La discusión sobre los data center no debe limitarse al consumo eléctrico, sino al impacto económico que pueden generar.

La expansión de la inte­ligencia artificial (IA), la computación en la nube y los servicios digitales está cambiando la forma en que los países compiten por atraer inversiones. Detrás de cada aplicación de IA, plata­forma de streaming o servi­cio financiero digital existe un data center o centro de datos, enormes infraestructuras que almacenan y procesan infor­mación las 24 horas del día.

En los últimos meses, en Para­guay el rubro comenzó a tomar más protagonismo gracias a uno de sus principales activos, la disponibilidad de energía renovable. Sin embargo, espe­cialistas coinciden en que la electricidad, aunque indispen­sable, representa apenas una parte de una ecuación mucho más amplia.

En conversación con La Nación/Nación Media, Bruno Vaccotti, director de la Cámara Paraguaya de Fintech y accio­nista de Penguin Group, dijo que la discusión sobre los cen­tros de datos no debe limitarse al consumo eléctrico, sino al impacto económico que pue­den generar.

Explicó que estas instalacio­nes forman parte de las deno­minadas industrias electroin­tensivas, que utilizan grandes cantidades de energía, pero cuya principal característica es la generación de empleo altamente calificado. A dife­rencia de otras industrias manufactureras, los centros de datos no requieren miles de trabajadores, aunque sí demandan perfiles técnicos especializados, con salarios muy por encima del promedio.

Vaccotti sostuvo a LN que Paraguay atraviesa un momento particular. Mien­tras el consumo eléctrico interno crece alrededor de un 12 % anual, el país deberá rea­lizar importantes inversio­nes en infraestructura ener­gética durante los próximos años para evitar un déficit de generación. En ese contexto, consideró que atraer indus­trias electrointensivas forma parte de la solución y no del problema. Según explicó, actualmente la energía exce­dente cedida al Brasil genera ingresos considerablemente menores que la electricidad consumida por industrias ins­taladas en Paraguay.

Mientras la compensación por cesión ronda los USD 18 por megavatio, las empre­sas electrointensivas pagan entre USD 48 y USD 52 por la misma cantidad de energía. Ese mayor ingreso fortalece financieramente a la Adminis­tración Nacional de Electrici­dad (Ande) y permite financiar nuevas obras para el Sistema Interconectado Nacional. Incluso, afirmó que cerca del 60 % de los ingresos actuales de la estatal eléctrica provie­nen de industrias electroin­tensivas, principalmente la minería de bitcoin.

Otro de los puntos que des­tacó es el esquema de créditos energéticos que actualmente analiza el Gobierno junto con el sector privado. La pro­puesta busca que las empre­sas que demanden grandes bloques de energía también inviertan en nueva capacidad de generación, por ejemplo mediante plantas fotovoltai­cas, permitiendo que el creci­miento industrial contribuya al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. La magni­tud económica de estos pro­yectos también resulta sig­nificativa. Como referencia, Vaccotti recordó que Penguin construyó en Hernandarias, en 2021, un centro de datos de 100 megavatios con una inver­sión estimada entre USD 120 millones y USD 140 millones, considerado el primero de esa capacidad en América Latina. Aunque actualmente está orientado al procesamiento para minería de bitcoin, explicó que comparte buena parte de la infraestructura uti­lizada por los centros destina­dos al procesamiento de IA.

Si bien Paraguay reúne condiciones naturales difíciles de igualar, los especialistas coinciden en que atraer inversiones de gran escala exige mucho más que energía disponible. Vaccotti consideró que uno de los principales desafíos es generar confianza para inversiones que suelen proyectarse a diez o más años. Para ello, sostiene que el país necesita fortalecer la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y evitar modificaciones contractuales imprevistas que puedan afectar la previsibilidad de los proyectos.

A ello, sumó un aspecto cada vez más determinante: la ciberseguridad. El director del gremio advirtió que Paraguay todavía debe fortalecer signi­ficativamente la protección de datos y la seguridad informá­tica, especialmente, conside­rando los ataques que afecta­ron a distintas instituciones públicas.

En su opinión, la protección de la infraestructura digital debería convertirse en una política estratégica del Estado para brindar mayor confianza a los inversionistas internacio­nales. Vaccotti también puso en contexto de los argumentos más repetidos sobre los data centers, el elevado consumo de agua. Explicó que muchas instalaciones modernas ya uti­lizan tecnologías de refrigera­ción por inmersión en aceite dieléctrico, reduciendo con­siderablemente esa necesi­dad. Incluso, señaló que, según estudios realizados para el sec­tor, este tipo de infraestruc­tura ni siquiera figura entre las actividades industriales con mayor consumo hídrico del país.

Mientras el sector privado analiza oportunidades de inversión, el Gobierno impulsa su propio proyecto de infraes­tructura tecnológica. El asesor técnico del Ministerio de Tec­nologías de la Información y Comunicación (Mitic), Hora­cio Caniza Vierci, afirmó a LN que Paraguay reúne varias condiciones favorables para desarrollar esta industria. Una matriz energética limpia y estable, disponibilidad de agua para sistemas de refrigeración y experiencia técnica acumu­lada en grandes organizacio­nes como bancos y empresas de telecomunicaciones. Recono­ció que el país todavía necesita formar una mayor cantidad de profesionales especializados, aunque sostiene que esa oferta surgirá conforme aumente la demanda del mercado.

“Antes de que exista la demanda es muy difícil que exista la oferta”, resumió al explicar por qué considera que la llegada de nuevos proyectos impulsará también la capacita­ción del talento local.

Para Caniza, un data center puede entenderse como una gran computadora compar­tida. Mientras un usuario uti­liza una computadora perso­nal para sus tareas diarias, un centro de datos concentra una enorme capacidad de procesa­miento que puede ser utilizada simultáneamente por miles de personas y empresas.

Esa lógica, explicó, permite optimizar el uso de los recursos informáticos, reducir tie pos de procesamiento y ofr cer servi­cios digitales desde un mismo punto hacia distintos usuarios e incluso otros países.

Señaló que la ubicación de un data center responde a crite­rios técnicos específicos. Ade­más de requerir una conexión cercana a una fuente de ener­gía para evitar elevados cos­tos de infraestructura, estas instalaciones necesitan dispo­nibilidad de agua para los sis­temas de refrigeración y sufi­ciente espacio para futuras ampliaciones. A ello se suma que, por el ruido que generan los equipos de procesamiento y enfriamiento, normalmente se instalan fuera de los centros urbanos.

En paralelo, el Mitic avanza con la construcción del Data Center del Estado, que estará ubicado en Chaco’i. El contrato con la empresa adjudicada ya fue firmado y la obra deberá ejecutarse en un plazo apro­ximado de dos años.

El objetivo del proyecto no es ofrecer servicios al sector privado, sino centralizar la infraestructura tecnológica del Estado paraguayo.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, destacó el potencial que tiene el desarrollo de la industria del biodiésel a nivel local, considerando los problemas globales que se están dando en el mercado de los carburantes. Además, citó que será de importancia el incremento de la mezcla con el gasoil, cuestión que está proyectada para 2027.

“Así como está el problema geopolítico a nivel mundial, el biodiésel representa un ahorro de G. 100 por litro por sobre el diésel”, expresó, en el marco de una visita reciente en una industria de productora del combustible vegetal ubicada en la localidad de Villeta.

Al respecto, agregó que se trata de una política de Estado el impulso al desarrollo industria y, por consiguiente, el efecto positivo en diversos sectores. “Una muestra más de por qué es importante que el Paraguay invierta en capacidad industrial, en infraestructura, y una demostración más de lo que quiere hacer el Ministerio de Industria y Comercio, trabajar en política pública siempre, junto con el sector privado, con todos los actores, desde el que siembra el poroto de soja, hasta el que industrializa, hasta el que utiliza en los motores finales”, resaltó.

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Por otro lado, consideró importante el incremento de la mezcla del biodiésel, con el diésel, de manera a darle mayor vigor al procesamiento local. “El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, valoró el secretario de Estado.

La mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil tipo III (común) se fijó en 7 % vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose un retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027, según las disposiciones de la cartera de Industria y Comercio.

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El Corredor Bioceánico representa una oportunidad histórica para fortalecer la relación económica entre Paraguay y Chile al consolidar una alianza estratégica basada en la integración física, la complementariedad de las economías, y una visión compartida de desarrollo, destacó Carlos Medina, director ejecutivo de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Medina detalló que desde la perspectiva del sector privado los principales beneficiados serán los sectores vinculados a la agroindustria, especialmente la producción de carne, granos y oleaginosas, remarcando que el impacto alcanzará también a la logística, el transporte, la manufactura, los servicios y el turismo, generando nuevas vías de crecimiento.

Consideró que se trata del proyecto de integración física y económica más ambicioso que ha impulsado la región en las últimas décadas que permitirá ampliar mercados, diversificar destinos y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda internacional, con especial foco en los mercados asiáticos.

Asimismo, permitirá establecer polos logísticos e industriales capaces de generar mayor valor agregado y empleo de calidad. “Este corredor no solo acortará distancias entre nuestros mercados, sino que posicionará a ambos países como actores clave en el comercio entre Sudamérica y Asia-Pacífico”, expuso.

“Hoy la competitividad depende tanto de la calidad del producto como de la eficiencia logística. Reducir tiempos, costos e incertidumbre operativa hará de Paraguay un destino aún más atractivo para la inversión y fortalecerá la competitividad de sus exportaciones”, señaló.

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En cuanto a las inversiones que podrían impulsarse con la consolidación del corredor, mencionó que existe potencial para un crecimiento en áreas como infraestructura logística, transporte multimodal, almacenamiento, puertos secos, energías renovables, tecnología y servicios especializados.

“Simultáneamente surgirán alianzas estratégicas entre empresas chilenas y paraguayas para desarrollar proyectos conjuntos que impulsen la competitividad regional”, expresó y señaló que la integración dejará de ser solamente comercial para avanzar hacia un modelo más productivo e innovador.

Sobre el avance de las obras, Medina valoró el compromiso demostrado por los gobiernos, aunque consideró necesario mantener una visión de largo plazo y asegurar la continuidad de las inversiones. “Los proyectos de integración de esta envergadura requieren una visión de Estado a largo plazo y una coordinación estrecha entre el sector público y el privado”, sostuvo.

También resaltó la importancia de avanzar en la integración aduanera, la digitalización de los procesos fronterizos, la homologación de normas y la reducción de tiempos para la habilitación de productos y servicios entre ambos países.

En ese contexto, mencionó como una oportunidad estratégica la instalación de empresas en la zona franca paraguaya de Antofagasta, con el objetivo de convertirla en un nodo para dinamizar las exportaciones y generar mayor valor agregado.

“El desafío no termina con la construcción de la ruta, comienza con la creación de un ecosistema que incentive la instalación de industrias, centros logísticos y servicios que generen empleo y desarrollo sostenible”, afirmó.

Según los datos proveídos por el gremio, al cierre del año 2025 el intercambio comercial entre ambos países llegó a los USD 1600 millones, a su vez que la inversión chilena directa en Paraguay alcanzó a los USD 400 millones en ese mismo año.

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Paraguay podría captar más de USD 2.000 millones en inversiones mineras durante los próximos seis a ocho años, entre proyectos de exploración y explotación, según estimó Víctor Fernández, de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami).

Explicó a La Nación/Nación Media que este monto podría incluso duplicarse o triplicarse si el país logra establecer una ley minera ejemplar, abierta a la inversión privada y con estabilidad legislativa y garantías jurídicas.

Fernández señaló que la principal prioridad es explorar el subsuelo de todo el territorio nacional y generar las condiciones para aprovechar el flujo de inversiones.

Planteó la necesidad de impulsar un servicio geológico que inicialmente recopile y registre la información existente, que realice el mapeo geológico de todo el territorio nacional, al menos a escala 1:100.000, y que genere datos técnicos que apoyen la atracción de inversiones mineras.

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Actualmente, existen proyectos a la espera de resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que permitan iniciar las fases de prospección y exploración.

Según Fernández, las principales inversiones corresponden a capitales estadounidenses y canadienses, mientras que también existen inversiones de origen chileno, argentino y ecuatoriano, además de pequeñas empresas paraguayas.

La región Oriental concentra las oportunidades más atractivas, especialmente en Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná, donde se encuentran los proyectos más avanzados.

Destacó la oportunidad que representa la transición energética y la creciente demanda mundial de minerales críticos. En ese escenario, mencionó el potencial paraguayo en titanio, uranio y vanadio. Mientras tanto, en el Chaco se realizan exploraciones en busca de litio, cuyos resultados permitirán determinar el potencial minero de la región Occidental.

Fernández consideró prioritario contar con una nueva ley minera acorde con la realidad mundial del sector, la geología nacional y las capacidades de la autoridad de aplicación.

Para Capami, el marco debe ser realista, práctico y consensuado, además de brindar estabilidad legislativa y garantías jurídicas para atraer inversiones. También planteó la necesidad de una mesa permanente de minería que permita coordinar acciones entre los diferentes actores del sector.

En cuanto a la Política Nacional de Minería, cuestionó que el sector privado no haya participado de su elaboración y señaló que Capami desconoce el texto de la propuesta mencionada por el Viceministerio de Minas y Energía.

Sostuvo que primero debió establecerse una mesa de diálogo entre los actores y que tanto el Código Minero como la política nacional deberían surgir de ese proceso de consenso.

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