El abogado Ricardo Preda consideró pertinente que el juez Osmar Legal decida devolver al Ministerio Público la imputación formulada contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para encuadrar los hechos atribuidos. “Estas son las decisiones que confirman que un sistema judicial, dentro de todas las críticas, que se le puede hacer funciona”, dijo.

“Me parece plausible que el juez tome una posición diciendo que no reúne los requisitos porque esto dentro de todo desmitifica un poco de que la justicia está en manos de un sector político, pero si me preguntan mi opinión sobre el contenido de la decisión y si se ajusta a lo que debería entenderse como una imputación que reúna o no los requisitos, yo creo que la decisión del juez Legal es errada“, refirió el representante legal del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Preda acotó: “La imputación claramente reúne todos los presupuestos que la ley establece como, por ejemplo, un relato de los hechos, el cual significa establecer el tiempo, el modo y lugar de la conducta de una persona. Acá hay dos porciones de hechos claramente atribuidas a Wiens”.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

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Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006.

Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido. Wiens se encuentra imputado por el Ministerio Público, por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del proyecto Metrobús.

“Acá nadie podría discutir que una persona no entendería qué es lo que se de atribuye. Esta fuera de toda discusión que no existe un juicio de valor desprovisto de relatos de hechos, claramente hay relatos de hechos bien concretos que se le atribuyen a Wiens“, sentenció Preda.

Por otra parte, el abogado explicó que la reapertura de la causa contra Ramón Jiménez Gaona, en torno al fallido proyecto vial, no significa que el juzgado haya rechazado el pedido de sobreseimiento definitivo realizado días atrás por los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Esas afirmaciones de que hubo un revés porque el juez no otorgó el sobreseimiento definitivo es falso, ya que el juez no puede otorgar automáticamente el sobreseimiento definitivo ante un requerimiento de la Fiscalía, pues debe sustanciarse previamente a una audiencia preliminar y ahí se estudia el requerimiento de la Fiscalía“, comentó.

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• Por Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

La Caja Fiscal es el sistema que paga las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos en Paraguay. Funciona bajo un esquema de reparto solidario; los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados actuales. El problema es que ese equilibrio dejó de existir hace años y hoy el sistema gasta mucho más de lo que recauda.

De acuerdo a un análisis del sistema previsional realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con corte al cierre de 2023, la Caja contaba con 232.631 aportantes activos y 74.339 jubilados y pensionados.

La relación es de 3,1 activos por cada pasivo, cuando los estudios actuariales indican que se necesitan al menos cinco aportantes para financiar de forma sostenible un beneficio jubilatorio. Esa brecha explica el déficit creciente que hoy amenaza las finanzas públicas.

El sistema está compuesto por varios regímenes con reglas distintas. Se divide en dos grandes programas:

• Programa Civil: Administración Pública, Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales y otros sectores.
• Programa No Civil: Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Esta fragmentación normativa es uno de los principales problemas del sistema, ya que conviven sectores con edades de jubilación, años de aporte y beneficios muy dispares dentro de una misma caja.

Los números muestran que el déficit no es generalizado, sino concentrado en sectores específicos. En 2025, la Caja Fiscal registró ingresos por G. 3,31 billones y gastos por G. 5,87 billones, con un déficit total de G. 2,56 billones (USD 380 millones), equivalente a un desbalance del 44 %.

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El único sector con superávit operativo es el de los empleados públicos, cuyos excedentes se utilizan para financiar los desajustes del resto del Programa Civil. En contraste, los mayores déficits se registran en:

• Magisterio Nacional, que explica cerca de la mitad del rojo total.
• Policía Nacional, con un déficit cercano al 60 %.
• Fuerzas Armadas, con un déficit superior al 75 %.

Estos sectores, además, concentran una gran cantidad de jubilados. El Magisterio Nacional reúne casi el 50 % de los beneficiarios, mientras que Policías y Militares no cuentan con fondos acumulados y dependen directamente del Presupuesto General de la Nación (PGN).

La gerente de Desarrollo Económico, Liz Coronel, explicó a La Nación/Nación Media que uno de los factores que más incide en el deterioro del sistema es la ausencia de una edad mínima de jubilación en varios regímenes, lo que habilitó retiros a edades muy bajas y un pago prolongado de beneficios.

“En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, e incluso se registraron casos de personas que accedieron a la jubilación con 40 o 41 años, una situación que incrementa de forma significativa el gasto previsional a lo largo del tiempo”, precisó.

Coronel reiteró que uno de los factores que más incide en el desequilibrio es la jubilación a edades tempranas. En varios regímenes no existía una edad mínima obligatoria, lo que permitió retiros a los 40 o 50 años y extendió el pago de beneficios durante décadas.

A esto se suman beneficios que no cuentan con respaldo contributivo, como el reconocimiento de años por hijos, y esquemas de cálculo que toman el último salario, elevando artificialmente los haberes.

Según las estimaciones oficiales citadas por Coronel, si no se aprueban reformas, el déficit promedio de la Caja Fiscal para los próximos cinco años rondaría los USD 790 millones anuales.

En cambio, la incorporación de una edad mínima de jubilación de 57 años para los sectores que hoy no la tienen permitiría reducir ese déficit aproximadamente a la mitad. Sin cambios, advirtió, el rojo anual podría ubicarse en torno a USD 700 millones por año, lo que implicaría una presión creciente sobre el presupuesto público.

El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo introduce cambios paramétricos para frenar el deterioro del sistema. Entre los puntos centrales se destacan: una edad mínima de jubilación, que fija un piso de 57 años para sectores que no lo tenían.

El aumento de aportes al 22 %, distribuidos entre trabajador y Estado. El nuevo cálculo del haber jubilatorio y el ajuste de tasas de sustitución: los haberes se ubican entre el 60 % y el 85 %, según edad y años de aporte.

Los estudios actuariales del Ministerio de Economía estiman que estas medidas reducen el déficit actuarial en más del 60 % y permiten postergar el agotamiento de los recursos del Programa Civil hasta 2032.

Esta semana, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, incorporando modificaciones relevantes. Entre ellas, se establece que el aporte del Estado será del 5 % y se aplicará de forma gradual (el proyecto del Ejecutivo prevé un aporte del 3 %), mientras que el aporte del afiliado será del 16 % para sectores superavitarios y del 19% para sectores deficitarios.

Para el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la jubilación ordinaria quedaría fijada en 57 años de edad y 25 años de aporte, con tasas de sustitución de entre 60 % y 85 %. En el caso de la jubilación extraordinaria, la edad mínima será de 55 años, con 30 años de aporte, y el haber se calculará sobre el promedio salarial de los últimos 10 años.

En el sector de Fuerzas Públicas, se establece una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte, y un cálculo del haber basado en el promedio de los últimos cinco años, eliminando la equiparación automática con los salarios de los activos.

El analista económico, Víctor Pavón, habló con La Nación y mencionó que el tamaño actual del Estado y el nivel de déficit de los regímenes previsionales constituyen riesgos serios para la sostenibilidad fiscal del país y la preservación del grado de inversión.

Sostuvo que el Estado debe revisar su estructura, ya que existe un sobredimensionamiento del personal público en varios sectores, con más funcionarios de los necesarios para prestar servicios básicos.

Sugirió que, si el Congreso no aprueba los cambios propuestos, Paraguay podría enfrentar una situación “muy peligrosa” desde el punto de vista económico. “Este desequilibrio no es solo un problema previsional, es un riesgo para toda la economía”, concluyó.

Sin reformas, el déficit anual de la Caja Fiscal podría superar los USD 700 millones en los próximos cinco años, compitiendo directamente con recursos destinados a salud, educación, inversión pública y programas sociales.

Como advirtieron expertos, el desequilibrio previsional ya no es solo un problema de jubilaciones sino un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.

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La presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y exsenadora Blanca Lila Mignarro, señaló que se está generando un malentendido, ya que algunos legisladores están buscando comparar la reforma de la Caja Fiscal con las propuestas de modificación planteadas a la Caja Parlamentaria. Aseguró que esta última no tiene nada que ver con el fondo de jubilaciones del sector público, que está deficitaria.

En conversación con el programa “Así son las cosas” que se emite por Canal GEN y Universo 970 Am/Nación Media, mencionó que en agosto pasado había presentado por tercera vez una propuesta de modificación a la normativa que rige sobre la Caja Parlamentaria que tiene una vigencia de casi 50 años.

Indicó que es decisión de los legisladores si llaman o no a sesión extraordinaria. Pero la reunión que mantuvieron este lunes, fue para explicar los motivos por los cuales ellos están solicitando los ajustes a la normativa.

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“Nosotros no estamos planteando ninguna modificación o cambios, porque estamos en liquidez, ni nada de eso. Nosotros estamos haciendo esta propuesta porque cada 3 años tenemos la obligación de llevar adelante los estudios actuariales, donde nos van diciendo los técnicos que tenemos vuelos propios hasta el 2035. Pero en adelante debemos seguir ajustando para poder seguir dando previsibilidad a los que ya están y a los que se van a jubilar”, explicó.

Señaló que por ese motivo los ajustes son necesarios realizarlos, solo que coincidió con el anuncio que hizo el Poder Ejecutivo sobre la reforma de la Caja Fiscal; sobre lo que insistió en que la Caja Parlamentaria no tiene nada que ver con el fondo jubilatorio público.

Si bien, mencionó que está en discusión la propuesta de que la Caja Parlamentaria deje de recibir aportes del Estado, porque es una cuestión que “enrarece el ambiente”; más aún en épocas electorales, que surgen estos temas como propuesta muy electoralista y sobre todo populista.

“Algunos hablan de eliminar la caja, pues bien, que se elimine. Supongamos que se tengan los votos en ambas cámaras, pero, luego qué se hace con los jubilados, recurrirán a la Justicia por sus derechos adquiridos, la Justicia fallará a su favor y dónde serán remitidos los 280 jubilados. Pasarán a la Caja Fiscal, lo que significará que todos los paraguayos tendrán que pagar la jubilación”, acotó.

La exlegisladora agregó que algunos legisladores deberían “ser más serios y no plantear soluciones descabelladas; sino plantear cosas que sean más viables”, enfatizó.

Mencionó que hay exlegisladores que han aportado más de dos periodos, como el caso del exsenador Juan Carlos Galaverna, quien aportó por 6 periodos, es decir 30 años y se jubiló por tres periodos con el 50 %; y otros legisladores como Blas Llano, el exsenador Tito Saguier, que tienen varios años de aportes.

“El espíritu de la caja es la solidaridad, yo aporté por 20 años, y me jubilé por tres periodos y con el 80 %. Entonces, lo que contribuí, que fue mucha plata, queda para la solidaridad y el sostenimiento de la caja” comentó.

Señaló que el aporte de los parlamentarios es casi 9 millones de guaraníes, y si al cabo de los dos periodos legislativos no quiere acogerse a la jubilación, puede hacer el retiro de los aportes, porque tiene sostenimiento, y se le devuelve hasta el 95 % de lo que aportó.

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Con las modificaciones planteadas se tendrá una sostenibilidad hasta el año 2040, puntualizando que la Caja Parlamentaria no es deficitaria ni tiene problemas de liquidez, dijo la exsenadora Blanca Lila Mignarro, presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo.

El presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, encabezó una reunión informativa, junto con sus colegas parlamentarios de ambas cámaras para analizar la situación actual de la Caja Parlamentaria.

Para el efecto, fueron invitados la ex parlamentaria Mignarro, y algunos miembros de la comisión directiva de dicho estamento.

El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, detalló que actualmente se recaudaron fondos en conceptos de intereses (préstamos a legisladores y funcionarios) G. 36.000 millones de guaraníes anuales. En tanto que los aportes de los parlamentarios activos y jubilados generan G. 17.000 millones, lo que representa G. 53.000 millones de ingresos genuinos de la Caja.

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Algunos legisladores de la oposición plantean la eliminación total de la Caja Parlamentaria, sin entrar a analizar si es o no deficitaria. Existe una propuesta de modificación cuyo objetivo principal es evitar justamente que entre en déficit como la Caja Fiscal.

Entre las principales modificaciones planteadas, se contempla que la edad para acceder a la jubilación ordinaria sea de 65 años (actualmente es de 55 años), con un mínimo de 180 meses de aportes computados por el fondo.

Del mismo modo, se propone elevar el aporte mensual obligatorio del afiliado parlamentario del 22 al 24 %, sobre el monto de la dieta mensual y los gastos de representación.

En cuanto al aporte mensual del jubilado y pensionado, el proyecto propone aumentar del 11 al 14 % sobre el monto de sus haberes jubilatorios.

Asimismo, discutieron los ajustes en la tasa de sustitución y en la devolución de aportes para aquellos legisladores que no completen los periodos requeridos, buscando un equilibrio entre los beneficios otorgados y la capacidad de pago del fondo.

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