El informe mensual de gasto social elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda, alega un incremento del 10,6% en la inversión social de la administración central durante el primer semestre del 2020.

Esto ya que la inversión alcanzó G. 11,9 billones, lo que serían unos US$ 1.758 millones al cierre del primer semestre del presente ejercicio fiscal respecto a lo ejecutado durante el mismo periodo del 2019, sin mencionar el monto.

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Dicho aumento se explica principalmente por la ejecución de recursos de los programas implementados en el marco de la Ley de Emergencia como Ñangareko y Pytyvõ, que corresponde al sector de promoción y acción social, que tuvo una ejecución del 29%, unos G. 3.518 millones, de los cuales el 66% se compuso de la asistencia citada, al igual que la pensión para adultos mayores, Tekoporã, entre otros.

La mayor participación de la ejecución se dio en el área de educación, con un 32% que equivale a G. 3.784 millones, seguido de salud con un 21% que serían unos G. 2537 millones, un 15% para seguridad social que serían G. 1.757 millones y un 3% en otros gastos por G. 384 millones.

La DGP menciona que los desembolsos realizados a los principales sectores sociales muestran un importante incremento del 26% en el sector de Promoción y Acción Social con respecto al 2019, y que dicho comportamiento se explica por las acciones realizadas por el Gobierno Nacional ante la pandemia del COVID-19, con los programas sociales mencionados, a fin de mitigar los efectos económicos causados en el país.

La participación del resto del gasto se incrementa también en comparación a los años anteriores, debido al desembolso realizado dentro de la función de servicios económicos, el cual se atribuye específicamente a transferencias al Instituto de Previsión Social (IPS), a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y al Fondo de Garantía para las Pymes (Fogapy), en el marco de la Ley Nº 6524/2020.

Asimismo, la prioridad fiscal de la inversión social de enero a junio de este año fue del 51% respecto al total ejecutado por la administración central, y en dicho contexto, resaltan que en el último quinquenio la inversión social mantuvo una participación promedio del 55%, superior al resto del gasto compuesto por servicios de administración gubernamental, servicios de seguridad, servicios económicos, deuda pública y servicios de regulación y control.

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