La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.

Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.

“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.

Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.

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Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.

El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.

El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.

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La Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) informó que tras el evento Proyecto Vigía en el que se presentó una plataforma digital e interactiva que busca acercar las oportunidades de licitaciones públicas al sector emprendedor, las autoridades anunciaron la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para reglamentar la Ley 7021/2022 que establece la obligación de destinar un porcentaje de las compras públicas a mipymes.

En el encuentro también estuvieron emprendedores y representantes de empresas de los rubros servicios, comercio, tecnología, industria, entre otros, como gastronomía y educación; de Asunción, el área metropolitana y del interior del país, como Villarrica, Coronel Oviedo, Encarnación y Hernandarias. En tanto, el gremio fue formalmente invitado a participar como referente del sector emprendedor.

Estuvieron presentes Oscar Martínez, director Nacional de Suministro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes; Romina Da Re, directora general de información e internacionalización del MIC, y Juan Paredes, director nacional de emprendedurismo de la cartera, quienes visibilizaron los problemas del ecosistema mipyme.

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Con respecto a la plataforma, mencionaron que desde el lanzamiento tuvo más de 1.100 visitas y se registraron más de 370 usuarios, 16 licitaciones fueron canalizadas exitosamente por un total de USD 300.000, también se conectó a mipymes mediante asistencia del proyecto por G. 175 millones. Asimismo, se realizaron tres talleres presenciales en Concepción, Encarnación y Pilar, y tres de manera virtual con participantes de diferentes puntos del país llegando en total a 154 personas.

Así también, se compartieron casos reales de emprendedores proveedores del Estado quienes relataron las principales barreras que enfrentan en el proceso de licitación pública, y se compartieron los casos de éxito acompañados por el equipo encargado de la herramienta.

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La Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo, presidida por diputado Cleto Giménez, solicitó al Centro de Investigación Legislativa (CeIL) un estudio sobre la legislación comparada de normativas que establecen la fusión de los servicios de Registro Civil e Identificaciones.

Al término de la reunión de la mesa de trabajo, el legislador explicó que la intención es avanzar en el estudio del proyecto de ley “Que fusiona los servicios del Registro Civil e Identificaciones y se establece el Sistema Integral de Registro Civil e Identificación de las Personas Naturales”.

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Mencionó que la propuesta requiere del parecer técnico de varias instituciones. Con relación al pedido presentado al CeIL, se espera conocer los antecedentes, las disposiciones legales y las resoluciones que abordan el tema en los países de la región.

“El mismo pedido se extendió a los ministerios del Interior y al de Justicia, instituciones de origen de Identificaciones y Registro Civil, respectivamente, para conocer el parecer de los mismos y posteriormente emitir un dictamen con respecto a la propuesta", comentó.

El diputado Giménez recordó que el proyecto de ley fue presentado por su colega colorado Hugo Meza, en el cual propone mantener un registro único de identidad de las personas naturales, con la potestad “de generar y emitir el documento que acredita la identidad legal y el pasaporte”, según expresa la exposición de motivos.

Indicó que el documento resalta la importancia de la digitalización de datos para dar celeridad a las gestiones requeridas actualmente para obtener documentaciones.

“Esta digitalización, además de necesaria, facilitará un trabajo coordinado, unificado y en línea con otras instituciones públicas que utilizan los datos suministrados por el Registro Civil, en adelante Dirección Nacional”, compartió parte de lo que expresa el documento.

Finalmente, indicó que de acuerdo a la propuesta, el Sistema Nacional estará a cargo de la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación, “que será la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identidad de las personas naturales y de generar y emitir el documento que acredita la identidad legal y el pasaporte”.

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