Cientos de personas ocupan la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reclamar protección para los inquilinos tras el desahucio de una octogenaria, y el presidente del Gobierno aseguró este domingo que trabaja “a contrarreloj” para poner remedio a la crisis de la vivienda en España.

El miércoles, las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.

“Todos somos Maricarmen”, “Ni una Maricarmen más” se veía en las carpas que ocupan gran parte de la enorme plaza, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.

La mayoría de los manifestantes pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

“Vamos a darle a esto [al campamento] una vida para seguir identificando los contratos indefinidos y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para que pase a ser un bien de primera necesidad”, dijo este domingo uno de los organizadores con un megáfono a los acampados.

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En 2011, la Puerta del Sol ya fue ocupada durante tres semanas por el movimiento de los Indignados, jóvenes frustrados por las malas perspectivas económicas y la corrupción durante los años de recesión posteriores a la crisis financiera de 2008.

“No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno”, afirmó en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que llamó a la población a sumarse al campamento instalado en la Puerta del Sol después de la manifestación del sábado.

“Vamos a estar el tiempo que haga falta”, aseguró.

Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, había pedido a los españoles a sumarse a la lucha en un mensaje de vídeo publicado en internet unas horas antes de la manifestación.

“Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, declaró Abascal desde el hospital donde recibe tratamiento por agotamiento desde su desahucio.

“Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional”, le respondió este domingo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.

La octogenaria se vio obligada a abandonar el apartamento en el que vivía desde hacía 70 años después de que una inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler un 275 %, hasta los 2.650 euros, según el sindicato.

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (2.682 dólares), un aumento de más del 50 % en el mismo periodo, según datos oficiales.

En el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno debería aprobar un paquete de medidas conocido como “decreto Maricarmen”, que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, no está claro que estas medidas sean aprobadas por el Parlamento, donde el Gobierno de Sánchez no dispone de mayoría.

Fuente: AFP

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

Tras varios meses de diálogo, análisis técnico y trabajo conjunto, la Municipalidad de Asunción y las organizaciones sindicales alcanzaron un acuerdo para actualizar el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT), adecuándolo al marco legal vigente.

El acuerdo fue suscrito hoy viernes, en dependencias de la Dirección de Servicios Urbanos, por el intendente de Asunción, Luis Bello, autoridades municipales y representantes de las organizaciones sindicales.

La actualización responde principalmente a la necesidad de armonizar el CCCT con la Ley n.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece disposiciones para el ingreso a la función pública, la carrera administrativa, la promoción y otros aspectos de las relaciones laborales en el sector público.

El intendente Luis Bello destacó la importancia del acuerdo y recordó su trayectoria dentro de la institución.

“Yo empecé como funcionario municipal en el 2008. La última vez que se firmó un contrato colectivo de trabajo para los funcionarios de la Municipalidad de Asunción fue en el 2010. Yo tenía dos años de antigüedad”, recordó.

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El jefe comunal señaló que el proceso de recuperación y ordenamiento de la Municipalidad también debe brindar previsibilidad a sus trabajadores.

“Si le exigimos al funcionario, tenemos que trabajar bajo ese concepto: que sepan qué pueden exigir, a qué están obligados y que a fin de mes va a llegar su salario”, manifestó.

Bello sostuvo que el acuerdo permite establecer con claridad las responsabilidades y los derechos de los trabajadores.

Durante su intervención, mencionó además los avances en el ordenamiento de la casa, la recuperación de servicios municipales, el fortalecimiento de Aseo Urbano, la incorporación de nuevos camiones recolectores, la reactivación de obras de desagüe pluvial y el cumplimiento de compromisos con funcionarios y jubilados.

Por la Municipalidad de Asunción suscribieron el acuerdo el intendente Luis Bello; la secretaria general, Alice Delgadillo; el director general de Gabinete, Máximo Medina; el director de Recursos Humanos, Jorge Mongelós; el director general de Administración y Finanzas, Hugo Martínez; y el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté.

Por las organizaciones sindicales firmaron Alberto Gaona y Cándido Penayo, presidente y vicepresidente de Sitrama; Julio Rafael Fernández y Edgar Isaac Fernández, presidente y vicepresidente de Sinoema; y Gladys Galeano y Óscar Pereira, presidenta y vicepresidente de Simuca.

La actualización del CCCT establece un marco común para las relaciones laborales, con responsabilidades y derechos definidos, orientado al buen funcionamiento de la institución y a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía.

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