La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitió la Resolución General Nº 54/2020, por la cual amplía las medidas administrativas transitorias con la que pretende mitigar los efectos económicos de la pandemia por el COVID-19.
Entre las medidas adoptadas se dispone la validez como sustento del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de costos y gastos en los impuestos a las rentas, de las transacciones respaldadas con facturas remitidas o puestas a disposición por parte del contribuyente a sus clientes a través de cualquier medio electrónico. Esto comprende las transacciones realizadas desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto del 2020.
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Asimismo, los ejemplares originales de las facturas remitidas mediante los medios electrónicos deberán ser puestos a disposición del cliente para la incorporación dentro de su archivo tributario antes del 31 de diciembre del 2020.
Desde la SET informaron que se podrá requerir a los contribuyentes informes respecto a las facturas emitidas o cualquier otra información relativa a las mismas que se encuentre almacenada en los medios tecnológicos de los que dispongan.
Por último, dentro de las medidas transitorias adoptadas, la SET establece que hasta el 31 de diciembre del 2020, la presentación del informe de auditoría externa impositiva recién será obligatoria a partir de la cuarta declaración jurada rectificativa, correspondiente a una misma obligación y período o ejercicio fiscal.
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Llegaron 400.000 dosis de vacunas y refuerzan campaña en los hospitales
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.
“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.
Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.
La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.
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El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.
“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.
Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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