Para aprovechar los fondos del fideicomiso –que justamente se está determinando– se precisa de la ley, de modo a que las cooperativas puedan endeudarse para otorgar créditos a las mipymes y microempresarios sin tener que realizar una asamblea, según la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer.

Lo dijo ayer durante un conversatorio interinstitucional, que se llevó a cabo en Pedro Juan Caballero, Amambay, con la presencia de ministros del Poder Ejecutivo, viceministro de Comercio, autoridades de la zona y representantes de gremios empresariales, con quienes dialogaron acerca de la reactivación económica y social en la frontera.

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“El fideicomiso es una opción de créditos que estará determinándose, porque necesita una ley para que las cooperativas puedan recibir deudas o endeudarse sin una asamblea”, expresó.

Se refirió en especial a las cooperativas del Amambay, que una vez superado el proceso mencionado, también podrán ser aliadas para dicha financiación que tanto requieren las actividades comerciales. “Son gente que conocen muy bien el territorio, y al sistema financiero de las cooperativas lo que más le importa es conocer a sus clientes”, agregó.

El tema se enmarcó en la línea de las medidas que ya dispone el Gobierno como mecanismo de contención a la crisis generada por el COVID-19, ante las propuestas que realizaron los sectores económicos de la zona, y Cramer remarcó que algunas de las ideas ya están contenidas en el plan de reactivación.

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En ese sentido, también habló de lo que representa el Fondo de Garantía para las Pymes (Fogapy), que incluye una garantía hasta del 90% por parte del Estado paraguayo, la cual es fundamental para el sector del comercio y más aún para una zona fronteriza como lo es Pedro Juan Caballero.

“Con esta nueva propuesta buscamos que haya más garantía, para que el sistema financiero se anime a desembolsar los fondos que tiene, con una garantía del Estado paraguayo”, añadió.

Hay que mencionar que a mediados del mes de mayo los comerciantes de Pedro Juan Caballero comenzaron a cerrar negocios a causa del bloqueo de la frontera, ya que el movimiento comercial interno no genera los recursos que necesitan para pagar los salarios de los trabajadores y los alquileres.

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