrementa sostenidamente. En mi zona rural también estamos viendo con los vecinos cómo construir casas para alquilar a los trabajadores que llegarán con la instalación de nuevas industrias”, indicó Fernández. También expuso que hubo una compra de siete hectáreas por parte de una empresa para instalar una planta electrointensiva, destinada a la producción de hielo.

Valenzuela cuenta con varios lugares de hospedaje habilitados por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), así como pequeños hoteles que, aunque no en gran escala, permiten recibir visitantes, especialmente en temporada alta. “En verano recibimos muchos turistas por los arroyos que tenemos. El arroyo Blanca es el principal, pero también están el Iguazú y el Ka’í, todos rodeados de vegetación y aguas limpias”, destacó.

La intendenta resaltó que, ante la expansión industrial, están tomando medidas preventivas. Recientemente se creó la Secretaría de Medio Ambiente y otra de Industria, con asesores que trabajan con la comunidad para preservar los recursos naturales y garantizar el desarrollo sostenible. Además de los balnearios naturales, la ciudad cuenta con cerros habilitados para senderismo y está desarrollando una estrategia digital para mostrar estos atractivos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.

El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.

Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.

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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.

Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.

Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.

De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.

El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.

Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.

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La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.

El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.

El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.

Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.

Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.

El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.

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