La Cámara de Diputados aprobó en la última sesión plenaria el proyecto de resolución por el cual solicitan informes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, por iniciativa del legislador colorado Rubén Roussillón, representante de Presidente Hayes.

De acuerdo al informe de la Cámara Baja, este documento busca cuantificar los municipios aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, ordenados por departamentos. Además, pide detallar las demandas presentadas por la entidad contra gobiernos locales, con especificación de municipios, año de presentación y la deuda reclamada.

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Otros puntos incluidos en la propuesta son la especificación del total de municipios asociados, ordenados por departamentos; el detalle de quiénes se encuentran al día con sus aportes, y quiénes adeudan y en el caso de los municipios deudores, el detalle del total de la deuda por cada municipio, a la fecha, con discriminación de capital e interés.

El documento requiere además identificar los municipios con los que se concertó refinanciamiento de deuda mediante acuerdos o convenios, con detalle de los montos adeudados. Finalmente, el pedido de informes pide los estados contables y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al cierre del primer cuatrimestre del año 2024. La iniciativa tuvo visto bueno en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.

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Desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) se sumaron a la emisión de una alerta sanitaria realizada por Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Brasil (Anvisa) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, sobre la falsificación de Toxina Botulínica Bótox en varios de sus lotes.

Según el comunicado emitido desde de la entidad reguladora, los lotes comprometidos serían varios y desde el año pasado hasta la fecha se han identificado unidades adulteradas o falsificadas.

Entre los grupos adulterados están los siguientes códigos C7746C3 (val. 04/2025); C7211C4 (val. 08/2026); C3709C3 (val.05/2025); C6835C3 (val. 10/2024) y C7654C3F(val. 12/2024).

“Esta marca Bótox como tal no está registrada en Paraguay, pero eso no nos da la seguridad de que no esté circulando porque tristemente aún hay personas que te comentan que adquieren medicamentos en el Brasil o en Estados Unidos”, indicó el director de Vigilancia, el doctor César Cristaldo en comunicación con La Nación/Nación Media.

Agregó que esta situación hace que haya personas que estén expuestas debido a sus compras. “Entonces, hay personas que consumen medicamentos que no hay en el país y si este producto se ha filtrado, tanto en Estados Unidos como en Brasil, también podría hacerlo en Paraguay”, advirtió.

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Detalló que con evidencia en las pruebas médicas y los reportes enviados desde las agencias internacionales, se puede confirmar varios efectos secundarios que podrían presentarse en las personas que utilicen esta droga adulterada.

Como ejemplo, citó: visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza después de la inyección de estos productos.

“Los efectos secundarios que citan son muy variados, no se centran solo en un mal específico. Hay cuestiones que involucran al sistema nervioso, otros que afectan al área urinaria y al área respiratoria, y en general, son muy amplios los efectos que pueden generarse, porque en gran parte se desconoce qué contiene en realidad la composición”, comentó el doctor Cristaldo.

Remarcó que desde los Estados Unidos advirtieron sobre el riesgo de la aplicación del bótox en entornos no médicos y sin el control adecuado, detallando que la mayoría de los casos notificados se dieron en estas circunstancias, donde los productos son adquiridos de fuentes sin licencia.

Es por esto mismo que pueden estar mal etiquetados, adulterados, falsificados, mal almacenados y transportados de manera incorrecta o ineficaz, por lo que el riesgo es bastante, aseguró.

Datos clave.

• Desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) se sumaron a la emisión de una alerta sanitaria respecto al producto Bótox.
• La marca Bótox como tal no está registrada en Paraguay, pero no existe la seguridad de que no esté circulando en nuestro país
• Los efectos secundarios pueden ser visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza.
• La alerta sanitaria está vigente también en Estados Unidos y Brasil

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El titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, señaló que Paraguay insistirá en el reconocimiento del acuerdo entre los expresidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri sobre la deuda de Argentina en la binacional por cesión de energía, que actualmente llega a los USD 208 millones. Las expresiones de Benítez se dan en torno a las declaraciones de la canciller Diana Mondino, desconociendo de “quién debe a quién”, pese a que exista el acuerdo Cartes-Macri.

“Esto ya se discutió, se estudió bastante, inclusive se llegó a un acuerdo entre ambos presidentes (Cartes y Macri), inclusive tuvo acuerdo del Congreso paraguayo, volver a esa foja cero es para ganar tiempo, creo que nosotros como país estamos tratando de utilizar todas las herramientas que tenemos para que esto avance”, refirió el titular de la binacional en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Benítez sostuvo que el acuerdo Cartes-Macri ya pasó en su momento por el Congreso paraguayo, por que ahora se debe también tratar en el Congreso argentino. “Tenemos que tratar de presentar eso al Congreso argentino para que se apruebe y de una vez por todas hacer que la entidad binacional sea una entidad realmente que funcione y que pueda tener acceso a mayores créditos porque va a tener una finanza bien ordenada”, apuntó.

Así mismo, Benítez indicó que la entidad debe avanzar para que la misma sea un elemento de desarrollo, sobre todo en las áreas de influencias de la binacional. Anunció que la próxima semana se reunirá nuevamente en un comité y allí se pretende tener definido el tema y otros puntos muy importantes para el funcionamiento de la institución.

“De parte de la Cancillería tuvieron una respuesta de este tema, justamente con base en esos términos, que esto ya fue discutido y que tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que avanzar para ordenar la casa en un acuerdo, pero paralelamente a eso nosotros necesitamos que ellos aumenten el desembolso porque la energía siguen retirando, ciertamente están vendiendo otra vez, pero a un precio totalmente subsidiado”, mencionó el titular de la binacional.

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El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.