Luego de una extensa reunión se llegó a un acuerdo entre las partes y se levantó la medida, que se extendió durante dos días para sufrimiento de la ciudadanía.

Después de más de dos horas de diálogo entre representan­tes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC), ayer autorida­des de Petropar y empresa­rios del transporte público finalmente anunciaron que se levanta la medida de fuerza.

“Tendremos colec­tivos desde mañana (por hoy). Están dados los térmi­nos de acuerdo con el sector del transporte, el combustible está garantizado y mañana con total normalidad vamos a restablecer el servicio de transporte público”, comentó la ministra del MOPC, Clau­dia Centurión, durante una conferencia de prensa.

La misma remarcó que era de interés del Gobierno poder lle­gar a un punto en el cual todos los sectores se vieran benefi­ciados, atendiendo a que una de las prioridades nacionales es precautelar y velar por el bienestar de los ciudadanos.

“Quiero enfatizar algo que es muy importante: el Estado paraguayo está al día con sus obligaciones con el sector de transporte; hemos pagado el mes de enero y el mes de febrero; también ya hemos acordado en esta negocia­ción fecha para el pago del mes de marzo, que será la primera semana del mes de abril. Esto es en función de un calendario y da total pre­visibilidad”, mencionó Cen­turión.

Igualmente, explicó que el pago de las compensa­ciones, otro compromiso con los transportistas, está pre­visto que se efectivice hoy directo a la cuenta de cada empresa, asegurando que el tratamiento de este pago se había dado en el trans­curso de la semana pasada.

Por otro lado, la ministra del MOPC exteriorizó que se cuenta con el apoyo total de Petropar para que la pro­visión de combustible esté garantizada, atendiendo el escenario internacional que se está viviendo por los conflictos en Medio Oriente, que afectan a la provisión de petróleo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fustigó la medida adoptada por el sector transportista, que dejó sin servicio durante dos días a los usuarios. El congresista pidió a los empresarios dejar de castigar a la ciudadanía.

“Dejar a la gente sin transporte no es la manera de solucio­nar los conflictos”, cuestionó el parlamentario a través de una publicación en X. Lamentó que una vez más la ciudadanía haya sufriendo las consecuencias de un paro de transporte.

“No más huelgas de transporte, el bienestar de las familias paraguayas debe ser el fin de todas nuestras acciones, dejen de usarlas como rehenes para sus objetivos”, cuestionó en alusión a la medida adoptada por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

La ruta PY10 contempla más de 60 km de extensión, incluye travesías urbanas que impactarán directamente en varias localidades.

El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentra actualmente en etapa de diseño y estu­dios técnicos, donde se defi­nen aspectos como el trazado, las intervenciones urbanas y la planificación de las obras. Esta fase resulta determi­nante para asegurar la via­bilidad técnica y el impacto económico de la iniciativa.

En paralelo, el Gobierno avanza en un enfoque partici­pativo. El pasado 25 de marzo se realizó una jornada de socialización en la Goberna­ción de Caazapá, con la pre­sencia de autoridades locales y representantes de comuni­dades. El objetivo fue presen­tar los avances del proyecto y recoger aportes para ajustar su ejecución a las necesidades del territorio.

Los gobernadores Chris­tian Acosta, Cesarito Sosa y César Torres coincidieron en la importancia de la coordi­nación entre instituciones y ciudadanía, como base para garantizar que la obra res­ponda a la realidad local y genere beneficios concretos.

La ruta PY10 contempla más de 60 kilómetros de exten­sión, incluyendo travesías urbanas que impactarán directamente en varias loca­lidades. La ejecución estará a cargo de dos consorcios, y se prevé que las obras en pista comiencen hacia finales del segundo trimestre del año, con un plazo estimado de 24 meses.

La pavimentación de esta vía apunta a reducir costos logís­ticos, mejorar el transporte de producción y facilitar el acceso a mercados, factores clave para dinamizar las eco­nomías regionales. Además, la obra tendrá impacto en el empleo durante su ejecución y en la actividad comercial una vez finalizada.

La Ruta de la Integración se perfila así como un proyecto estratégico que no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la integra­ción territorial y abre opor­tunidades de desarrollo sos­tenido en el interior del país.

La deuda del Estado con dos sectores, vialeras y farmacéuticas, ya ascienden a más de USD 1.000 millones, gran parte de estas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, la mayor parte por intereses generados por los retrasos.

En el programa Fuego Cruzado del canal GEN, representantes de las cámaras de ambos sectores dieron detalles sobre el estado de estas deudas por parte del Gobierno.

Gustavo Masi, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que la deuda con la industria de la construcción parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Cerramos el 2025 con 250 millones de dólares de deudas en certificados y 110 millones de dólares en deudas en intereses atrasados, lo que totalizó la deuda en 360 millones de dólares”, mencionó.

Mencionó además que “la deuda se genera a partir del no pago de los certificados, es importante aclarar que a principios del 2025 se dio un fenómeno atípico, lo que estábamos acostumbrados a recibir del plan de caja mensualmente a partir de febrero del 2025 sufrió un declive importante”.

Con respecto a los montos que corresponden a los intereses, argumentó que es un reclamo legítimo que tiene la industria, atendiendo a que está establecido en todos los contratos, “que en el caso del no pago de parte del Gobierno se establecen una tasa de interés como en cualquier situación se requiere”.

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Explicó que “se hizo una salvedad, cuando ingresó el nuevo Gobierno existía una deuda muy fuerte con la industria de la construcción, ellos a principio del 2024 salieron a emitir bonos y honraron una parte importante de esa deuda y una vez que se paga el capital se está habilitado a facturar los intereses, porque hasta ese momento siguen corriendo los intereses porque hasta la fecha efectiva del pago”.

Agregó que con eso “se totalizó una deuda de 110 millones que nosotros venimos reclamando desde el principio del 2024, los intereses, y en la actualidad, una vez que honren los 250 millones de dólares se estará hablando de una nueva cifra de intereses por el retraso que se está generando, son 50 millones de dólares aproximadamente más, 160 millones de dólares en intereses, más los 250 millones, que llegarían a los 450 millones aproximadamente”.

Eso solamente para el Ministerio de Obras Públicas, “eso es muy bueno aclarar, estamos cerrando la deuda total, pero estamos hablando de una deuda en torno entre los 500 a 600 millones de dólares con el sector de la construcción de parte de todas las entidades contratantes, llámese Essap, EBY, Ande, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que también llevó adelante cierto tipo de construcciones que hasta hoy día no fueron honrados”, de acuerdo a las explicaciones de Masi.

En el MOPC existe una deuda de 350 millones de dólares y entre los otros entes del Estado, aproximadamente 200 millones de dólares más.

Por su parte, la representante de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, indicó que el Ministerio de Salud Pública no solo adeuda por medicamentos, sino también por otras contrataciones de servicios en todo lo que es equipamientos, análisis clínicos, laboratoriales, el mantenimiento de esos equipamientos para los equipos de diagnósticos.

“Si vamos a hablar de la deuda global, porque todos los gremios ya estamos trabajando juntos para poder cobrar, está en más de 1.000 millones, hoy vamos a tener el número real porque en la última reunión que tuvimos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos nos ha pedido que podamos elaborar un documento por objeto de gastos y de todo lo que sería por ejecutar, que son las facturas ingresadas ya al Ministerio de Salud en espera de cobro y las facturas que en teoría van a ejecutarse durante todo el año 2026”, detalló.

Indicó que actualmente, con el corte de marzo de este año la deuda estaba en USD 1.027 millones, sin embargo, se está compilando todos los datos que nos mandaron los presidentes de todas las otras cámaras. “Finalmente creo que va ser un poco más y eso queremos presentar mañana en la mesa de trabajo que se conformó en la Cámara de Senadores con la Comisión de Salud para que ellos también puedan ayudarnos a legar a una solución”, agregó.

Coincidió que estas deudas, “hay una parte heredada, porque hay expedientes que ingresan para ser cobrados en el Ministerio de Salud y los contratos por ejecutarse, es decir, si hay un contrato de 100, se ejecuta 50 queda 50 para que vayan saliendo las ordenes de compra de acuerdo a la necesidad y el consumo, eso no se tuvo en la administración anterior”.

Asimismo, explicó que “cuando el gobierno de Santiago Peña asume, el ministro Fernández Valdovinos pide el corte administrativo para poder hacer la emisión de bonos no se le tuvo en cuenta a los contratos que estaban terminando de ejecutarse y quedó un saldo de 260 millones de dólares, se pagó 300 millones de dólares, quedó un saldo de 260 millones que se pasó para el presupuesto del 2024, se pagó por el presupuesto de salud del 2024, quedó otro monto y así sucesivamente se fue arrastrando y terminamos con más de 800 millones de dólares”.

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El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentra actualmente en etapa de diseño y estudios técnicos, donde se definen aspectos como el trazado, las intervenciones urbanas y la planificación de las obras. Esta fase resulta determinante para asegurar la viabilidad técnica y el impacto económico de la iniciativa.

En paralelo, el gobierno avanza en un enfoque participativo. El pasado 25 de marzo se realizó una jornada de socialización en la Gobernación de Caazapá, con la presencia de autoridades locales y representantes de comunidades. El objetivo fue presentar los avances del proyecto y recoger aportes para ajustar su ejecución a las necesidades del territorio.

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Los gobernadores Christian Acosta, Cesarito Sosa y César Torres coincidieron en la importancia de la coordinación entre instituciones y ciudadanía, como base para garantizar que la obra responda a la realidad local y genere beneficios concretos.

La ruta PY10 contempla más de 60 kilómetros de extensión, incluyendo travesías urbanas que impactarán directamente en varias localidades. La ejecución estará a cargo de dos consorcios, y se prevé que las obras en pista comiencen hacia finales del segundo trimestre del año, con un plazo estimado de 24 meses.

La pavimentación de esta vía apunta a reducir costos logísticos, mejorar el transporte de producción y facilitar el acceso a mercados, factores clave para dinamizar las economías regionales. Además, la obra tendrá impacto en el empleo durante su ejecución y en la actividad comercial una vez finalizada.

La “Ruta de la Integración” se perfila así como un proyecto estratégico que no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la integración territorial y abre oportunidades de desarrollo sostenido en el interior del país.

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