Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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El equipo técnico que trabajó en el Plan de Gobierno del candidato a intendente de Asunción por la Lista 1 del Partido Colorado, Camilo Pérez, plantea una transformación estructural de la ciudad, sustentada en una nueva estrategia financiera y un modelo de gestión con metas concretas. Felipa Mersán, coordinadora del equipo técnico, detalló las prioridades para los primeros 100 días, mientras que el asesor económico César Addario habló de una operación de USD 300 millones para cancelar deuda y financiar infraestructura.

Durante el programa “Fuego Cruzado” de canal GEN/Nación Media, los invitados explicaron que la propuesta también contempla avanzar hacia una Ley de capitalidad que genere recursos adicionales para Asunción. El plan apunta a mejorar los servicios, digitalizar la municipalidad y recuperar los espacios públicos. El objetivo, según el equipo, es convertir a Asunción en una ciudad con mayor calidad de vida y capacidad de desarrollo.

Partiendo de la premisa “sin recursos todo es ficción”, Mersán señaló que justamente basado en esa visión, Camilo Pérez le invitó a liderar el equipo técnico para comenzar a trabajar y evitar que una vez que esté en el gobierno se encuentre con inconvenientes para ejecutar los proyectos por problemas presupuestarios.

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“Camilo se destaca por ser una persona gestora, le gusta ver los resultados concretos; no tolera el no ver la ejecución de todas las cosas. Pero para la ejecución hay un paso previo, necesitamos tener una hoja de ruta bien marcada, para transformar todo aquello que quiere hacer realidad. Para eso, nosotros hace varios meses venimos trabajando en un plan que pueda tener las acciones concretas, de ahí es tener las personas correctas, adecuadas, por eso no empezamos a reclutar desde Incentiva”, precisó.

Asimismo, sostuvo que el siguiente paso ha sido establecer la metodología de gestión, que es la disciplina que marca el seguimiento de todo lo que se va a hacer para que ese plan pueda ser real y no queden en lindos planes en PowerPoint.

“Nosotros preparamos una plataforma tecnológica donde se visualice los diferentes programas con tiempo concreto, marcando el tiempo de las cosas que se harán en los primeros 100 días, de lo que se tiene que concretar en el primer año, a los 3 años y a los 5 años que tengan una fecha y que pueda tener unos indicadores de semáforo cuando vemos que las acciones están atrasadas”, explicó.

En ese sentido, aseguró que a Camilo Pérez se lo va a recordar por generar una municipalidad que funcione, una institución que realmente esté preparada para brindar todos los servicios a la ciudadanía. Al respecto, resaltó que todo el plan en tres grandes ejes:

1. Una municipalidad que funcione: finanzas, digitalización, transparencia, recursos humanos y organización.

2. Bienestar del ciudadano: basura, bacheo, seguridad, espacios públicos, desagüe, tránsito y calidad de vida.

3. Orgullo asunceno: centro histórico, turismo, cultura, emprendimientos, sostenibilidad, inclusión y recuperación de la identidad de la capital.

Mencionó que entre los ejes que contempla el plan de gobierno está la parte financiera que permitirá que el municipio funcione. Sostuvo que no se puede hacer nada si no hay un buen financiamiento y si no hay un buen flujo de caja que permita hacer las acciones. “Queremos una institución que funcione, ese es nuestro primer eje. Ahí vamos al segundo que es el bienestar del ciudadano. Nosotros lo que queremos es que el asunceno pueda sentir mayor y mejor calidad de vida” acotó.

A su turno, César Addario explicó que la propuesta contempla reemplazar el crédito que actualmente mantiene el municipio, con una tasa cercana al 18 %, por un nuevo financiamiento en mejores condiciones. “Nosotros tenemos que tener dos vías. Una vía es redimir el crédito caro que tiene la municipalidad en el 18 %”, sostuvo el especialista. Agregó que, la operación permitiría reducir el costo financiero de la deuda y aprovechar las actuales condiciones del mercado internacional.

A la par de la cancelación de los USD 120 millones de deuda existente, Addario planteó obtener otros USD 180 millones destinados a infraestructura. “La tasa sería del 6,3 % si hoy saliésemos a mercado”, afirmó, al explicar la diferencia respecto al costo actual. El economista afirmó que el objetivo es contar con el capital necesario para poner en marcha las obras de infraestructura que requiere Asunción.

Mencionó que este volumen de dinero que se plantea manejar desde la municipalidad, aún no se realizó hasta hoy en día. Indicó que sí hubo obras que encaró el gobierno nacional en Asunción, pero no el municipio.

“El progreso de Paraguay en el mercado internacional ha sido escalón, bajo escalón y hoy es el momento, ¿no? O sea, esto 15 años atrás hubiese sido imposible de pensar sin el aval del Gobierno, pero hoy por las condiciones es que se puede tener esto", aseguró.

Addario señaló que con la Ley de capitalidad permitirá un capital masivo que daría vuelta a la infraestructura de la ciudad. Indicó que, si se logra contar con USD 50 millones al año, eso permitiría titularizar al valor presente neto esa deuda por el tiempo que se llegue a tomar y dar un capital mucho más grande como para poder hacer realmente todas las grandes obras que Asunción requiere.

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