El gobierno de la República de China (Taiwán) desembolsó aportes para soluciones habitacionales destinadas a pueblos originarios. El acto de suscripción de transferencias a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat se concretó este martes en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El monto total asciende a USD 5.082.513, destinados a dos proyectos habitacionales para pueblos originarios.

Según información proveída por la Cancillería, los fondos comprenden el tercer y último desembolso de USD 1.912.446,05 para el proyecto “Construcción de 1.000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios”, así como un aporte de USD 3.170.066,95 para el financiamiento de otras 660 soluciones habitacionales dirigidas a comunidades indígenas.

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La ceremonia contó con la presencia del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, en calidad de testigo de honor. Así también, suscribieron el acta el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y el embajador de la República de China (Taiwán), Iván Lee.

En su intervención, el ministro Ramírez Lezcano dijo que estos proyectos tienen un valor particular, ya que atienden una deuda histórica, respetando realidades, fortaleciendo el arraigo y promoviendo oportunidades reales de desarrollo a las comunidades indígenas.

“La cooperación de Taiwán no es circunstancial ni simbólica. Es un apoyo constante, confiable y orientado a resultados. Se traduce en proyectos que impactan directamente en la vida de miles de paraguayos”, significó.

Igualmente, destacó que para nuestro país, “Taiwán es un socio estratégico que sustenta su relación en principios claros: el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la dignidad de las personas”.

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La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.

Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.

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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.

Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.

Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.

En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.

Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.

En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.

La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

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El abogado Ricardo Preda consideró pertinente que el juez Osmar Legal decida devolver al Ministerio Público la imputación formulada contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para encuadrar los hechos atribuidos. “Estas son las decisiones que confirman que un sistema judicial, dentro de todas las críticas, que se le puede hacer funciona”, dijo.

“Me parece plausible que el juez tome una posición diciendo que no reúne los requisitos porque esto dentro de todo desmitifica un poco de que la justicia está en manos de un sector político, pero si me preguntan mi opinión sobre el contenido de la decisión y si se ajusta a lo que debería entenderse como una imputación que reúna o no los requisitos, yo creo que la decisión del juez Legal es errada“, refirió el representante legal del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Preda acotó: “La imputación claramente reúne todos los presupuestos que la ley establece como, por ejemplo, un relato de los hechos, el cual significa establecer el tiempo, el modo y lugar de la conducta de una persona. Acá hay dos porciones de hechos claramente atribuidas a Wiens”.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

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Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006.

Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido. Wiens se encuentra imputado por el Ministerio Público, por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del proyecto Metrobús.

“Acá nadie podría discutir que una persona no entendería qué es lo que se de atribuye. Esta fuera de toda discusión que no existe un juicio de valor desprovisto de relatos de hechos, claramente hay relatos de hechos bien concretos que se le atribuyen a Wiens“, sentenció Preda.

Por otra parte, el abogado explicó que la reapertura de la causa contra Ramón Jiménez Gaona, en torno al fallido proyecto vial, no significa que el juzgado haya rechazado el pedido de sobreseimiento definitivo realizado días atrás por los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Esas afirmaciones de que hubo un revés porque el juez no otorgó el sobreseimiento definitivo es falso, ya que el juez no puede otorgar automáticamente el sobreseimiento definitivo ante un requerimiento de la Fiscalía, pues debe sustanciarse previamente a una audiencia preliminar y ahí se estudia el requerimiento de la Fiscalía“, comentó.

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• Por Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

La Caja Fiscal es el sistema que paga las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos en Paraguay. Funciona bajo un esquema de reparto solidario; los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados actuales. El problema es que ese equilibrio dejó de existir hace años y hoy el sistema gasta mucho más de lo que recauda.

De acuerdo a un análisis del sistema previsional realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con corte al cierre de 2023, la Caja contaba con 232.631 aportantes activos y 74.339 jubilados y pensionados.

La relación es de 3,1 activos por cada pasivo, cuando los estudios actuariales indican que se necesitan al menos cinco aportantes para financiar de forma sostenible un beneficio jubilatorio. Esa brecha explica el déficit creciente que hoy amenaza las finanzas públicas.

El sistema está compuesto por varios regímenes con reglas distintas. Se divide en dos grandes programas:

• Programa Civil: Administración Pública, Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales y otros sectores.
• Programa No Civil: Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Esta fragmentación normativa es uno de los principales problemas del sistema, ya que conviven sectores con edades de jubilación, años de aporte y beneficios muy dispares dentro de una misma caja.

Los números muestran que el déficit no es generalizado, sino concentrado en sectores específicos. En 2025, la Caja Fiscal registró ingresos por G. 3,31 billones y gastos por G. 5,87 billones, con un déficit total de G. 2,56 billones (USD 380 millones), equivalente a un desbalance del 44 %.

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El único sector con superávit operativo es el de los empleados públicos, cuyos excedentes se utilizan para financiar los desajustes del resto del Programa Civil. En contraste, los mayores déficits se registran en:

• Magisterio Nacional, que explica cerca de la mitad del rojo total.
• Policía Nacional, con un déficit cercano al 60 %.
• Fuerzas Armadas, con un déficit superior al 75 %.

Estos sectores, además, concentran una gran cantidad de jubilados. El Magisterio Nacional reúne casi el 50 % de los beneficiarios, mientras que Policías y Militares no cuentan con fondos acumulados y dependen directamente del Presupuesto General de la Nación (PGN).

La gerente de Desarrollo Económico, Liz Coronel, explicó a La Nación/Nación Media que uno de los factores que más incide en el deterioro del sistema es la ausencia de una edad mínima de jubilación en varios regímenes, lo que habilitó retiros a edades muy bajas y un pago prolongado de beneficios.

“En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, e incluso se registraron casos de personas que accedieron a la jubilación con 40 o 41 años, una situación que incrementa de forma significativa el gasto previsional a lo largo del tiempo”, precisó.

Coronel reiteró que uno de los factores que más incide en el desequilibrio es la jubilación a edades tempranas. En varios regímenes no existía una edad mínima obligatoria, lo que permitió retiros a los 40 o 50 años y extendió el pago de beneficios durante décadas.

A esto se suman beneficios que no cuentan con respaldo contributivo, como el reconocimiento de años por hijos, y esquemas de cálculo que toman el último salario, elevando artificialmente los haberes.

Según las estimaciones oficiales citadas por Coronel, si no se aprueban reformas, el déficit promedio de la Caja Fiscal para los próximos cinco años rondaría los USD 790 millones anuales.

En cambio, la incorporación de una edad mínima de jubilación de 57 años para los sectores que hoy no la tienen permitiría reducir ese déficit aproximadamente a la mitad. Sin cambios, advirtió, el rojo anual podría ubicarse en torno a USD 700 millones por año, lo que implicaría una presión creciente sobre el presupuesto público.

El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo introduce cambios paramétricos para frenar el deterioro del sistema. Entre los puntos centrales se destacan: una edad mínima de jubilación, que fija un piso de 57 años para sectores que no lo tenían.

El aumento de aportes al 22 %, distribuidos entre trabajador y Estado. El nuevo cálculo del haber jubilatorio y el ajuste de tasas de sustitución: los haberes se ubican entre el 60 % y el 85 %, según edad y años de aporte.

Los estudios actuariales del Ministerio de Economía estiman que estas medidas reducen el déficit actuarial en más del 60 % y permiten postergar el agotamiento de los recursos del Programa Civil hasta 2032.

Esta semana, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, incorporando modificaciones relevantes. Entre ellas, se establece que el aporte del Estado será del 5 % y se aplicará de forma gradual (el proyecto del Ejecutivo prevé un aporte del 3 %), mientras que el aporte del afiliado será del 16 % para sectores superavitarios y del 19% para sectores deficitarios.

Para el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la jubilación ordinaria quedaría fijada en 57 años de edad y 25 años de aporte, con tasas de sustitución de entre 60 % y 85 %. En el caso de la jubilación extraordinaria, la edad mínima será de 55 años, con 30 años de aporte, y el haber se calculará sobre el promedio salarial de los últimos 10 años.

En el sector de Fuerzas Públicas, se establece una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte, y un cálculo del haber basado en el promedio de los últimos cinco años, eliminando la equiparación automática con los salarios de los activos.

El analista económico, Víctor Pavón, habló con La Nación y mencionó que el tamaño actual del Estado y el nivel de déficit de los regímenes previsionales constituyen riesgos serios para la sostenibilidad fiscal del país y la preservación del grado de inversión.

Sostuvo que el Estado debe revisar su estructura, ya que existe un sobredimensionamiento del personal público en varios sectores, con más funcionarios de los necesarios para prestar servicios básicos.

Sugirió que, si el Congreso no aprueba los cambios propuestos, Paraguay podría enfrentar una situación “muy peligrosa” desde el punto de vista económico. “Este desequilibrio no es solo un problema previsional, es un riesgo para toda la economía”, concluyó.

Sin reformas, el déficit anual de la Caja Fiscal podría superar los USD 700 millones en los próximos cinco años, compitiendo directamente con recursos destinados a salud, educación, inversión pública y programas sociales.

Como advirtieron expertos, el desequilibrio previsional ya no es solo un problema de jubilaciones sino un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.

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