Tras la visita de verificación en la zona de obras del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se pudo conocer el monto exacto de la inversión que demandará el proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá en la central hidroeléctrica Yacyretá.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informaron que la actual administración logró una reducción del 48% en las adjudicaciones con respecto al precio referencial establecido por administraciones anteriores, quedando el monto establecido en US$ 329.000.000. Esto incluye las obras civiles y electromecánicas del proyecto que ya están en marcha.

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El plazo de ejecución de los trabajos es de 50 meses hasta su finalización. Una vez culminado el proyecto, posibilitará incrementar en un 10% la producción de energía eléctrica, considerada de vital importancia para el desarrollo del país.

El inicio de las tareas en Aña Cuá marca un hito histórico, puesto que se convierte en una importante fuente trabajo para los compatriotas.

En su recorrido realizado el sábado último, el mandatario conversó con los responsables de las obras civiles a cargo del consorcio Aña Cuá ART (Astaldi-Rovella-Tecnoedil).

En la ocasión, Abdo pudo observar el movimiento de suelo, montaje de infraestructuras y la instalación de la contratista como parte de las tareas previas a la ejecución del proyecto que se ha iniciado, además de constatar el cumplimiento del protocolo sanitario aplicado en la lucha contra el COVID-19.

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Mediante un convenio suscrito este lunes entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se resolvió ajustar a los precios referenciales de este organismo todas las compras a ser realizadas por la hidroeléctrica.

Rubricaron el documento los titulares de ambas instituciones, Nicanor Duarte Frutos y Pablo Fernando Seitz Ortiz, respectivamente, señalaron desde la EBY.

Indicaron que se busca transparentar las gestiones administrativas a través del intercambio de información técnica en el marco de los procedimientos de contratación y adquisición a través de concursos de precios, de licitaciones y otras modalidades.

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“Para la entidad binacional es un paso importante establecer líneas de trabajo con la DNCP para que las compras de la institución tengan como marco referencial los precios que ustedes manejan y tienen estructurados en sus páginas digitales”, manifestó Nicanor Duarte, titular paraguayo de la EBY.

Dijo que conforme al acuerdo se adiestrará al personal con especialistas en contrataciones públicas. “Por más de que somos una entidad binacional que se rige por otro estatuto; sin embargo, creemos que este convenio va a ser un paso importante para utilizar mejor los recursos financieros de la institución en un momento muy difícil por el que atraviesa nuestro país”, sostuvo.

A su vez, Pablo Seitz mencionó que más de 28.000 proveedores están registrados, lo que enriquecerá la actividad compradora de la binacional.

“La capacitación, que hoy en día apunta ya a la profesionalización del funcionario encargado de las áreas de compras públicas, será también un elemento de apoyo por parte de la DNCP”, añadió.

Por último, se aclaró que el acuerdo no implica transferencia de recursos económicos para ambas instituciones.

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El alto funcionario de Yacyretá, salpicado en la cocinada de las fallidas compras de Salud al Clan Ferreira, es parte de la Conajzar, ente que administra licitaciones millonarias con una recaudación anual alrededor de US$ 20 millones.

El secretario ejecutivo del Comité de la EBY, Raúl Silva, cuenta con la potestad de decisión sobre las licitaciones, cuyos llama­dos realiza la Comisión Nacio­nal de Juegos de Azar (Conaj­zar), teniendo en cuenta que es miembro de la citada comisión en representación del Minis­terio del Interior.

Es sabido que Silva forma parte del primer anillo del presidente la República y al parecer muy meritorio por la cantidad de “roles” que se adjudicó al insta­larse el actual Gobierno.

Su primer espacio comienza con su incorporación en Yacyretá con una retribución mensual de G. 52 millones. Sin embargo, supo expandir sus influencias hasta el punto de ser el promotor de las falli­das compras de Salud a firmas del clan Ferreira.

No es funcionario de Salud, pero se encargó de presentar a los proveedores de insu­mos para el combate al covid- 19, actuó hasta de gestor del avión carguero.

Tampoco es parte del Minis­terio del Interior, pero fue designado representante de esta cartera en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) vía Decreto N° 681 del 20 de noviembre del 2018. Una situación muy particular, recuerda un ex presidente del ente, ya que habitualmente suele ser un funcionario de la institución el designado como miembro del consejo.

Javier Balbuena recordó que en la época en que presidió la Cona­jzar el designado por el Minis­terio del Interior era el entonces viceministro de Asuntos Políti­cos, Jorge Capello.

La Conajzar está conformada por integrantes de cinco enti­dades, los cuales son del Minis­terio de Hacienda, y el presidente de la comisión es José Antonio Ortiz; de parte del Ministerio del Interior, Raúl Mariano Silva; el represen­tante de las municipalidades es Ricardo Núñez Giménez; el representante de las goberna­ciones es Rubén Antonio Rous­sillón, y de parte de la Diben es la Sra. Carmen Corina Alonso.

Todos los miembros están vinculados a las institucio­nes que representan, menos el multifacético Silva. Ortiz es un director de Hacienda, Roussillón es gobernador, Alonso es directora de Diben, Núñez es representante de la Opaci pero con permiso, mien­tras que Silva representa a Interior pero es de Yacyretá.

La Conajzar tiene registrada más de una veintena de empre­sas concesionarias en todo el territorio paraguayo. Según se observa en el portal del Ministerio de Hacienda, ins­titución madre de la comi­sión de juegos de azar, el pro­medio de canon que percibió el Estado de manera men­sual fue de US$ 1,8 millones durante el 2019 y poco más de US$ 20 millones al año.

Según explicó el ex presidente de la comisión, por mandato de la Ley 1016/1997 la Conaj­zar tiene a su cargo la elabora­ción y aprobación de los plie­gos de bases y condiciones, para los juegos de carácter nacional, el llamado a licita­ción pública para la conce­sión de los juegos, la adjudi­cación de los juegos licitados. Las atribuciones dentro de la comisión confirman los superpoderes otorgados al alto funcionario de Yacyretá y lobbista en la adjudicación al clan Ferreira.

El ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, defendió la designación de Raúl Silva como represen­tante ante la Conajzar.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la Repú­blica justificó la función de Silva dentro de la Conajzar y explicó que lo

único que está prohibido es que el funciona­rio tenga doble remuneración.

Cabe recordar que la elec­ción de Silva para represen­tar al ente fue precisamente cuando Villamayor era ministro del Interior.

“No hay nada raro en este tema, Silva es un funcionario público y como tal fue desig­nado, vía decreto, a cum­plir esa función. Cualquier funcionario público de otra repartición puede represen­tar al Ministerio del Inte­rior”, dijo el alto funcionario del Gobierno.