Los productores y el Gobierno se encuentran en pleno debate acerca del momento en el que se debe dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y dar el salto al máximo estatus sanitario: el de país libre de aftosa sin vacunación.

En general, tanto el sector productivo como el industrial y el Gobierno están de acuerdo en avanzar en el estatus, pero discrepan en términos de plazos.

El sector público considera que las condiciones están dadas para dar un paso adelante y dejar atrás casi 60 años de inmunización, de los cuales en los últimos 12 años se realizó de forma sistemática, según explicó a La Nación/Nación Media el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin.

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El principal argumento en favor del cese de la vacunación es que países de la región como Bolivia y Brasil ya se encuentran con el máximo estatus sanitario y no tienen circulación del virus de la aftosa, mientras que en Paraguay también la circulación es nula, lo que propicia, según el titular de Senacsa, el escenario correcto para dar el salto.

La entidad maneja un cronograma que apunta a que el 2026 sea el último año de vacunación antiaftosa, para luego proceder a un monitoreo de 24 meses en los que, de no ocurrir escenarios adversos, se podrá presentar en 2027 los resultados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que validaría el máximo estatus para Paraguay en 2028.

Martin considera que tal estatus es coherente con el trabajo realizado tanto por el Senacsa como el sector privado, que desde el último brote en 2011 trabajó de forma más profesional y científica, con resultados a la vista.

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“Venimos trabajando con el sector privado de manera muy seria y con base técnica, en base a ciencia, hace alrededor de 12 años. Entendiendo que en estos 12 años se ha mejorado muchísimo y los planes de vacunación son procesos finitos”, explicó a LN.

Igualmente, recordó que en todo el continente, tanto América del Norte como América del Sur, el 85 % del ganado se encuentra inmunizado y en Paraguay, alrededor del 95 % se encuentra vacunado, por lo que insistió que en el país, la circulación viral es nula.

Desde la academia, la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Viviana María Ríos Morínigo, explicó que tienen una postura técnica a favor, pero consideró importante un consenso con el sector productivo y con un plan bien diseñado con principios técnicos y científicos.

“Hay evidencia de que no hay una circulación activa y yo creo que hay posibilidad ahora de invertir los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, ya sea en vigilancia pasiva y activa, o desde el punto de vista del control de los hatos para hacer una detección temprana y demás”, dijo a LN.

Mencionó que la vacuna no incide en absoluto en la calidad de la carne, ya que su función es meramente de inmunizar a los animales contra el virus de la fiebre aftosa.

Igualmente, señaló que al dejar de concentrar esfuerzos en la aftosa, los recursos podrían centrarse más en otras enfermedades como la brucelosis, que es una zoonosis, es decir, es transmisible a los humanos.

“La aftosa no es una zoonosis. La aftosa tiene una repercusión en el precio del ganado y en los mercados, pero no se transmite al hombre. O sea, el hombre no sufre de aftosa. A diferencia de la brucelosis, que tiene repercusiones importantes en la salud humana, es transmitida por la leche, por ejemplo, o por el contacto con carne no bien cocinada”, explicó.

Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, señaló que están de acuerdo con la postura de Senacsa, pero coincidió en que la decisión no podría ser tomada sin un consenso con todos los actores.

Recordó que en 2011, durante el último brote de aftosa en el país, se comprometió el estatus internacional y se afectaron las exportaciones, por tanto, consideran vital agotar las instancias de diálogo para garantizar procesos bien definidos y una evaluación costo-beneficio para el país.

Consultado sobre los beneficios comerciales del estatus de país libre de aftosa sin vacunación, Burt consideró que es relativo, ya que existen mercados en los que no es un requisito el máximo estatus.

“Categóricamente es una elevación de estatus y un reconocimiento sanitario internacional. Ahora, hay muchos otros factores que entran a jugar a la parte comercial, que hace que eso no sea una respuesta demasiado obvia. tenemos países en donde si hay una ventaja comercial y tenemos países donde no”, dijo a La Nación.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), que nuclea a los principales productores del país, tampoco se opone al plan, pero pide más tiempo para afianzar el proceso y convencer a la base productiva.

“Nuestra propuesta es mantener la vacunación hasta el 2030”, explicó a LN Mario Apodaca, vicepresidente de la ARP y presidente de Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Apodaca afirmó que el estatus sanitario actual es óptimo, con animales sanos, con alta inmunidad y nula circulación viral. No obstante, mencionó que los ganaderos necesitan mayor confianza para dejar la inmunización, que resultó esencial para la producción durante décadas.

 “La vacunación le da seguridad al productor, y esa seguridad no se reemplaza fácilmente. Hay que fortalecer aún más la vigilancia, el banco de vacunas, las contingencias e indemnizaciones”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que están de acuerdo con alcanzar el máximo estatus sanitario, pero piden vacunar unos años más, evaluar el entorno internacional, principalmente de los países vecinos y luego avanzar. “Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo, pero discrepamos en el plazo. Queremos llegar al 2030 con todos los deberes hechos, sin apuros”, añadió.

Hoy Paraguay exporta carne bovina a más de 50 países, incluyendo destinos exigentes como Israel, Taiwán, Chile y Estados Unidos, y la visión del Estado es consolidar la competitividad de la producción nacional con el máximo estatus sanitario.

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Ubicado en el corazón de Caazapá, el distrito de San Juan Nepomuceno se presenta como un lugar estratégico para la economía local en el sur del país. Cuenta con una población estimada entre 38.000 y 40.000 habitantes y se posiciona entre los más grandes del departamento, tanto por su dimensión demográfica como por su peso en la producción local.

El intendente Derlis Molinas, en conversación con La Nación/Nación Media, destacó que la economía de San Juan está sostenida sobre tres grandes pilares: la agricultura, la ganadería y el sector forestal que se encuentra en plena expansión. “Varias zonas de la ciudad están creciendo muy fuerte con proyectos de reforestación”, explicó el jefe comunal, pero resaltó que la producción primaria sigue siendo la base del empleo y la generación de ingresos en la ciudad.

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Pese a que algunos indicadores sociales catalogan a San Juan como un distrito con altos niveles de pobreza, el intendente afirmó que la realidad económica supera a las estadísticas. “Tenemos un movimiento económico muy grande comparado con otros distritos. Hay bancos, cooperativas, estaciones de servicios y una fábrica de terciado que emplea a muchos sanjuaninos”, detalló Molinas.

Cuentan con varios bancos, al menos cuatro cooperativas activas y una red de cinco estaciones de servicios que son parte de un ecosistema financiero dinámico. A eso se suma el crecimiento del rubro de la construcción, que ganó fuerza en los últimos años.

La ubicación estratégica del distrito, a 200 km de Encarnación y a 250 km de Asunción, sobre la ruta PY18, que conecta con Villarrica y enlaza con la ruta PY06, lo convierte en un punto logístico clave para el movimiento de bienes y servicios. “Estamos en el corazón del departamento. Nuestra posición nos favorece muchísimo para el comercio y la conectividad”, resaltó el intendente.

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Además de los componentes económicos, San Juan Nepomuceno ofrece también atractivos turísticos naturales. El arroyo Capiibary es uno de los lugares más visitados durante el verano. Aunque no cuenta con cerros como Tavaí, la ciudad mantiene un entorno tranquilo y paisajes rurales que invitan a la desconexión.

Otro atractivo, ubicado en el centro de la ciudad, es el histórico manantial Ykua Kurusu, punto que sirvió como referencia para la fundación del distrito, y que forma parte del Paseo de los nepomucenos.

La etnia de los Mbya se encuentra en zonas cercanas a San Juan Nepomuceno y regularmente llegan a ella para ofrecer sus productos, se los puede encontrar en Tarumá, Tavaí, 3 de Mayo y alrededores. La comunidad indígena de Takuaro es la única comunidad nativa nepomucena.

Fue fundado hace más de 240 años y lleva el nombre del santo patrono San Juan Nepomuceno, cuya imagen forma parte del imaginario colectivo del lugar. Su historia está anclada en el período colonial, lo que le otorga una identidad cultural particular dentro del mapa caazapeño.

Festejan el día de su santo patrono, el 16 de mayo (que comienzan desde el 14, día patrio, y 15, Día de la madre), y lo hacen con ceremonias litúrgicas, procesión típicamente paraguaya y pintorescos juegos ecuestres, como la corrida de sortija, las carreras, parque de diversiones, corrida de toros, etc.

En 2014 se inauguró la Casa de la Cultura Municipal, que cuenta con una escuela de Orquesta de Cámara en donde se está enseñando a niños y adolescentes. También cuenta con una banda de instrumentos de viento. La ciudad posee un coqueto anfiteatro para eventos musicales y teatrales. La inversión de esta obra fue de G. 500 millones.

El Instituto Forestal Nacional (Infona), en colaboración con el proyecto Paraguay + Verde, lleva a cabo una iniciativa que busca promover la sostenibilidad forestal y fortalecer los ingresos de pequeños productores en Caazapá. El proyecto beneficia a 48 productores de San Juan Nepomuceno.

A pesar de los desafíos demográficos y sociales, San Juan Nepomuceno sigue creciendo. “No estamos estancados. La ciudad se mueve todos los días”, aseguró el intendente. Sostuvo que avanza paso a paso como uno de los centros de mayor dinamismo económico del interior del país.

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El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Jalil Rachid, destacó que desde que asumió la administración de esta institución marcaron como objetivo que todos los agentes volvieran a salir a las calles, ya que era una práctica que se había dejado de lado en gestiones anteriores.

El ministro destacó que esta decisión dejó resultados altamente positivos desde el comienzo de su planificación, la reactivación de estas actividades.

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“La vuelta a las calles de nuestros agentes ha permitido recabar información, la ciudadanía ha confiado en los agentes especiales que han presentado denuncias, sin dar nombres ni apellidos, resguardando la identidad de la fuente, para saber los lugares donde eventualmente se estarían traficando o dedicando al microtráfico o narcomenudeo”, comentó.

Remarcó que mediante estas actividades se tuvieron resultados muy importantes que derivaron al 100 % de efectividad en lo que respecta a la presencia y despliegue de los agentes especiales de la Senad en las calles, pero también en la zona fronteriza del país.

“Hemos sacado resultados muy buenos, mediante estas patrullas y controles que se han realizado, siempre en el marco del respeto de las normativas vigentes, el derecho constitucional de la libre circulación, pero atentos nuestros agentes especiales, acompañados igualmente a fuerzas especiales en puntos estratégicos del país”, acotó.

Rachid enfatizó que esta práctica de control se reactivó durante su administración y está dando resultados muy positivos, por lo que continuará siendo la línea de trabajo, por instrucción del Ejecutivo.

Solo por citar algunas cifras, la Senad infligió pérdidas por más de 379 millones de dólares a las estructuras criminales. Como evidencia de ello, solo en las últimas semanas se logramos importantes avances en la lucha contra el crimen.

Por un lado, la operación Traición asestó un duro golpe al crimen organizado con la incautación de más de 13.500 kilos de marihuana en Canindeyú y la operación Esquilo atacó el microtráfico, incautando 1.272 dosis de cocaína.

Mientras que la operación “Nueva Alianza 51”, que concluyó recientemente con más de 1 millón de kilos de marihuana que quedaron fuera del mercado en 12 días de operaciones conjuntas, causando un lucro cesante de USD 30 millones en Paraguay, considerando el precio promedio local de la droga y aproximadamente USD 150 millones en el mercado brasileño, según el precio final de comercialización, según datos del ente.

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Por Rodolfo Sosa

La nueva ley de Sistema Nacional de Pagos, promulgada por la Presidencia de la República, busca revolucionar el mercado de pagos digitales en Paraguay, principalmente en favor del usuario. Esta normativa aparece en un contexto en el que el pago en efectivo dio paso al pago digital y se hace patente con el incremento de las transferencias, pagos desde los smartphones y la aparición de cada vez más sistemas financieros digitales (fintechs).

De hecho, desde la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace) señalan que 6 de cada 10 paraguayos ya realiza pagos con su celular y más de 100.000 comercios ya aceptan métodos de pago electrónico, siguiendo la tendencia de los negocios cada vez más digitales.

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de mayo, el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) registró más de 114 millones de operaciones, moviendo un volumen de dinero de G. 47 billones.

En este marco, desde la Subgerencia General de Operaciones Financieras del BCP respondieron a La Nación/Nación Media que la nueva ley de pagos busca constituirse como una pieza estratégica clave para modernizar el ecosistema financiero nacional, consolidando un sistema de pagos digital, interoperable, seguro, competitivo e inclusivo.

“Esta visión estratégica se orienta a acompañar la transformación tecnológica del sistema financiero, garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes y facilitar el acceso universal a servicios de pago eficientes”, explicaron.

Para la banca matriz, son cinco los pilares de la ley: la digitalización, la inclusión, la interoperabilidad, la competitividad y la seguridad. En ese sentido, el resultado que espera la institución es el reconocimiento y regulación de nuevos actores como fintechs y proveedores de pagos.

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La presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, explicó a La Nación que el sector estuvo de acuerdo desde el principio con la iniciativa de la banca matriz, salvo con el artículo 4 inciso e de la ley ya promulgada.

El punto en cuestión refiere que cuando una persona física o jurídica o dos personas distintas, pero vinculadas o controladas participen simultáneamente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional, organizacional, contable y en procesos de toma de decisiones.

Además, el inciso e señala que la banca matriz podrá requerir a entidades involucradas la presentación de un plan de separación estructural, quedando facultado para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo con base en criterios de eficiencia, transparencia y resguardo del interés público.

“La competitividad se da por una cuestión de economía de escala en toda realidad económica empresarial, de ahí es que habíamos pedido el tiempo para entender el artículo 4 inciso e, porque creemos que esa competitividad podría estar amenazada”, dijo Cramer.

En la misma línea, el vicepresidente de la Capace, Pablo Díaz Guerin, explicó a La Nación que están de acuerdo con la ley, pero consideran que el papel de operador, supervisor y regulador que tendrá el BCP deberá ser flexible para permitir que se mantenga la innovación que permita al sector continuar con el crecimiento que experimenta.

“La innovación no suele prosperar en entornos hiperregulados. Y para ello se necesita un marco flexible que permita a la gente crecer y ser tratada como bancos tradicionales. El desafío está justamente en que la centralización no se traduzca en un freno a la agilidad, sino en un orden y colaboración”, mencionó.

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Por su parte, ante este punto, desde el BCP manifestaron que la ampliación de sus facultades no busca imponer cargas regulatorias innecesarias sino dotar al sistema de pagos de un marco normativo que garantice seguridad, equidad y eficiencia sin frenar la innovación.

Igualmente, aseguraron que esta nueva autoridad será ejercida con un enfoque moderno, técnico y proporcional, centrado en el riesgo y alineado con las mejores prácticas internacionales.

“El fortalecimiento de las atribuciones del BCP contribuirá a construir un ecosistema de pagos más robusto, inclusivo y preparado para los desafíos de la economía digital, donde la regulación acompañe el progreso tecnológico sin inhibirlo”, señalaron desde la banca matriz.

Tanto la Asoban como la Capace manifestaron que tienen altas expectativas para la reglamentación y confían en que el proceso con el BCP se realizará de forma técnica e inclusiva con los sectores involucrados.

“Ahora se viene la etapa de reglamentación, y estaremos atentos al modelo de trabajo que proponga la banca matriz. Es una fase que exigirá un alto nivel técnico, para la cual contamos con excelentes profesionales. Confiamos en que el proceso se lleve adelante con el rigor técnico necesario y con una mirada que contemple la valiosa experiencia internacional sobre el funcionamiento de los medios de pago en el mundo también desde la mirada de las instituciones financieras privadas”, sostuvo Cramer.

Por su parte, Díaz Guerin manifestó que la reglamentación deberá girar en tres ejes fundamentales: una proporcionalidad regulatoria, ya que no todas las fintechs son iguales, la participación gremial y multisectorial y la transparencia en los criterios de acceso e interoperabilidad.

Desde el BCP garantizaron que habrá diálogo fluido en el proceso de la reglamentación, prometiendo apertura, transparencia y orientado al consenso.

“El BCP seguirá concentrado en mantener un enfoque participativo, transparente y orientado al consenso en el proceso de elaboración de reglamentaciones de leyes siempre en el marco de las normas y principios establecidos en la ley”, aseguraron a LN.

En general, los actores del sector están de acuerdo con el espíritu de la ley, aunque con discrepancias en cuanto al rol regulador del BCP. Todos consideran que el sector necesita una normativa que permita al segmento continuar por la senda del crecimiento con mayores estándares de calidad y seguridad.

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